Caso Milagro Sala: tras los patéticos audios, pidió licencia el titular de la Suprema Corte jujeña, donde queda claro que mandó a la cárcel a la líder de la Tupac Amarú para que no moleste a Gerardo Morales durante su gobierno.
En las grabaciones que se filtraron, Pablo Baca admite que Milagro Sala está presa "no por delitos" sino porque "es un problema para el gobierno" de Gerardo Morales.
Diputados provinciales del Partido Justicialista (PJ) denunciaron
penalmente este lunes al titular del Superior Tribunal de Justicia de
Jujuy, Pablo Baca, por incumplimiento de los deberes de funcionario
público tras la difusión de conversaciones en las que se expresa sobre la detención de Milagro Sala y el funcionamiento de la justicia local.
La
denuncia contra el juez supremo también indica el supuesto delito de
“retardo de justicia”, mientras que el titular del Ministerio Público de
la Acusación provincial, Sergio Lello Sánchez, fue acusado de “amenazas
agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función
pública”.
En este contexto, Baca pidió hoy tomarse licencia de su cargo en la Corte.
No
obstante, afirmó que no renunciará al máximo tribunal provincia porque
sería “admitir” culpabilidad. Según dijo, con la licencia busca
"despejar cualquier tipo de sospecha". Además, denunció una “emboscada”.
En los audios difundidos hace poco más de una semana por el sitio El Cohete a la Luna, Baca admite que la dirigente social Milagro Sala está presa "no por delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".
Además, se
lo escucha protestar contra la figura del titular del Ministerio
Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, por las "presiones" que
ejercía sobre los jueces en las causas que se le seguían a la líder de
la Tupac Amaru.
“Ante la falta de actuación de oficio de
la Justicia nos convocamos las diputados del bloque del Frente de Todos
a presentar la denuncia penal contra Baca y Lello Sánchez, por lo que
esperamos una respuesta concreta, más allá del pedido de juicio político
que realizamos”, señaló la diputada Leila Chaher.
Por su parte,
la legisladora Mariela Ferreyra sostuvo el sector “hace lo que
corresponde como legisladores, que es velar por que se cumpla la ley en
la provincia, dado que no vimos reacciones de la justicia sobre la
gravedad de los hechos que se conocieron”.
La acusación fue
presentada por los legisladores Martín Palmieri, Débora Juárez,
Alejandra Cejas, Fátima Tisera, Ferreyra y Chaher.
“El fiscal
Aldo Lozano tiene que ver si imputa o no a los funcionarios judiciales
denunciados, aunque sabemos que es muy probable que no quieran imputar”,
señaló el abogado Enrique Giusti, al indicar que Lello Sánchez es el
jefe de fiscales y Baca la máxima autoridad del Poder Judicial jujeño.
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