Documento técnico con decenas de medidas económicas, sociales, laborales, impositivas, educativas, de salud, del comercio exterior, de viviendas y financieras.
El Plan de gobierno de 100 días del PJ
Más
de 700 especialistas elaboraron un programa integral que abarcan 18
áreas estratégicas de gobierno, con medidas de corto, mediano y largo
plazo. En esa tarea estuvieron trabajando también miembros de los
equipos técnicos de Alberto Fernández.
Revisar en forma integral la operatoria de créditos hipotecarios ajustados por UVA. Pesificar las tarifas
de servicios, transporte, combustibles y energía. Además congelarlas
hasta una revisión integral para evaluar costos y planes de inversión de
las empresas prestadoras del servicio. Eliminar las retenciones a las producciones regionales que estén en situación crítica y establecer retenciones segmentadas por tipo de producción. Restituir las moratorias previsionales que permitieron acceder al haber mínimo a quienes no contaban con aportes suficientes.
Poner en marcha paritarias libres con aumentos por encima de la inflación para recomponer lo más rápido posible el poder adquisitivo de los trabajadores. Aplicar un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero. Y otro impuesto extraordinario y con alícuota progresiva del 2 al 15 por ciento sobre las personas que adhirieron al último blanqueo. Incrementar haberes (jubilaciones, pensiones y AUH)
para recuperarlos hasta el nivel de la inflación del período 2016-2018.
Y entregar un bono por única vez que compense la diferencia entre la
inflación registrada y el incremento de los haberes en ese período.
Reactivar las líneas de crédito productivas del Banco Central.
Implementar un Programa Nacional de Infraestructura Social de
generación masiva de pequeñas obras públicas comunitarias, destinando el
25 por ciento de los fondos de obras públicas nacionales a
cooperativas. Reactivar las obras de infraestructura para hábitat y
viviendas paralizadas en todo el país. Convocar a la paritaria nacional docente
con la meta de alcanzar un piso salarial común por encima de la línea
de la pobreza en todo el territorio nacional, compensando las asimetrías
regionales.
Todas esas medidas y decenas más para aplicar en los primeros 100 días de gobierno están incluidas en el documento que el PJ le entregó al candidato a presidente Alberto Fernández,
el martes pasado, en el acto por el natalicio del General Perón
realizado en la sede del Partido Justicialista. Son propuestas
desplegadas en 118 páginas. Abarcan 18 áreas clave de la administración
nacional. A partir de un diagnóstico preciso acerca de la herencia
pesadísima que deja el gobierno de Macri, se plantean medidas
de corto, mediano y largo plazo.
En síntesis, se trata de recuperar las funciones básicas del Estado desarticuladas por la gestión Cambiemos, con el objetivo de dinamizar el mercado interno, construir una base exportadora, fortalecer y ampliar la cobertura de los sectores vulnerados y recuperar las condiciones básicas para el desarrollo nacional.
Ginés
González García fue el coordinador de esas 18 comisiones donde
participaron más de 700 especialistas. De la lectura atenta de ese
documento se puede extraer el plan que el PJ plantea para los primeros
100 días del gobierno Fernández-Fernández. Ginés le entregó en mano el
documento a Alberto Fernández, aclarando que no es oficial del PJ porque
no recorrió los espacios formales del partido, pero señalando que el
objetivo es que sea un insumo de campaña. A su turno, luego de
recibirlo, en su discurso, Fernández señaló que "lo que hicieron los equipos técnicos fue reunirse muchas veces, trabajaron muchos, y lo sé porque muchos trabajan cerca mío y sé de todas las reuniones que Ginés promovió para hacer este trabajo".
Ingresos
Además de que salario real de los trabajadores
recupere el terreno perdido en cuatro años de economía macrista, entre
las propuestas de políticas para el corto plazo presentadas por el PJ se
encuentra también la recomposición "lo más pronto posible" del poder
adquisitivo de las jubilaciones y pensiones mínimas, de las pensiones
por discapacidad y de la AUH. Para fortalecer el ingreso real de los
hogares, sugieren ejecutar medidas fiscales para contrarrestar la fuerte
caída de la demanda privada: algunas de ellas es la de deducir de
Ganancias para los asalariados y jubilados que tributen en la cuarta
categoría y perciban hasta 70.000 pesos por mes en mano -incluyendo
un tope por ingreso familiar total- hasta el 50 por ciento de su pago
del impuesto en la compra de ropa, calzado, muebles, línea blanca,
materiales para refaccionar el hogar. Aclaran que los bienes que
estarían incluidos tienen que ser industria nacional, y que la propuesta
sea por uno o dos años.
Otras medidas:
* Refinanciar deudas de beneficiarios de la ANSES y devolución de IVA para esos mismos beneficiarios.
* Implementar la emergencia alimentaria y de salud como componentes claves para dinamizar el consumo por su efecto sobre el poder de compra.
* Reactivar la inversión pública como
fuente de generación de actividad económica, favoreciendo el impulso a
las compras de bienes nacionales en los planes de expansión.
* Implementar un proceso virtuoso y sustentable de sustitución de importaciones,
vinculando a las pymes con "nuestro sistema científico y tecnológico y
proveyendo facilidades de capacitación y financiamiento para la
inversión en condiciones adecuadas".
* Revertir el desmantelamiento de las medidas de administración de comercio que desde su asunción al poder determinó la gestión Cambiemos.
Canasta de bienes
Para
la reactivación de las diferentes cadenas que componen el entramado
productivo, la recuperación de la demanda interna y el avance en la
administración de precios, entre otras medidas, se propone restablecer la devolución del IVA para compras con tarjeta de débito,
con una devolución de 10 puntos para productos de la canasta básica y
de 5 puntos para el resto, excluyendo a bebidas alcohólicas, bienes con
precios unitarios superiores a 1000 pesos y con tope de compras totales
diarias de 5000 pesos por tarjeta.
Otra iniciativa es relanzar "Precios Cuidados", incluyendo a pequeños comercios, además de precisar una canasta de 500 productos básicos con
seguimiento o acuerdo de precios, inicialmente comercializados por las
grandes cadenas comerciales y de proximidad. En esa línea, se sugiere el
impulso de los mercados regionales concentradores para acercar al consumidor el producto, tanto para frescos como para no perecederos.
Otro programa que se rescata es el "Ahora12",
pero con tasas "estrictamente de 0 por ciento y con mayor control para
que las promociones puedan orientarse exclusivamente a productos de
fabricación nacional".
Impuestos
En materia de
ingresos públicos, el documento técnico del PJ señala que después de
cuatro años del gobierno de Cambiemos, y en la actual coyuntura
económica recesiva, todos los sectores "tienen motivos para cuestionar
la imposición sobre sus actividades". Ante ese diagnóstico, resalta que "la mejor política a favor de los ingresos públicos y el equilibrio fiscal es el crecimiento económico". Para asegurar que "no vamos a aumentar impuestos
y sí vamos a redistribuir la carga tributaria, alivianando el peso que
hoy tiene el sistema tributario sobre los sectores populares y la franja
media, en especial pymes, asalariados y autónomos, sin deteriorar las
finanzas públicas".
Plantea que el objetivo al finalizar el gobierno sería situar
la presión tributaria total en 32 por ciento del PIB, con 25 puntos en
cabeza del Estado nacional y los 7 puntos restantes entre provincias y
municipios. Tras esa meta propone elevar la presencia de los
tributos provenientes de rentas y patrimonios a no menos del 30 por
ciento del total. Al respecto, recomienda un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero,
en base al Informe sobre Bancos que publica el BCRA. Indica que el
tributo debe cubrir solamente la diferencia entre la rentabilidad
promedio, registrada en el período 2015-2017, y la rentabilidad
extraordinaria registrada en 2018 y 2019. La rentabilidad de 2015-2017
será ajustada para ser comparable con el período 2018, según el IPC-Caba
(2015-2016) y el IPC del Indec (2017).
Como se mencionó al comienzo, también se impulsa un impuesto extraordinario sobre los capitales blanqueados en 2016.
Créditos
La descripción de la relación inversión y crédito
en la economía argentina se encuentra detallada en el documento.
Menciona que luego de cuatro años del gobierno de Macri, al
igual que en los años '90, la política económica se ajustó estrictamente
a la creencia neoliberal de que el financiamiento de la inversión
depende esencialmente de los recursos externos. Apunta que, como lo
demuestra nuevamente la experiencia argentina, una política
indiscriminada de atracción de inversión y financiamiento extranjero, en
vez de impulsar el desarrollo, desintegra el espacio interno, fractura
las cadenas de valor y expulsa al capital argentino, reduciendo la tasa
de inversión y aumentando la vulnerabilidad externa. Para indicar que es
preciso reconocer que el financiamiento de la inversión descansa, en
primer lugar, en el ahorro interno y, complementariamente, en recursos
externos.
Por ese motivo, plantea la reactivación de las líneas de crédito productivas del Banco Central,
equivalentes al 25 por ciento de los depósitos totales del sistema, con
cupo mínimo del 70 por ciento de ese total para las pymes. Los bancos
deberán prestar obligatoriamente a las pymes a una tasa subsidiada de 10
puntos por debajo de la inflación esperada, según los resultados de la
encuesta de expectativas que realiza mensualmente el Banco Central.
Otras iniciativas son la licitación de subsidio de tasas en el sistema financiero y las líneas de financiamiento blando
priorizando criterios estratégicos que complementen la Ley de Promoción
Productiva. El relanzamiento de las líneas de crédito Fondear y Fontar,
y la entrega de aportes no reembolsables para inversiones que impliquen
un desarrollo tecnológico innovativo, de acuerdo a parámetros
estipulados por el área de Educación, Ciencia y Tecnología.
Ante la crisis financiera y debilidad del capital de trabajo de las empresas, se aconseja la interrupción de remates y bloqueos de cuentas bancarias por incumplimientos tributarios, por un período de 180 días. Este es un tema que hoy está afectando a decenas de pymes.
Otras medidas:
* Relanzar la doble indemnización por despido sin causa.
* Extensión y facilitación al acceso a los montos del Programa de Recuperación Productiva (Repro).
*
Fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia para estudiar de
oficio y por denuncias anónimas el accionar abusivo de ciertas empresas
en contra de sus competidores y de los consumidores finales.
* Reactivar
la inversión pública como fuente de generación de actividad económica,
favoreciendo el impulso a las compras de bienes nacionales en los planes
de expansión con carácter de emergencia.
* Reestablecer
el “Compre Nacional” que permita competir en mejores condiciones a las
pymes y a las cooperativas en las licitaciones de los estados nacional,
provinciales y municipales.
* Extender la reducción de las
tarifas de los servicios públicos a micro, pequeñas y medianas empresas
que conserven los puestos de trabajo y que generen nuevos trabajos
Producción agropecuaria
En línea con el plan contra el hambre presentado por Alberto Fernández, el documento del PJ afirma que "en un país como la Argentina no puede haber compatriotas que pasen hambre".
Plantea que la prioridad de cualquier política agroalimentaria es que
"los argentinos volvamos a alimentarnos adecuadamente", afirmando que "en los hogares argentinos no puede faltar carne, pan, leche, verduras, frutas". Define que los precios de los alimentos no deben estar atados al vaivén del dólar
y que la política sectorial estará orientada a aumentar la producción
agropecuaria y su industrialización.
Para concluir que "debemos terminar
con el planteo de “exportar todo lo que se pueda y dejar los saldos
para la mesa de los argentinos. Debemos terminar con la falsa antinomia entre el consumidor interno y la exportación:
la salida al dilema es producir más para todos, para el consumidor
interno a precios accesibles y para la exportación también".
El
plan de 100 días de gobierno propone recuperar el status del Ministerio
de Agroindustria, la capacidad de extensión del INTA y reintegrar el
rango de Secretaría a Agricultura Familiar. Respecto a las retenciones,
se eliminarán a las producciones regionales que estén en situación
crítica y se establecerán segmentadas (en porcentaje; no con un monto
fijo como ahora) por tipo de producción. Explica que el sistema actual
castiga a los pequeños productores y no discrimina a quienes agregan
valor, además de estar atado a las necesidades que fija el FMI para el
pago de la deuda.
Define que las retenciones tendrán como
finalidad fomentar el agregado de valor, la generación de trabajo
nacional y la seguridad alimentaria. "Se segmentarán y serán menores
para quien incorpore trabajo y valor agregado", indica, para mencionar
que se recuperará el Fondo Federal Solidario con el aporte de los
derechos de exportación, con el objetivo de financiar en las provincias
y municipios proyectos vinculados a la producción, la distribución y el
abastecimiento de alimentos, como la mejora de la infraestructura
productiva y las cadenas de valor locales.
Asegura que se retomará el manejo y la regulación soberana de las divisas del sector granos y oleaginosas. "Las divisas del comercio exterior de granos son un recurso escaso y estratégico",
sentencia, para explicar que el manejo de las divisas por parte del
sector privado ha sido un completo fracaso debido a la falta de
regulación estatal y a la cooptación de los resortes del Estado por
parte del sector privado concentrado. Plantea entonces que los tiempos de liquidación de divisas serán acordes a la necesidad y forma del cumplimiento de las obligaciones externas.
Respecto
a una cuestión clave y controvertida en el sector (la producción de
semillas), invita al debate de una Ley de Conocimiento Estratégico para
el Agro que supere la ley de Semillas, pensando estratégicamente en las
nuevas tecnologías y en la ciencia y el conocimiento aplicados como el
eslabón que controla las cadenas productivas. Para prometer el impulso
de una ley que estimule la innovación y el desarrollo local del sector
público y privado en el área, pero principalmente que garantice la
Soberanía del Conocimiento Nacional.
Tarifas
En
este capítulo fija posición a contramano del discurso dominante:
"Nuestro país es productor de energía. No hay motivo por el cual los
consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no
cuentan con recursos. Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor.
El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en
función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus
ciudadanos y su desarrollo productivo".
En relación a Vaca Muerta,
define que debe desenvolverse en función de las necesidades del
desarrollo socioeconómico del país, no de las de actores particulares, y
que YPF debe ser el principal actor en este sentido.
Se creará la Comisión de Revisión Tarifaria Integral
que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y
electricidad en un plazo de cien días. Esta comisión continuará sus
funciones en los próximos años, siguiendo la evolución real de los
costos de generación, transmisión y distribución de la energía. Una vez
conocida la verdadera ecuación económica de estas empresas, se
renegociarán las tarifas de luz y gas, y se desarrollará una política de
actualización futura que contemplará: los costos de mantenimiento; el
valor de las inversiones realizadas y requeridas; y una tasa de
rentabilidad razonable de los operadores. Hasta tanto no esté establecida la estructura de costos, "las tarifas permanecerán congeladas".
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