Se descubrieron dos informes reservados del ex Órgano de Control de la Concesiones
Viales (OCCOVI) en los que se advertían y revelan las serias irregularidades con
las que operaba Ausol S.A., con Socma como una de sus accionistas.
Ambos
documentos son lapidarios. Señalan maniobras de evasión impositiva,
distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas, endeudamiento
temerario y rechazan la compensación millonaria que reclamaba la firma.
Sin embargo, cuando asumió el macrismo, las nuevas autoridades de Vialidad Nacional desoyeron esos expedientes internos, le
reconocieron a la empresa los 500 millones de dólares que pedía y le
extendieron el contrato hasta 2030 sin llamar a una nueva licitación, como
lo establece la ley.
La concesión, de la que participaba la empresa de Macri, debía haberse caído por las graves incumplimientos. Sin
embargo, consiguió, y por decreto, la prórroga del contrato y el
reconocimiento por parte del Estado por supuestas inversiones no
amortizadas. Según alertaba el Occovi -órgano de control que luego fue
disuelto por las nuevas autoridades- Autopistas Del Sol reclamaba una
cifra “absurda”, que superaba el patrimonio neto de 71 empresas
completas de las 85 que cotizaban en bolsa.
Sin imputados aún, el juez Rodolfo Canicoba Corral investiga fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. Macri, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Nicolás Dijovne están en la mira de la Justicia.
Dos expedientes lapidarios
Antes de que Macri
asumiera la primera magistratura, Ausol S.A., la concesionaria de la
Autopista Panamerica, había sido intervenida por Vialidad Nacional por
serias faltas contractuales y distribución irregular de dividendos,
entre otras cosas.
En el año 2015, meses antes del traspaso de mando, la Dirección Ejecutiva del entonces OCCOVI
le dirigó a Nelson Periotti - director de Vialidad durante el gobierno
anterior- dos expedientes en los que advertía que la empresa no
solamente daba sobrados motivos para continuar intervenida, sino que
además no había ningún tipo de sustento para reconocerle la descabellada suma que reclamaba, “equivalente al 7442 % de su capital”.
Uno
de los informes sobre el estado de situación de la concesionaria del
Acceso Norte es del 29 de mayo de 2015. El otro, del 6 de noviembre de
ese mismo año. Los dos fueron totalmente desoídos por las autoridades
macristas. Al momento de la renegociación del contrato, la nueva gestión
escondió los análisis sobre los desmanejos del holding, controlado por
la poderosa constructora de capitales españoles, Abertis.
Los
documentos del órgano que controlaba a las concesiones viales, pedían expresamente a Vialidad Nacional que no le
renegociaran el contrato a Ausol, por haber constatado diversas maniobras de evasión impositiva agravada, incumplimiento del pliego -que estaba vigente desde 1994-, subcapitalización de la empresa y endeudamiento temerario
que ponía en riesgo la continuidad de la compañía. Pero no solamente el
sucesor de Periotti, Javier Iguacel, desoyó los expedientes
administrativos. La Unidad de Información Financiera y la AFIP, adonde se remitieron dichos documentos, también miraron para otro lado.
Ausol y la evasión de impuestos
Los informes del OCCOVI daban cuenta de una evasión
del impuesto a las ganancias por parte de Ausol S.A. de $570.272.672
entre los años 2006 y 2014. Según describe el estudio contable, la empresa no pagaba dividendos formalmente para no tributar. En cambio, contrataban a firmas que pertenecían a los mismos socios de la concesión para capacitación de personal.
Por ejemplo, se pagaron más de 150 mil dólares por una videoconferencia de sólo 30 minutos.
Y, como método para sacar dividendos de manera encubierta, a un
directivo de Ausol lo entrenaba Abertis, la socia mayoritaria que
supuestamente cobraba por el servicio. “Curiosamente se contrataban y
capacitaban ellos mismos”, explicó una fuente con
acceso al expediente y conocimiento en análisis contable. “Además, lo
que hacían era sacar el dinero sin pagar impuestos y después
reingresaban la plata con un interés alto”, agregó.
Según detalla
el informe “se calificó a un grupo empresario para que se haga cargo de
una concesión vial, tema en el cual posee experiencia (…) y luego vemos que se contrata a sí mismo
para brindar esa experiencia a la empresa de la que forman parte”.
Concluye que “la realidad económica de esos contratos no es más que la distribución de una parte de las ganancias obtenidas”.
El caso más llamativo es en el que Ausol
contrata a su propia controlante en 2005 para asesoramiento por u$s
1.800.000 por año por un plazo de quince años, es decir, hasta la
finalización de la concesión. El OCCOVI advertía lo insostenible que
resultaba la maniobra y señalaba que “llama poderosamente la atención”
ya que “ese contrato de capacitación permitió en todos esos años capacitar a un total de 11 personas de las cuales hoy, solo 4 se desempeñan en la empresa”. Y agregaba que “los temas de asesoramiento en algunos casos rozan los insólito –por llamarlo de alguna manera- (sic), como la capacitación con ellos mismos para renegociar su deuda o simplemente el pago de u$s 156.000 por una videoconferencia”.
Otra
de las irregularidades advertidas en los expedientes administrativos
sobre la revisión del estado contable desde 1994 hasta noviembre de
2015, es que Autopistas del Sol S.A. basaba su operatoria en constantes
tomas de deuda, lo que constituía un “endeudamiento temerario”, ya que todo el tiempo ponía en riesgo la continuidad de la empresa.
El “absurdo” reclamo de u$s 500 millones
Cuando el
OCCOVI eleva su segundo informe a las autoridades de Vialidad –en
noviembre de 2015-, Abertis ya había presentado la demanda ante el CIADI
contra la Argentina por unos 1.100 millones de dólares. Aduciendo
supuestos incumplimientos por parte del Estado y presuntas pérdidas
económicas por el congelamiento de las tarifas y la salida de la
convertibilidad, el grupo empresario decía buscar un resarcimiento
económico.
Pero, lo que investiga el juzgado de Canicoba Corral es si esa denuncia
ante el organismo con sede en Washington fue gran puesta en escena
por parte de los empresarios –una quincena de los cuales pasó a formar
parte de Vialidad Nacional a partir de diciembre de 2015- y el gobierno
de Macri. La hipótesis es que ambas partes sabían que no se avanzaría
con la presentación ante el tribunal internacional, casi sin negociar y
en tiempo récord. El Estado le reconoció a Ausol esos 500 millones que
quería y la empresa retiró la demanda.
La novedad es que en
aquel documento , el órganismo de control le
pedía expresamente a Vialidad que no pague lo que la firma exigía: “Se
destaca lo absurdo del reclamo que la cantidad solicitada supera el
patrimonio neto de 71 empresas de las 85 que cotizan en la Bolsa de
Comercio. Entre ellas y a modo de ejemplo, Edenor, Edesur, Banco
Hipotecario, Metrovías, Molinos Río de la Plata, Transportadora Gas del
Norte, (…) por citar algunos”
Según explica el informe “Ausol tiene un capital social de 88 mil
millones de pesos y un patrimonio de 124 mil millones de pesos; en el
transcurso de los veinte años de contrato no ha realizado aportes de
capital –por el contrario- se manejó importando servicios financieros a un alto costo, que pagó el usuario contribuyente con su tarifa
y ahora reclama $6.637.000.000 (los casi 500 millones de dólares) y,
además, más ingresos y anular las obras para el saldo de plazo de la
concesión. Reclama el equivalente al 7442% de su capital o 5252% de su patrimonio neto”.
Sin
embargo, a pesar del contudente análisis interno, el gobierno de Macri
guardó ambos expedientes en un cajón. No sólo no tomó en cuenta la
recomendación y los fundamentos para no reconocerle el dinero que
reclamaba Ausol, sino que además, como se sabe, extendió el contrato
hasta 2030 sin una nueva licitación y por decreto, con cláusulas
ampliamente beneficiosas para la firma y perjudiciales para los
usuarios. Entre ellas, subas de tarifas dos veces al año y ajustables
por inflación, garantía de flujo de tránsito pasante y eliminación del
tiempo máximo de espera para los vehículos, con la obligación de
levantar las barreras.
El direccionamiento
Todas las medidas del gobierno de Macri se enfocaron en beneficiar a la empresa de peajes cuyo accionista era el Grupo Socma. Una de las primeras decisiones administrativas de Javier Iguacel fue levantar la intervención de Ausol,
que había dispuesto la administración anterior por los evidentes
incumplimientos del contrato y diversas denuncias e irregularidades.
En paralelo Iguacel intervino AECSA, la concesionaria de la Autopista Ricchieri, en manos en ese momento del Grupo Indalo, cuyos titulares fueron ahogados en lo financiero y perseguidos judicialmente. Las
mismas autoridades de la UIF y la AFIP que encabezaron las diversas
querellas contra Cristóbal López y Fabián De Sousa, fueron las que no
iniciaron ni una sola acción, a pesar de los alarmantes informes del ex
Occovi sobre la situación irregular de Ausol.
El acceso
Richieri es controlado ahora por Corredores S.A., una firma con acciones
estatales creada por la actual gestión en 2016, específicamente para
ese fin. Bajo ese paraguas el Poder Ejecutivo colocó por decreto a siete corredores viales, tras la imputación a Dietrich e Iguacel por parte del fiscal Eduardo Taiano, en otra causa que instruye Sebastián Casanello.
Se trata de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines
que señala que varias empresas, entre ellas Iecsa, operaron con los
contratos vencidos por más de dos años. El decreto firmado hace un mes
atrás buscó desactivar esa investigación, que sigue su curso a pesar del
intento del Poder Ejecutivo por blanquear la situación.
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