Un allanamiento judicial en el domicilio de un ex asesor de la Oficina
Anticorrupción aportó evidencias del pago irregular a una consultora
cautiva del gobierno para la promoción política de Laura Alonso. No sólo
ello. Los archivos informáticos secuestrados despertaron sospechas de
que Consuasor, una firma que viene dando vueltas por medio gabinete,
pudo haber pagado retornos en otros contratos, lo que dio origen a una
nueva causa en Comodoro Py.
El registro del domicilio de Alejandro Giúdice, uno de los socios de
Consuasor, fue llevado a cabo el 5 de junio pasado por orden del juez
federal Sebastián Casanello, luego de que declaraciones de testigos y
documentos sumados a la causa ratificaran las sospechas de "conflictos de
intereses" y abuso de autoridad por parte de Alonso para supuestamente
beneficiar a una consultora amiga, indicaron fuentes con acceso al
expediente. El resultado del allanamiento no se había hecho público
hasta hoy.
La causa se originó en julio de 2018 luego de que se decubrió que la Oficina Anticorrupción (OA); los ministerios de
Trabajo, Medio Ambiente y Defensa; el senador Federico Pinedo y el
gobierno de Salta habían contratado a Consuasor para tareas genéricas de
comunicación.
La consultora de prensa fue fundada hace más de diez años por el
citado Giúdice, Facundo Sosa Liprandi y quien luego fuera el primer
subsecretario de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete bajo el
gobierno de Cambiemos, fallecido en 2017. En un trámite destinado a
ponerse en regla y ser contratada por el Estado, la empresa fue
reinscripta como SRL el 28 de diciembre de 2015, días después de la
asunción de Macri en la Casa Rosada.
El nuevo registro de la consultora, que hasta entonces orbitaba en
legisladores del Pro y, particularmente, en el senador Federico Pinedo,
fue sin el nombre del funcionario asignado a la Jefatura de Gabinete.
Y los contratos llovieron
Conocida la trama de Consuasor, el abogado peronista Leonardo
Martínez Herrero presentó una denuncia asignada a la fiscalía de Carlos
Stornelli y el juzgado de Casanello. El fiscal no movió un dedo para
investigar a su allegada Alonso, lo que no impidió que el expediente
avanzara.
El allanamiento en el domicilio del ex asesor de la titular de la OA
aportó documentos relacionados a la imputación inicial por malversación
de fondos públicos y disparó sospechas de otros delitos, más graves.
Un archivo informático del asesor Giúdice incluía una planilla con
los montos facturados y los realmente cobrados entre 2016 y 2018, con
variaciones entre uno y sesenta por ciento. Ante la hipótesis — entre
otras — de que la diferencia obedeciera a retornos desde el contratado
al contratante, el juzgado de Casanello presentó una denuncia que
aterrizó en el despacho de Daniel Rafecas .
El archivo de excel analizado incluía dos columnas bajo el nombre
Laura Alonso. Entre ambas, se consignaron pagos entre marzo de 2017 y
abril de 2018 por un total de 1.099.150 pesos. Ése fue el último mes
abonado, porque la titular de la OA se vio forzada a despedir a la
consultora cuando se informó la turbiedad del vínculo comercial.
No bien surgieron los primeros indicios de lo que parecía una
irregularidad, a fin de 2017, Alonso prefirió no contestar las consultas
periodísticas. Dilató durante meses respuestas a pedidos de acceso a la
información y entregó datos engañosos. Durante la semana que pasó,
tampoco fue posible obtener respuestas de Alonso.
Que el abono anotado por Consuasor figurara a nombre personal de
Alonso en lugar de la OA profundizó la presunción de que se trata de un
servicio destinado a la promoción personal de la funcionaria pagado por
fondos públicos. Ninguno de los ingresos registrados en la computadora
de Giúdice entre 2016 y 2018 estaba sólo a nombre de funcionarios sino
de la dependencia estatal que efectuó el pago.
La línea de investigación de una contratación para la proyección
política de Alonso ya figuraba en el expediente con el testimonio de
ex empleados — cuyos nombres se reservan—, que padecieron la injerencia
paracaidística de Consuasor. Una fuente que conoció de cerca las
motivaciones reales de Alonso para contratar a la consultora dijo que el objetivo, en coordinación con Jefatura de Gabinete, era
la construcción de su candidatura a senadora en 2019, objetivo no
alcanzado.
Las respuestas que debe Alonso son varias. Primero, el motivo del
pago a consultores allegados al oficialismo que superpusieron las
funciones y subordinaron jerárquicamente al personal estable y
contratado para el área de prensa. Es decir, si inventó contratos para
hacer un favor o para hacer pagar al Estado una necesidad política
personal.
En segunda instancia, parece evidente que como Consuasor no estaba
adecuadamente registrada como proveedora del Estado, la funcionaria
disimuló el detalle mediante locaciones de servicios con los dueños de
la firma. Está probado que personas que trabajaban para Consuasor y sin
ningún cargo formal en el Estado daban órdenes a empleados estatales,
porque Alonso así lo dispuso.
Además, la consultora ofrecía en su web la gestión de intereses
empresariales ante el Estado y prestaba servicios en otras dependencias.
Allí el conflicto de intereses era doble, porque Alonso tenía sentados a
su mesa chica a asesores que en simultáneo hacían lobby para privados, y
que a su vez coordinaban la comunicación de funcionarios a los cuales
la OA tendría que investigar. Tal fue el caso del maltratador, empleador
en negro, empresario y ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, contratante
de la firma.
Según miradas al tanto del expediente, testigos dejaron claro que la
presencia de la consultora, el persistente interés de Alonso por su
imagen pública y sus intervenciones altisonantes en defensa de Macri generaron fricciones permanentes con empleados que aspiraban a
una comunicación acorde a un organismo público de control.
“Nunca vi una situación de este tipo”, dijo una persona con amplia
experiencia en tareas de prensa para el Estado bajo diferentes gobiernos
y jurisdicciones. “No supe qué hacían (los de Consuasor) en la Oficina
ni el rol de la consultora”, agregó.
Las reprimendas de Alonso a su gente de comunicación y el privilegio
otorgado a Consuasor eran una constante. “No quiero ser soberbia, pero
soy la mejor vocera que tuvo este organismo en muchos años”, escribió la
funcionaria en un mail dirigido a sus subordinados.
Las tareas que supervisaba Consuasor eran la coordinación de
entrevistas (centradas principalmente en medios del Grupo Clarín), el
manejo de redes y el discurso público de la funcionaria.
Por ejemplo, la consultora mandó mails sobre cuál debía ser el
discurso de Alonso ante hechos de debate público, con el siguiente
formato. Título: “AMIA, CFK y Timerman”. “Línea oficial (con comentarios
de Mauricio Macri o Marcos Peña); línea Vidal (comentarios de la
gobernadora); línea Consuasor: ‘los argentinos merecemos saber la verdad
de la corrupción kirchnerista’”.
En la campaña electoral legislativa de 2017, la “línea Consuasor”
para Alonso fue “el cambio es de abajo hacia arriba”, mientras que ante
la desaparición de Santiago Maldonado, el speech de la consultora fue
“debemos esperar el avance de la investigación” (en efecto, en esos días
Alonso hizo declaraciones cautas, pero al año siguiente, celebró en
Twitter a un troll del oficialismo que se divirtió mostrando un conjunto
de huesos humanos con el texto: ‘¿Dónde está Santiago Maldonado? - Acá,
pelotudos’)
Ante la mención en una comunicación interna de una denuncia del
senador Fernando Pino Solanas contra un funcionario del Ministerio de
Energía por conflictos de intereses, también en 2017, Alonso dictaminó
ipso facto: “Ya está aclarado. Es humo”.
Además de la llamativa contabilidad, uno de los aspectos cruciales es
dilucidar cómo hace una consultora para que se le abran tantas puertas
en el Estado si no es con el direccionamiento de alguien con poder sobre
los ministerios. ¿Quién quisiera poner a una consultora experta en
comunicación para que sobrevuele todo el gabinete? Una mano influyente
que incluso lleva a los subalternos a disimular los contratos con la
consultora mediante locaciones de servicios con sus dueños.
En los casos de Alonso, el gobierno de Salta y el Senado, las cifras
facturadas y cobradas son coincidentes o tienen diferencias menores,
pero en los de Producción, Trabajo y Asuntos Electorales, aparecen
márgenes de entre dieciocho y cincuenta por ciento.
Por ejemplo,
la subsecretaría de Asuntos Electorales bajo la gestión del hoy diputado
Ezequiel Fernández Langan — del círculo de Marcos Peña — recibió
facturas en 2016 y 2017 por 679.200 pesos, pero a Consuasor entraron
472.000 pesos. El Ministerio de Trabajo bajo la conducción de Jorge
Triaca — un acomodador serial de familiares, allegados y empleados
propios — pagó 1,1 millón de pesos y recibió facturas por 1,4 millones.
Hacia fin de 2018, Consuasor facturaba al Ministerio de Producción cien
mil pesos mensuales y cobraba 84.000.
La difusión de los multicontratos de Consuasor, una empresa
gestionada por sus dueños y con muy pocos empleados, ocasionó que varios
organismos públicos dieran de baja al vínculo. Las oficinas de la
consultora fueron cerradas y su página web fue, primero desconectada y,
más tarde, reformulada.
La Procuración de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal
Sergio Rodríguez, elabora un dictamen sobre si el caso esconde una
trama de corrupción o si, por el contrario, se circunscribe a fallas
éticas, falta de transparencia y corruptelas no judicializables por
parte de la secretaría de Ética Púbica, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción.
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