El exministro de Energía, y antiguo CEO de Shell, deberá responder por
los beneficios otorgados a su empresa y la titular de la Oficina
Anticorrupción, por protegerlo.
El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la titular de la
denominada Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron citados a
prestar declaración indagatoria el 20 y el 21 de noviembre
respectivamente en el marco de una causa que investiga la compra de gas a
Chile y el presunto beneficio económico que habría obtenido el ahora ex
funcionario como accionista de la multinacional Shell.
En el caso de
Alonso, la imputación es por encubrir al entonces miembro del gabinete
de Macri luego de recibir una denuncia de los diputados Rodolfo
Tailhade y Martín Doñate.
Según consta en el expediente, que instruye desde 2016 el juez
federal Luis Rodríguez, Aranguren desarrolló la mayor parte de su
carrera laboral en la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A.,
que forma parte del Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS): ingresó en 1979,
escaló hasta el cargo de presidente en 2003 y ocupó ese lugar hasta su
retiro en junio de 2015.
La denuncia
de los legisladores del Frente para la Victoria señaló la
“incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto
de interés” por parte de Aranguren, quien pasó a la historia por los
tarifazos de los servicios públicos, y advirtió que una presentación
similar habían realizado ante la OA sin que Alonso acusara recibo.
Doñate
y Tailhade recordaron que en su declaración jurada patrimonial
integrada, Aranguren, como ex CEO de la filial argentina de la
trasnacional petrolera, declaró poseer “más de trece millones de pesos
en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”. Las mismas
fueron parte de las bonificaciones que el ex funcionario recibió de
Shell, reseñaron. Respecto de Alonso, la denuncia es por el presunto
encubrimiento del ex ministro, dado que como responsable de la OA debía
haber investigado la incompatibilidad denunciada.
Por otro lado,
la causa investiga las decisiones adoptadas por Aranguren durante su
gestión que podrían haber beneficiado a la empresa Shell y por extensión
a sí mismo como accionista. Puntualmente, dieron cuenta de “un oscuro
negocio” en la
compra de gas a Chile en forma directa, pagando tarifas mucho más caras
de las
que se venían pagando al Estado Plurinacional de Bolivia.
Los
legisladores
relataron que el 28 y 29 de marzo pasados, por resoluciones
ministeriales
publicadas en el Boletín Oficial, se autorizó el aumento de tarifas en
el
PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell y
por esa
decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y
pagando
tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”.
La denuncia que Alonso prefirió ignorar se basa en la Ley de Ética
Pública, que en su artículo 13 indica que “es incompatible con el
ejercicio de la función pública (...) dirigir, administrar, representar,
patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a
quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o
realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público
desempeñado tenga competencia funcional directa” en esa actividad.
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