"En total, es un promedio de siete empresas que entraron en concurso o quebraron por día hábil, mientras que, en los primeros tres trimestres de 2018, eran seis. Si este número se proyecta al total del país, son 11 compañías diarias que quebraron o entraron en concurso", explica el documento, que relevó los datos de las justicias comerciales de Capital, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Con los datos del CEPA se desprende que en el tercer trimestre del 2019 la suma de concursos y quiebras de empresas y personas suman unos 1.203 casos, un 15% más que en los tres primeros trimestres de 2018. Si este número se proyecta al total del país, son 11 empresas diarias que quebraron o entraron en concurso. Del total, un 53% (638 casos) se concentraron en la ciudad de Buenos Aires, 29% (344 casos) en la provincia de Buenos Aires, y 18% (221 casos) en Córdoba.

"El promedio de siete empresas diarias que entró en crisis recientemente representa tanto un indicador de la gravedad de la crisis económica actual, como una alerta sobre el riesgo sistémico en el futuro cercano de continuarse tensionando la cadena de pagos y el deterioro sobre la situación financiera de las empresas”, alertaron a Infobae los economistas Nicolás Salerno, Ezequiel Paz, Tomas Romano y Eva Sacco, autoresl de informe.

El proceso de concurso corresponde con la solicitud judicial de una empresa para lograr una readecuación que le permita acordar con sus acreedores la cancelación de las deudas y continuar su actividad. Esta situación, en caso de no concretarse, puede derivar en una solicitud de quiebra, que es la liquidación de bienes mediante remate judicial hasta la cancelación del total de las deudas reconocidas.

Entre las empresas concursadas en los últimos meses, se encuentran Avian Líneas Aéreas, la marca de alfajores Grandote, Porta Hermanos (elaboradora del fernet 1882 y los aceites y vinagres Casalta) y las marcas de indumentaria Ayres y AY Not Dead. En tanto, la quiebra más resonante del año fue la de OCA, decratada en abril, tras un pedido de la AFIP.

“Cuando los procesos preventivos, concursos y quiebras aumentan significativamente es debido a que las condiciones macroeconómicas hacen inviable que se mantenga la actividad por causas que le son ajenas. Lo que en definitiva ocurre es un proceso de destrucción económica de valor. Cuando hay lugar a una crisis que amerita este tipo de medidas, se produce tanto un corte en la cadena de pagos como la destrucción de puestos laborales. Luego de este evento, aparece un efecto cascada en los acreedores, incluyendo a los trabajadores que ven afectada su fuente laboral”, indicaron desde el CEPA.