El Gobierno promulgará este lunes la Ley de Solidaridad Social.
La norma no se publicó hoy en el Boletín Oficial porque el Presidente vetará una moratoria impositiva a las grandes empresas.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva no fue publicada a primera hora de este lunes en el Boletín Oficial, como se esperaba, porque el presidente Alberto Fernández decidió vetar parcialmente uno de los artículos correspondientes a la moratoria que se pueden acoger las empresas en la AFIP. Las medidas, entre ellas el impuesto del 30% al dólar en compras en el extranjero o para ahorro, comenzarán a regir el día después de su publicación.
La ley se promulgará este mismo lunes en una edición especial del
Boletín. La demora se debe a que el presidente Fernández vetará el artículo que
permite a todas las empresas a acogerse a un régimen moratorio.
En el proyecto original contemplaba que únicamente puedan adherir a
la moratoria, que implica una suspensión de pagos por 60 días y luego un
régimen de obligaciones con la AFIP a largo plazo, las PYMES. Sin
embargo, los legisladores ampliaron el acceso y en la ley votada se
aclaró que podrán acceder a ella también las grandes empresas. El Presidente vetará esta incorporación.
La
Ley de Solidaridad Social fue aprobada el sábado a la madrugada después
de una larga sesión del Congreso, que comenzó el miércoles en la Cámara
de Diputados y culminó tres días después en Senadores. La iniciativa
lanzada por el Gobierno contempla la declaración de la emergencia
pública hasta el 31 de diciembre de 2020 para aplicar medidas ante la
crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo
productivo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Darío Martínez,
aseguró el fin de semana que "se está trabajando en la reglamentación" y
adelantó que la Ley de emergencia "estará promulgada seguramente mañana
(por este lunes)".
La ley autoriza al Gobierno a establecer un
impuesto del 30% a la compra de divisas, subir las alícuotas de Bienes
Personales, el congelamiento de tarifas, faculta al Ejecutivo para
aumentar retenciones a determinados productos agropecuarios, y la
suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria por 180 días
mientras se analiza un nuevo índice de ajuste.
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