Malas noticias judiciales para Juntos por el Cambio, que a poco de que sus principales dirigentes queden desnudos de poder vienen percibiendo un panorama complicado en el marco de las causas penales que enfrentan. En este caso, el fiscal federal Franco Picardi imputó y promovió una investigación contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la plana mayor de esa cartera para determinar si "se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones" para perseguir a la comunidad mapuche.

Específicamente, la justicia va a determinar cada uno de los apremios ilegales de Bullrich y sus principales tres funcionarios, que actuaron fuera de sus atribuciones con el objetivo de espiar ilegalmente, perseguir y coaccionar a la comunidad mapuche, con el objetivo de resguardar los negocios de los propietarios de las tierras. En ese sentido, el dictamen va acorroborar que hubo una protección del lucro inmobiliario en la administración de la negociación entre ambos.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) promovió la denuncia contra la titular de la cartera de Seguridad y también contra Pablo Noceti, secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales y ex jefe de Gabinete de la ministra; Gonzalo Cané, quien ocupó el mismo cargo; y Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior y hoy titular de la unidad de coordinación general.

Según informó la periodista Vanesa Petrillo en C5N, en el dictamen se habla de espionaje, inteligencia ilegal, la creación de un falso enemigo como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Las consecuencias de estos hechos habrían terminado con la vida de Santiago Maldoando y Rafael Nahuel.

Todos ellos deben ser investigados, según el dictamen, por presuntamente haber dado "órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras", en la Patagonia.

Esa conducta, propuso el fiscal, pudo haber tenido como objetivo "resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno".

Mediante la creación artificial de la RAM, añadió el fiscal, se pudo haber pretendido "justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que las asisten".

Poco más de una hora después de que se conociera la determinación judicial, reaccionó Bullrich, que justamente no se caracteriza por su racionalidad ante este tipo de situaciones. En esa misma línea, la ministra usó su Twitter para lanzar una provocadora respuesta en la que sugirió que alguien, de quien no dio siquiera indicios, querría "frenarla".