Di Lello frenó al Gobierno obligándolo a suspender el pago de los mal llamados "subsidios extra" a desocupados antes de las elecciones, mediante hacer lugar a una cautelar, por tratarse, lisa y llanamente de la compra de votos.


En su dictamen determinó que el bono de $5000 podría ser asociado "con un mensaje electoralista". El caso sigue en manos de la jueza María Servini.


Hace unas tres semanas salió a la luz el plan que el Gobierno tenía "fuera del radar" para pagarle un bono de $5000 a las personas mayores de 18 años que estén desocupadas y no perciban prestaciones sociales o previsionales.


El pago del llamado "Subsidio Extraordinario Situación de Desempleo" sería entre el 17 y el 18 de octubre, informó el periodista Mariano Martín en el canal C5N. La maniobra favorecería a unas 114 mil personas en todo el país.

Para esta semana el Gobierno ya habría destinado $650.000.000 para los pagos del subsidio, que está dirigido a argentinos o extranjeros "con DNI o CUIL definitivo otorgado por ANSES".

La resolución 1177 de la Secretaría de Empleo fue publicada el 8 de octubre en el Boletín Oficial, cinco días después de ser firmada por el titular de esa área, Fernando Prémoli.

Pero entonces surgieron las denuncias de que los fondos serían administrados por candidatos a intendentes y concejales de Juntos por el Cambio así como también por "punteros" de Cambiemos.

Por eso el fiscal federal Jorge Di Lello consideró este miércoles que debe suspenderse la operación ya que podría ser usada "con un mensaje electoralista" de cara a los comicios generales, que son el 27 de octubre.

A pesar del dictamen de Di Lello comenzaron a circular esta semana los mensajes del Banco Nación y del Provincia con el objeto de articular los pagos por ventanilla hasta el 19 de octubre.
Mientras tanto la jueza María Servini investiga las denuncias por el plan a cargo de punteros del oficialismo.

El apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, hizo una presentación para frenar el pago del bono y denunció que el oficialismo ofreció una recompensa de $5000 a los fiscales de mesas en las que Macri sea el candidato más votado el 27 de octubre.


"Coincido con la preocupación de los denunciantes, toda vez que no se atacan los efectos del subsidio", explicó Di Lello en su dictamen.

Di Lello se mostró a favor de la cautelar "con el fin de que la estructura pública, integrada en este caso por el ministerio de Producción, pueda actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidio", explicó, porque "además de ser dentro de la veda electoral" el pago en cuestión "podría estar estratégicamente dirigido a una franja de ciudadanos argentinos que transiten este tiempo sin trabajo".

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