Alberto Fernández planea reformas, con Comodoro Py en el centro de la mira. El
nuevo Código al fin se aplicaría; el Consejo de la Magistratura y los
servicios.
Una pregunta común por estos días, y a las puertas del cambio de
gobierno, es si el Poder Judicial actuará con los funcionarios macristas
que arrastran causas por corrupción como lo hizo con los kirchneristas
durante los últimos cuatro años. ¿Mauricio Macri irá preso? ¿Guillermo
Dietrich, Luis Caputo, Oscar Aguad, Laura Alonso, Patricia Bullrich…?
¿Los mostrarán en piyama? ¿Habrá venganza? La respuesta es que parece
difícil que algo suceda en tales términos, lo que no implica
necesariamente que si hay delitos éstos queden impunes: en todo caso, si
Alberto Fernández logra implementar algunas reformas que tiene en
mente, deberían comenzar a operar otros parámetros que conduzcan a que
el sistema funcione de otro modo y con otros principios. El futuro
presidente ya piensa en diluir el poder concentrado en los doce juzgados
federales porteños con sede en Comodoro Py. Su fusión con los 63
juzgados del fuero ordinario es una de las alternativas.
No es casual la reaparición de Gustavo Béliz en los equipos del
Frente de Todos: es el autor original de esa idea, solo que después que
la planteó durante el gobierno de Néstor Kirchner se tuvo que ir del
país, porque mostró que ese reino de los jueces federales estaba
atravesado por los servicios de inteligencia y exhibió una foto de su
líder, Antonio Horacio Stiuso.
Es evidente que si no se logra desarmar
esto último no habrá un cambio de fondo. La otra pata es la aplicación
del Código Procesal Penal acusatorio, que se promulgó en 2015, pero cuya
aplicación Macri suspendió por decreto apenas llegó a la Casa Rosada.
Eso dio continuidad a los manejos tiempistas habituales de los
expedientes y a la aplicación de la llamada “doctrina Irurzun” que
derivó en el encarcelamiento de más de una veintena de ex funcionarios
por el solo hecho de haber tenido cargos políticos.
La Corte y el diálogo
El
nombre más firme para el Ministerio de Justicia es Marcela Losardo,
amiga y socia del futuro Presidente, quien ya dialoga con actores
judiciales. Ambos enfurecieron cuando el Gobierno filtró vía Clarín que
Alberto apoyaba el traspaso desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial
del Programa de Protección de Testigos, que incluye a los “arrepentidos”
cuyas declaraciones se utilizaron para incriminar en especial a Cristina
Fernández de Kirchner. “Solo para no dejar pasar una noticia falsa.
Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos
estamos de avalarlo….” tuiteó Alberto Fernández. La cuestión pinta cómo
se maneja el Gobierno saliente: abre el paraguas (no sea cosa que se
sepa que sus declaraciones fueron armadas o negociadas). La otra
reacción negativa vino del propio Poder Judicial, con la Corte Suprema a
la cabeza.
Los supremos ya no dialogan con la Casa Rosada y la
culpan por la incomunicación. En cambio, hay diálogo prolífico –excepto
en el despacho del oficialista Carlos Rosenkrantz-- con el equipo de
Fernández. El mensaje político tranquiliza al tribunal: “La Corte no se
toca, la Constitución no se toca, el único problema es Retiro (o sea
Comodoro Py)”. El futuro gobierno empieza testear en el territorio de la
Corte la viabilidad de leyes que serán determinantes para el futuro
económico del país.
El poder de Comodoro Py
Es
obvio que todos los instrumentos de persecución judicial de opositores
que Macri alentó en estos años son ahora su fantasma: uno de ellos es el
poder concentrado de los jueces federales porteños y el otro es el
abuso de las prisiones preventivas. Para Alberto Fernández parte de esta
circunstancia puede ser capitalizada para impulsar transformaciones.
Queda claro que Macri intentará hacer aparecer algunas como propias,
como ocurrió ahora con la aprobación por parte de la Comisión bicameral
que aplica la reforma procesal de reglas que limitan la prisión
preventiva, que tendrán fuerza ley luego de publicadas en el Boletín
Oficial.
La reforma en cuestión, que instala un sistema
acusatorio (con protagonismo del Ministerio Público Fiscal, sistema
oral, ágil, con tiempos acotados y reglas nítidas), fue aprobada en
2014, impulsada por el kirchnerismo, y promulgada en 2015. Debía
comenzar en 2016, pero Macri la suspendió por DNU. ¿Por qué? Porque iba a
quedar a cargo de Alejandra Gils Carbó, a quien quería echar y atacó
hasta lograr su renuncia. En 2018 el oficialismo aprobó retoques a ese
nuevo Código que no se aplicaba. Recién este año se empezó a implementar
en Salta.
La bicameral resolvió esta semana aprobar normas elementales
generales: entre ellas, requisitos precisos para privar a una persona de
la libertad antes del juicio. Ya estaban en el código aprobado en 2015,
pero ahora la prisión es una preocupación para el macrismo. Si se
hubiera aplicado en su momento, la “doctrina Irurzun” no hubiese sido
posible.
El futuro presidente planea ejecutar íntegra la reforma
procesal, que quita a los jueces injerencia en las investigaciones. Será
clave la figura del/la Procurador/a. Uno de los nombres que más suenan
para ese cargo es el del juez federal Daniel Rafecas, que necesitará dos
tercios de los votos en el Senado. Rafecas fue uno de los jueces más
atacados, sin éxito, por el oficialismo, entre otras cosas por haber
desestimado la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra CFK por
encubrimiento en el caso AMIA.
Pero uno de los grandes focos de
preocupación del Presidente electo está puesto en los tribunales
federales porteños. Más allá de las especulaciones con la jubilación o
retirada de algunos jueces y fiscales, Fernández apuesta a recuperar la
vieja idea de Béliz de licuar la concentración de poder de los 12 jueces
federales en una fusión con los juzgados de instrucción porteños, que
son 63, y lo mismos con las cámaras de apelaciones y casación.
Que todos
investiguen todos los delitos. Algunos juristas creen que, en base a
una ley ya vigente que en 2016 habilitó la transformación de tribunales
ordinarios en federales, se podría activar la unificación de fueros.
Otros plantean que debe haber una nueva norma. Otra alternativa en
análisis es la creación de más juzgados federales. Mientras tanto, los
jueces y juezas ya dan muestras nada disimuladas de cambio de época al
activar causas contra Cambiemos.
Un aspecto difícil atañe a la cara más oscura del funcionamiento de
tribunales: la injerencia de los servicios de inteligencia. Lo confirma
la suerte de Béliz allá en 2004 después de mostrar la cara del agente
que dirigía la batuta y decirlo expresamente.
Quizá hoy se conoce un
poco más de los manejos del espionaje estatal y paraestatal ilegal a
partir de investigaciones judiciales, como la que tramita en Dolores. Un
dato inquietante es que Stiuso allí es querellante, lo que muestra el
grado de complejidad de las cosas. A la vez el macrismo ha dejado a la
vista la intensa actividad de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
en los intentos por perjudicar a determinados dirigentes, como ocurrió
–por caso-- con los Moyano, según las denuncias de presiones como la del
juez Luis Carzoglio.
Todavía es un misterio que hará Alberto con la AFI
pero sin duda será un factor crucial también en la reformulación del
sistema de justicia. Por su estilo y su perfil académico es improbable
que aliente las visitas de “operadores” a la vieja usanza. Otro
interrogante es si quedará la oficina de escuchas (que hoy también
investiga) dentro de la Corte Suprema, desde donde funcionó como
apéndice de Comodoro Py.
Sobre la Oficina Anticorrupción (OA),
más de una persona le escuchó decir a Alberto Fernández que deberá quedar a
cargo “una persona intachable”.
Consejo de la Magistratura
Así
como cuestiona explícitamente el trámite de causas, Alberto Fernández
que hay que poner la lupa sobre el Consejo de la Magistratura, el
organismo que elige y sanciona jueces, y que fue utilizado por el
oficialismo para atacar jueces que no eran de su agrado y digitó
concursos, como plantea el informe del relator de Naciones Unidas sobre
Independencia Judicial. Pero los primeros cambios en ese órgano se
instrumentarían desde adentro con reformas reglamentarias. Algunas ya
fueron impulsadas, sorprendentemente, como la que limitó las
designaciones de jueces por “traslados” en cargos estratégicos. Habrá
que ver si trae consecuencias en designaciones, como los jueces
trasladados a la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
A partir de diciembre podría haber un mínimo cambio en la
relación interna de fuerzas de los 13 integrantes del organismo, pero ni
oficialistas ni opositores tendrán garantizados los dos tercios para
iniciar juicios políticos o elegir jueces. Hasta ahora por lo general el
macrismo tenía siete votos y la oposición seis. Será a la inversa. El
Frente de Todos designará un representante del Poder Ejecutivo, que
podría ser Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Eduardo Wado de
Pedro. Eso ya modifica la mayoría.
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