Es que los familiares de los navegantes fallecidos en el submarino, a través de una querella unificada, pidieron que el Presidente; el ministro de Defensa, Oscar Aguad; y otros 10 funcionarios, entre los que hay civiles y ex jefes de la Armada; sean investigados por los delitos de "homicidio con dolo eventual reiterado en 44 casos”, “mal desempeño en sus funciones” y “abandono de personas”, en el marco de la causa en que se indaga acerca del hundimiento del ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017.

Desde el juzgado de la magistrada federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, dejaron trascender que se trata solo de una solicitud, que obviamente será profundamente analizado, pero que ya tendrían perfilados los cargos y los responsables, alguno de los cuales podrían coincidir con los mencionados en él escrito.

Hasta el momento, en la causa hay tres imputados por Yañez: el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, quien al momento del siniestro se desempeñaba como jefe de Logística de la Fuerza de Submarinos; el capitán de corbeta Hugo Correa; y el capitán de navío Héctor Alonso, por entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos. Todos oficiales en actividad. Los tres, en una estrategia que parece sugerida por la propia Armada, se negaron a declarar y solicitaron la asistencia de un defensor oficial.

Para los abogados Fernando Burlando, Lorena Arias y Valeria Carreras, los responsables del fallecimiento de los 44 tripulantes serían, aun con distinto grado de responsabilidad, el propio Macri; Aguad; la ex secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias del ministerio de Defensa, Graciela Villata; el exjefe Estado Mayor Armada, almirante Marcelo Srur; el ex jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide; el jefe de Mantenimiento y Arsenales, contraalmirante Eduardo Malchiodi; el ex jefe del Centro Integración de Inteligencia Táctica Atlántico, Daniel Ernesto Iribarren; al ex jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa; al capitán de corbeta Francisco Oleiro (del área comunicaciones); al -contralmirante Gabriel González, ex jefe de la Base Naval Mar del Plata; al contralmirante Osvaldo Vernaza y al ex titular de Comunicaciones e Informática de la Armada Argentina.

De este modo, Macri va a enterarse de una imputación como responsable de la muerte de los 44 tripulantes del San Juan sólo dos semanas después de la derrota electoral que todo indica que sufrirá el domingo: la jueza Yañez tiene 10 días hábiles para resolver si los procesa por el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público. El delito es excarcelable y una pena de dos años de prisión.

"Para evitar toda suspicacia, acreditaremos que las imputaciones por homicidio con dolo eventual reiterado 44 ocasiones, aplica tanto a la hipótesis de muerte por implosión, léase, falla mecánica del Submarino Ara San Juan como así también responsables de la hipótesis de muerte por explosión del submarino por ataque externo o muerte por colisión con buque pesquero ilegal”, sostiene Carreras en la presentación judicial.

Estas dos últimas hipótesis, en principio, no estarían acreditadas en el expediente, sin embargo la querella deja abierta la posibilidad. Los abogados también le advierten a la magistrada que “dejaremos para otro punto, la imputación del delito de abandono de persona, respecto de los responsables tanto del SAR, léase ’la búsqueda y rescate del submarino y sus tripulantes’ como del delito de encubrimiento de la verdad respecto a lo sucedido con el Ara San Juan y su tripulación, y del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En el caso particular de Macri, se le imputa el delito de “mal desempeño en los deberes de funcionario público", porque “se puede trazar un paralelo con la causa Cromañón que tuvo a Aníbal Ibarra, por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como al primer procesado por Mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público, para luego ser destituido por juicio político pero con el agravante que es el Presidente es por Ley de Defensa Nacional 23.554 el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, detentando la autoridad suprema incluso sobre el ministro de Defensa”.

Para los querellantes, Macri “permitió que a través de las delegaciones de facultades a sus ministros en este caso al ministro Aguad, se permitiera volver a navegar el submarino ARA San Juan, sin estar en condiciones, con los antecedentes de la navegación critica de julio de 2017, sin pirotecnia, con los canisters de cal soda vencidos en más del 90%”.