Ante la Asamblea Legislativa y con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa a su lado, el presidente Alberto
Fernández habló ante diputados, senadores, ministros, autoridades
judiciales y sindicales, entre otros, y anunció proyectos para la
reforma judiciales, el aborto, la creación del consejo económico y
social, entre muchas otras iniciativas.
Querido pueblo argentino,
En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte
de nuestra política se ha valido de la ella para ocultar la verdad o
tergiversarla. Muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea
para instalar en el imaginario público una realidad que no existe.
Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema
democrático.
Yo me resisto a seguir transitando esa lógica. Necesito que la palabra
recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros. Al fin y al cabo,
en una democracia el valor de la palabra adquiere una relevancia
singular. Los ciudadanos votan atendiendo las conductas y los dichos de
sus dirigentes. Toda simulación en los actos o en los dichos, representa
una estafa al conjunto social que honestamente me repugna.
He repetido una y otra vez que a mi juicio, en democracia, la mentira
es la mayor perversión en la que puede caer la política. Gobernar no es
mentir ni es ocultarle la verdad al pueblo. Gobernar es admitir la
realidad y transmitirla tal cual es para poder transformarla en favor de
una sociedad que se desarolle en condiciones de mayor igualdad.
La constitución me ordena dar inicio al año legislativo a través de un
discurso. Pero quiero que todos sepan que no estoy aquí tan solo
enlazando palabras de ocasión. Con este discurso vengo a darle a mi
palabra el valor del compromiso. Vengo a contarles, según lo entiendo,
en que lugar estamos parados como sociedad. Cuáles son los riesgos que
nos acechan y cuáles las fortalezas a las que podemos recurrir para
poder avanzar. Y también vengo a proponerles iniciar una marcha que nos
permita salir de la postración y ponernos en rumbo del crecimiento con
justicia social.
Con ese espíritu y esa convición, vengo a hablarle a la Argentina toda,
frente a esta Asamblea Legislativa que reune a los representantes del
pueblo y de las provincias de un país federal y que hoy me recibe para
inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias.
Como lo hice el día en que asumí el último 10 de Diciembre, vengo a
ratificar con mi presencia y mis palabras mi compromiso de cambiar el
rumbo que nuestro país venía transitando.
Desde entonces han pasado apenas ochenta y un días. En ese lapso
pudimos conocer la situación real en la que está la Argentina y adoptar
las medidas más urgentes que nos permiten hoy compartir con ustedes la
agenda de futuro que tenemos que desarrollar, como comunidad fraterna y
solidaria que somos, para construir la transformación que nos
proponemos.
Hemos encontrado una situación extremadamente delicada. Recibimos un
país dañado en su tejido social y productivo y con su alma herida por
divisiones profundas.
Como ya he dicho, quiero recuperar el valor de la palabra. Quiero ser
honestamente libre a la hora de describir el presente. No busco
revanchas. Necesito que todos asumamos la verdad que nos toca. Solo así
dejaremos de ser esclavos de las fracturas que nos desunen. “El punto de
partida de esta construcción social no puede ser otro que el
reconocimiento del punto exacto donde nos encontramos”, nos enseñó
alguna vez Néstor Kirchner.
Hemos asumido el Gobierno Nacional en un escenario que creo imperioso recordar:
· Soportamos un nivel de inflación record de 53,8% durante 2019.
· Debemos enfretar una deuda pública también record en monto y
concentración temporal de vencimientos. Sólo en 2020 los vencimientos de
capital representan 48.968 millones de dólares. A ello deberíamos
adicionarle 14.838 millones de dólares en concepto de intereses de esa
deuda.
· La desocupación trepó al 9,7 %, destruyendo más de 240.000 empleos privados entre 2015 y 2019.
· La industria instalada registra un nivel de capacidad ociosa que roza
el 40 %. Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la actividad
industrial.
· Nuestro país, hace dos años que está sumido en una recesión profunda.
· El Estado Nacional registra una deuda en materia de Obras Públicas de
más de 35.000 millones de pesos. El 60 % de las obras iniciadas se
encuentran paralizadas.
. Los aumentos tarifarios de los servicios públicos en los cuatro años
que precedieron nuestra llegada, registraron incrementos excesivos. El
servicio de gas se incementó en ese período alrededor del 2.000 % y el
de electricidad cerca del 3.000 %. El nivel de esos aumentos llevaron a
situaciones críticas a miles de familias, jubilados, comercios, PyMEs e
industrias.
· Más de cinco millones de argentinos y argentinas que son parte de los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad, se endeudaron con la
ANSES a altas tasas de interés solo para cubrir otras deudas que los
apremiaban.
La contundencia de los datos que acabo de reseñar, nos obliga a
desarrollar una sincera visión de conjunto frente a la ciclópea tarea
que todos tenemos por delante.
Encontramos un Estado debilitado donde casi desaparecieron los
instrumentos de regulación. Ha habido problemas recurrentes con el
mantenimiento de la infraestructura y el patrimonio del Estado. Se
lastimó la relación con los trabajadores del Estado, postergados por la
llegada de supuestos gerentes de alta calidad que fueron recompensados
con sueldos que el resto de los empleados no recibieron. La recurrente
sub ejecución presupuestaria acabó conjugándose con deudas en múltiples
dependencias, con la decadencia de la infraestructura ferroviaria por
falta de mantenimiento y con empresas públicas que incrementaron sus
déficits operativos de modo sostenido.
Un ejemplo tal vez sirva para entender la gravedad del deterioro:
estamos cursando el brote de sarampión más importante desde el año 2000,
con el riesgo de perder el logro de ser un país libre de la enfermedad.
El nivel de depreciación argentina es tal, que sólo un esfuerzo
mancomunado que conjugue honestidad intelectual, ejemplaridad
dirigencial y fraternidad comunitaria, será capaz de encaminar
nuevamente a nuestra Patria en la senda de un desarrollo inclusivo y
sostenible.
Lo afirmo con humildad y también con profunda convicción. Lo dije al
jurar como Presidente de la Argentina: comencemos por los últimos, para
poder llegar a todos.
Frente a esta situación dramática de destrucción, hemos elegido a la
solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional.
Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada
en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la
producción.
Esta definición nos obliga, esencialmente, a tomar una enérgica decisión en las prioridades.
Para revertir ese cuadro trazamos un programa integral y sustentable.
Desde lo macroeconómico, nos fijamos objetivos fiscales y de política
monetaria que buscamos alcanzar a partir de la renegociación de la
deuda.
Desde lo politico, nos ocupamos antes que nada de los que han sido
olvidados. Después, persistimos en el diálogo económico y social como el
modo más perfecto de alcanzar el desarrollo en armonía preservando
precios para mejorar el salario real de quien trabaja.
La primera etapa, el preámbulo de nuestro Nuevo Contrato de Ciudadanía
Social, consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos en la
pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer
los ingresos de quienes menos tienen.
Por eso, deseo expresar a este Congreso mi reconocimiento por la
oportuna sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva. Ha sido el punto de arranque muy necesario para tomar
medidas urgentes en estos primeros días de gobierno, que estuvieron
destinadas a recomponer la capacidad de consumo de los sectores más
desprotegidos.
Así lo hicimos:
· Dispusimos un incremento salarial mínimo y uniforme para los
trabajadores en relación de dependencia del sector privado, que
representó un incremento del salario medio del 5,5 % y del 16.2% para
las remuneraciones más bajas en el primer trimestre del año.
· Otorgamos un incremento salarial para el sector estatal, las fuerzas
armadas y de seguridad de 4.000 pesos para los trabajadores con
remuneración inferior a 60.000 pesos.
· Dispusimos un Bono de Emergencia de 5.000 pesos para jubilados en los
meses de enero y diciembre y se otorgó un subsidio extraordinario de
2.000 pesos en el mes de diciembre por cada hijo de las titulares de la
Asignación por Embarazo y de la la Asignación Universal por Hijo.
· Resolvimos la baja en la tasa de interés en los Créditos ANSES y la suspensión del cobro de cuotas.
· Disminuimos las tasas de interés para las tarjetas de crédito, como
parte de una disminución general de la tasa de interés que asfixia
nuestra economía. En los ochenta y un días de gestión que llevamos, la
tasa de interes bancaria se ha reducido del 63 % al 40 %.
· Establecimos una moratoria de la AFIP para PyMEs, monotributistas y
entidades sin fines de lucro. Y se dispuso una nueva línea de créditos
del Banco Nación para PYMES.
· Decretamos la doble indemnización para despidos sin causa.
· Relanzamos el Programa de Precios Cuidados (que incluyó a las ventas
mayoristas) que se extendió también a los productos escolares ante el
inicio de las clases.
· Renovamos el Programa “Ahora 12”.
· Dispusimos el congelamiento temporario de tarifas, suspensión del
aumento de peajes, suspensión de aumentos en el transporte público y
suspensión del aumento de combustibles.
· Otorgamos desde nuestra llegada al gobierno un 18.8 % de aumento en las jubilaciones mínimas.
· Relanzamos el Programa Remediar y, cumpliendo con mi promesa
electoral, garantizamos el acceso gratuito a medicamentos esenciales a
más de cinco millones de jubilados y jubiladas.
· Acordamos una rebaja del 8% en los precios de los medicamentos en farmacias comerciales.
· La emergencia sanitaria permitió liberar rápidamente más de 12
millones de vacunas que estaban retenidas desde hacía meses en la
Aduana.
Todo eso lo hicimos después de haber abordado el problema que más nos
preocupaba: terminar con el hambre que sufren millones de argentinos.
Por eso pusimos en marcha, de modo plural y participativo, un plan que
aspira a que todos los argentinos, sin distinción alguna, se conviertan
en actores de la epopeya que supone derrotar al hambre que asola a
nuestros compatriotas.
Quisiera detenerme en este último drama, que nos debe avergonzar como sociedad que somos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) advirtió que la inseguridad alimentaria tuvo un
incremento del 71 % entre 2015 y 2018 en nuestro país, y fue uno de los
saltos más importantes registrados a nivel mundial.
Ahora sabemos que no sólo en endeudamiento externo y concentración de vencimientos de la deuda batimos todos los records.
Por eso la lucha contra el hambre es nuestra prioridad. Porque comer no puede ser un privilegio.
Casi un millón de familias ya son titulares de la tarjeta AlimentAR,
incluyendo a un millón seiscientos mil niños y niñas de 0 a 6 años,
embarazadas y discapacitados con AUH, que logran el acceso a una canasta
alimentaria de calidad, con leche fluida, verduras, frutas, carne y
otro tipo de alimentos frescos.
En todo el país comienzan a surgir ferias de la economía social y la
agricultura familiar, almacenes y comercios de barrio que ven cómo
crecen sus ventas y ofrecen -de modo solidario- descuentos y promociones
a los titulares de la tarjeta Alimentar.
El Plan Argentina contra el Hambre, así lo hemos llamado, es también
una herramienta para motorizar la economía de abajo hacia arriba. Una
cadena virtuosa, que acerque a productores y consumidores en comercios
de proximidad, para que la inyección de más de 70 mil millones de pesos
anuales (más de 1.000 millones de dólares) que representa la tarjeta
AlimentAR quede en los pueblos de nuestra Patria.
Lo queremos impulsar con un criterio federal: lo potenciaremos de modo
complementario con el Programa “Pro Huerta”, que permitirá el
establecimiento de más de 200.000 huertas familiares en todo el país.
Por supuesto que todo este esfuerzo sería incompleto si no
desarrolláramos herramientas más eficaces para hacer un seguimiento
estricto de la evolución de los precios.
Trabajamos para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación
–un trabajo que ya ha comenzado a dar incipientes resultados-, y también
trabajamos para crear una política de defensa del consumidor que evite
los abusos.
Estamos analizando las estructuras de costos de los eslabones de la
producción, para trabajar en las diferentes relaciones entre
intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los
abusos de posición dominante.
Vamos a fortalecer también los mecanismos de defensa del consumidor y lealtad comercial.
Que los precios dejen de crecer en Argentina es una responsabilidad de
todos. El Estado, este Gobierno Nacional, se va a poner al frente de la
batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con
las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y las
tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los
alimentos siga creciendo.
Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios.
Argentina no resiste más el abuso de quienes “preservan” su rentabilidad
a costa de consumidores condenados a pagar sus “excesos preventivos”.
Debemos terminar con la Argentina de los “vivos” que se enriquecen a
costa de los pobres “bobos” que estamos condenados a pagar lo que
consumimos.
Esa descripción de lo que nos pasa, exige un punto final al abuso. No
solo es un imperativo económico sino también es un imperativo moral. Los
pícaros que especulan subiendo los precios no tiene cabida en esta
Argentina.
Este es el rumbo que hemos emprendido desde el 10 de diciembre. No
venimos con planillas de cálculo en las que los números cierran en
teoría, dejando afuera a muchos sectores de nuestro pueblo. Estamos
haciendo una Argentina inclusiva en la que el primer esfuerzo sea
levantar a los caidos
Todo esto lo estamos haciendo en un contexto económico particularmente
complejo sujeto a todas las condicionalidades externas que hemos
recibido.
Nuestro plan económico ha dado sus primeros pasos positivos. Mejoramos
la situación fiscal, dimos pasos consistentes para bajar la inflación
reduciendo también las tasas de interés financiero.
Estamos generando condiciones macroeconómicas sostenibles y acompañamos
a los productores en sus proyectos y esfuerzos. Las mesas de acuerdo
entre trabajadores y empresarios son positivas, los sectores que
participan son comprensivos del momento que atraviesa el país. Hay
sectores que empiezan a reactivarse poco a poco.
Todo ese esfuerzo común, convive con dificultades que arrastramos del período anterior.
Pese a lo negativo del escenario que nos tocó en suerte, hemos dado
pasos firmes en tranquilizar la economía para poder lograr el desarrollo
tan ansiado.
La deuda pública que heredamos es, sin lugar a dudas, el mayor escollo que enfrentamos.
En esa materia, frente a este Honorable Congreso, hemos comenzado a cumplir lo anunciado el día de nuestra asunción.
El Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando de
modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en
concepto de prestamos y el destino que los mismos merecieron. Todos
hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el
desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero,
llevándose los recursos y dejándonose la carga de la deuda.
Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de
progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una
sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del
prestamista.
Debemos saber lo que pasó, quienes permitieron que ello suceda y
quienes se beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los
distraídos ante lo ocurrido porque el riesgo que acarrea tal distracción
es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias
generaciones de argentinos.
Nunca más a un endeudamiento insostenible.
Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo.
Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso.
Más allá de analizar lo ocurrido, hemos iniciado las negociaciones para
reestructurar la deuda pública. Con tal propósito, desplegamos una
intensa acción diplomática internacional, que tuvo como propósito
dialogar con lideres de países del mundo central sobre la dificil
situación que enfrentamos.
En todos nuestros encuentros, recogimos comprensión. Todos advierten que
Argentina es un país devastado por el endeudamiento y expresan un
profundo estupor frente a lo sucedido. Todos tienen la certeza de que
las clásicas recetas de ajuste y recesión no aliviaran nuestro pesar ni
nos permitiran crecer.
Quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar al Papa Francisco,
quien de modo singular y ante los líderes de las finanzas
internacionales, volvió a enfatizar su llamamiento a construir una una
economía con alma: ¨ Se trata –dijo- de ser capaces de sacarnos las
escamas de los ojos y de los corazones, para ver con una nueva luz estas
realidades de codicia e injusticia que claman a la tierra¨.
Los líderes de Israel, España, Francia, Italia y Alemania a quienes
entrevistamos, también manifestaron su predisposición a acompañar la
voluntad argentina de encarar una salida sostenible a la encrucijada del
endeudamiento externo.
El propio Fondo Monetario Internacional ha señalado que la deuda
argentina no es sostenible. De ese modo, nos ha dado la razón en lo que
hemos venido planteando con persistencia durante todo este tiempo.
En el tema de la deuda hay muchos intereses en juego. Hay gente con
intereses distintos a los del país, que no duda en juegar fuerte.
Esta es la hora de definir de qué lado va a estar cada uno. Nosotros
estamos del lado del pueblo. Agradecemos a la oposición el apoyo en el
Congreso para poder reestructurar la deuda. Más apoyos serán necesarios
si como país queremos salir bien parados de esta crisis de deuda
impagable. La aprobación legislativa de las políticas de endeudamiento
debería ser la regla para proteger a Argentina de los ciclos de
sobreendeudamiento en los que recurrentemente cae.
Algunos nos critican y nos piden más ajuste. No perdamos de vista que no
hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones. Más
ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades, más pobreza, más
desigualdad, más exclusión. No vamos a pagar la deuda a costa del hambre
y la destrucción de sueños de los argentinos y las argentinas. Nosotros
vamos a cuidar a nuestra Patria.
Con las autoridades del Fondo Monetario Internacional venimos trabajando
de forma constructiva. Han reconocido lo profundamente grave que es la
situación económica. Hay un creciente entendimiento mutuo, en una crisis
en la cual todas las responsabilidades son compartidas por el gobierno
que precedió al nuestro, por los bonistas y por el mismo FMI.
Preferimos una resolución ordenada a la crisis de la deuda y estamos
caminando en esa dirección. Pero lo más importante es que el acuerdo al
que lleguemos con los acreedores sea sostenible. Necesitamos un acuerdo
que le permita a Argentina ponerse de pie y no volver a caer. Eso es
innegociable.
Si queremos superar para siempre los ciclos de sobreendeudamiento,
debemos tomar compromisos que sí se puedan cumplir, en lugar de hacer
promesas sobre la base de escenarios maravillosos que nunca llegan y que
nos terminan dejando en una situación peor. Esa premisa será la base de
la oferta que le haremos a los acreedores en las próximas semanas.
Este proceso lo vamos a realizar con responsabilidad y con firmeza.
No sólo tenemos que evitar la dependencia económica de la deuda externa.
También debemos evitar la dependencia intelectual de la deuda externa.
Ningún acuerdo sostenible con nuestros acreedores externos será mágico
ni milagroso. Por más virtuoso que pueda resultar en la defensa de
nuestros intereses nacionales, no nos eximirá a nosotros, los
argentinos, del desafío de concertar el futuro con responsabilidad,
solidaridad y sostenibilidad.
La soberanía comienza por nuestra propia capacidad de concertar
prioridades estratégicas, en el marco de un nuevo Contrato de Ciudadanía
Social.
Necesitamos un programa de desarrollo integral para la próxima década
que tenga bien presente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
Argentina tiene que reconstruir su sistema productivo para evitar las
crisis macroeconómicas que provienen del sector externo. La política
industrial del siglo XXI va a tener como ejes a las universidades y
centros tecnológicos calificados.
La política productiva debe tener una fuerte orientación a impulsar las
exportaciones. Tenemos que salir del extractivismo y generar una
industrialización de base nacional, PyME y tecnológica, que permita
desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y
otras actividades.
Tenemos que insertar a la Argentina en la agenda 4.0, en donde el mundo
avanza a una velocidad enorme. También discutir cómo ponemos en valor la
industria de bienes de capital para el sector del petróleo, la minería y
el campo.
Por eso hoy vengo a proponer a la Nación y ante sus representantes
reunidos en esta solemne Asamblea Legislativa, un conjunto de acciones
colectivas para el período 2020/2021.
Iniciamos una renovada batalla nacional por el gas y el petróleo. Los
hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de nuestro
país. Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo
tecnológico y diversificado en todas las provincias argentinas,
motorizando la creación de empleos de calidad, el desarrollo local de
las comunidades, la innovación tecnológica, el desarrollo de nuevas
empresas y la incorporación de los desafíos de la industria 4.0.
Por eso, enviaré a este Congreso un proyecto de Ley para el desarrollo
del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la
inversión nacional e internacional en el sector y facilite el desarrollo
de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios que nos
permita crear cientos de miles de empleos directos e indirectos en los
próximos años.
En materia minera también tenemos grandes posibilidades pendientes, con
pleno respeto a estándares ambientales y participación social. En
particular, la minería metalífera y la del litio se presentan como
grandes oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas.
En materia industrial, hemos comenzado a trabajar en proyectos
estratégicos de movilidad sustentable y el fortalecimiento del programa
de Parques Industriales. Vamos a desarrollar planes estratégicos en
ramas industriales con participación de académicos, trabajadores y
empresarios, para poner en marcha de modo concertado el futuro de la
producción.
Estamos enviando una modificación de la ley de economía de conocimiento
para sectores intensivos en conocimiento, como software, biotecnología y
robótica. La Ley incorpora una perspectiva de género y federal para la
generación de empleo, facilita el ingreso de PyMEs, genera incentivos
para aumentar las capacidades de investigación y desarrollo y la
sustentabilidad ambiental en el sector productivo.
Necesitamos potenciar nuestro sistema de ciencia y tecnología.
Comenzamos en los primeros días ampliando los ingresos al CONICET y
aumentando sustancialmente los montos de las becas de nuestros jóvenes.
Vamos a revertir la tendencia a la caída presupuestaria observada en
Ciencia y Tecnología en los últimos años. Tengo el orgullo de haber
convocado al gobierno a numerosos científicos y científicas de
Argentina. Somos un gobierno con científicos, no con CEOS. Un gobierno
con la convicción de que el conocimiento es clave para las políticas
públicas y para el desarrollo.
Estamos dando pasos para una Argentina más Federal. Les expreso mi
agradecimiento a todos los gobernadores del país por la firma del
Consenso Fiscal que devuelve capacidad tributaria a las jurisdicciones,
fortaleciendo sus autonomías.
Hemos enviado a este Congreso de la Nación un proyecto de ley que
declara a 24 distritos argentinos (uno por cada provincia y dos en el
caso de Buenos Aires) como “Capitales Alternas de la República
Argentina”. Nuestro objetivo es descentralizar la Administración Pública
Nacional y promover un Plan de Desarrollo con Equidad Territorial,
mediante el cual se fortalecerán las estructuras económicas en las
provincias con planificación y financiamiento para infraestructura
productiva.
Nuestro Nuevo Contrato de Ciudadanía Social es claro en su rumbo económico.
En este proceso de desarrollo económico federal y en un marco de crisis
fiscal como el que vivimos, el campo debe ser un protagonista
importante. Los hemos convocado para que con su esfuerzo colaboren en la
lucha contra el hambre. Los horticultores, los productores de fruta, de
cereales, de carne o de leche tienen mucho que dar a los que necesitan.
Pero también deben hacer el esfuerzo aquellos que producen y exportan
porque tienen mejores condiciones en la Argentina de hoy.
Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Nos hemos ocupado de
mejorar las condiciones para que los productores del campo tengan un más
facil acceso al crédito. Hemos cuidado que el precio de los
combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada ayuda mucho a
la hora de comprar insumos.
Partiendo de alli, y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo,
hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las
exportaciones en la que solo se incrementa uno de un total de venticinco
cultivos que hoy estan afectados por esos derechos.
La propuesta que hemos sometido a consideración del sector, que además
preserva la situación de los pequeños productores, respeta en un todo
las condiciones que nos fueran impuestas por la Ley de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva. Ello resulta absolutamente favorable
para muchos cultivos pero particularmente para el desarrollo de las
economías regionales.
Yo aspiro a que esta vez, a través del diálogo, encontremos el camino
que nos conduzca a sostener el desarrollo y a preservar las cuentas
públicas.
Nuestro apego a la idea de lograr el desarrollo a través de la inversión
productiva y la generación del empleo es inquebrantable.
Queremos alinear los factores productivos para la creación genuina de
trabajo, el incremento de la productividad y la inserción internacional.
Queremos fomentar la generación de cadenas productivas globales que
mejoren nuestros procesos tecnológicos e impulsen el entramado de Pymes.
Queremos marcos tarifarios que permitan la inversión y la
competitividad de nuestra economía. Queremos reglas claras de inversión
que estén alejadas de abusos monopólicos y posiciones dominantes de
mercado. Queremos un sistema financiero que ofrezca créditos accesibles
para la producción y no fomente la especulción financiera.
Lograr construir esa nueva economía es una tarea colectiva y
cooperativa. No hay un Presidente salvador que pueda aplicar recetas
personalistas o fórmulas caprichosas. Queremos promover la Cultura del
Encuentro Productivo de toda la Argentina.
La tarea que tenemos por delante supone una ética de la convicción para
no renunciar a nuestros ideales y también una ética de la
responsabilidad para saber que la verdad es sinfónica, compuesta de
voces, intereses y miradas diversas.
Vamos a generar instancias para planear políticas de Estado, con un criterio transformador.
Para mi gobierno la concertación no es una acción burocrática sino una
convicción de vida. Acepté el desafío inmenso de ser Presidente de todos
los argentinos, porque estoy convencido del espíritu creativo de
millones de argentinos que sueñan y proyectan un gran país.
La agenda de un nuevo Contrato 2020/2021 se basa en responder de modo colaborativo y cooperativo a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro?
2. ¿Cómo atender la agenda urgente del cambio climático con adecuadas
herramientas de financiamiento de la infraestructura verde?
3. ¿Cómo atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos nacionales?
4. ¿Cómo afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces?
Es en este espíritu es que vengo a proponerle a esta Asamblea
Legislativa el tratamiento del proyecto de ley del Consejo Económico y
Social para el Desarrollo Argentino.
Soy consciente de que esta iniciativa supone una autolimitación a mis
facultades administrativas. Se muy bien que implica estar dispuesto a
abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático.
Quiero desplegar esos cauces, propiciar la llegada de un aire nuevo y
renovador. Durante demasiado tiempo nuestra democracia ha estado
asfixiada en el microclima de intereses mezquinos, de miradas
tecnocráticas o de pujas estériles. Los convoco a preservar, nutrir y
construir este Consejo para que se constituya en una plataforma de
sueños que pueden hacerse realidad.
En el proyecto que hoy sometemos al Honorable Congreso, el Consejo
Económico y Social para el Desarrollo Argentino estará integrado por
autoridades propuestas por el Poder Ejecutivo que cuenten con el acuerdo
del Senado Nacional y cuyos mandatos trascenderán la duración de un
período de gobierno.
Queremos que sea el motor no sólo de políticas de Estado, sino de
políticas de la sociedad. Los sectores del trabajo, de la empresa, de
los movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica
también serán convocado.
Los dirigentes y especialistas que estarán representando a los
diferentes sectores en el Consejo también compartirán una
responsabilidad histórica: ser creativos, movilizar propuestas de
excelencia, innovar, saber renunciar a miradas individuales cuando se
establecen iniciativas superadoras de conjunto. Supo decir Raúl Alfonsín
que nuestra democracia solo funcionará “cuando todos estemos dispuestos
a anteponer los intereses de la República a ideas particulares que
resultarían estériles si no se compatibilizaran con las del conjunto de
la sociedad”. Hagamos pues del debate, del renunciamiento y del acuerdo
esa mejor democracia que aun nos debemos.
Desde este Consejo tenemos que ser capaces, todos juntos, de diseñar la
agenda de futuro, ajena a la puja distributiva y a la coyuntura de corto
plazo. No pretendemos que desde su ámbito se discutan ni precios ni
salarios ni paritarias, elementos que estarán contenidos en la
institucionalidad ya existente del Consejo del Salario Mínimo Vital y
Móvil.
Las preguntas antes mencionadas serán nuestra propuesta de primera
agenda de trabajo para el Consejo, a desarrollarse durante el período
2020/2021, que contará con el acompañamiento técnico de la Organización
Internacional del Trabajo y de la Organización de las Naciones Unidas.
Apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional.
Como lo anuncié el día de mi asunción, tenemos la decisión irreversible
de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos de la
democracia.
Con ese propósito dispuse la intervención de la Agencia Federal de
Inteligencia. Allí terminamos con el oscurantismo que imperó en estos
años. Pusimos fin a la norma que tornó secreto el financiamiento del
organismo. La Sindicatura General de la Nación se sumó como contralor
público de la administración de la agencia. Ahora, como consecuencia de
todas esas medidas, más del 90 % del dinero que el gobierno anterior
había declarado como fondos reservados, se han transparentado y han
vuelto a ser públicos.
Debemos construir consensos para un nuevo diseño del Sistema de
Inteligencia Nacional. Mientras tanto, queriendo reponer el orden que se
ha perdido, esta misma semana que iniciamos dictaré un Decreto de
Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a
los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer
facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar
tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No
habrá excepción alguna que quiebre esa resolución.
Esa calidad institucional que pregonamos, solo se logrará si todos
ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a veintiseis años del atentado a
la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Investigaciones desclasificar
los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los
juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de
funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. Lo mismo haremos
con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el
tema.
De esta manera, a paso firme, estamos poniendo fin al secretismo con que
se manejan parte de los fondos públicos, a la influencia de la
inteligencia estatal en las investigaciones judiciales y a cualquier
forma de espionaje político interno.
Quiero anunciar también otra transformación que es complementaria a la anterior. La reforma de la justicia federal.
Como Presidente de la Nación, ante esta Asamblea Legislativa, vengo a
asumir un compromiso inquebrantable. En este tiempo de la Argentina en
el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de
jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de
la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes
inconfesables de cualquier naturaleza.
Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que
evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los
tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que
acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para
siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del
derecho.
Con tal propósito, propiciamos la creación de un nuevo Fuero Federal
Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdición en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De ese modo, los delitos contra la administración pública en los que
incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de
unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar
de magistrados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la
manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio
de los jueces federales ha permitido.
Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia.
Asimismo, de la mano de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio
penal, vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la
justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen
organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico,
especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe.
El reordenamiento que impulsamos tiene un profundo sentido federal:
consolida por un lado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con su
justicia penal local, y aumenta la actuación de jueces y fiscales en la
zona de Rosario y Santa Fe.
En esta última provincia, vamos a impulsar la creación de una nueva sala
y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario.
Para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del
código acusatorio, vamos a reforzar la creación de nuevos cargos
auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal
coordinador de distrito.
Propondremos la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una
defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar
orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero
y el narcotráfico.
En el ámbito de la justicia contencioso administrativa de la Capital
Federal, que resulta otra área clave para resguardar los intereses
patrimoniales del Estado y de todos los argentinos, también vamos a
impulsar una profunda transformación, que estará basada en su
unificación con los valiosos recursos existentes en el área de la
justicia civil y comercial federal.
Se trata de agilizar las causas, de evitar onerosas cuestiones de
competencia y de optimizar el funcionamiento de los mejores recursos
humanos del Poder Judicial.
Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y
el poder judicial, sean del color partidario que sean. No nos merecemos
como Argentina continuar con este deterioro.
Por eso, más allá de estas reformas puntuales que estaremos impulsando
en los próximos días, he decidido la conformación de un Consejo para
Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina.
Estará integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo
académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo
para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder
Judicial.
Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia;
repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del
Consejo de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados cumpliendo
el mandato constitucional; modernizar el código penal de la Nación; y
fortalecer el rol del Ministerio Público.
Todos los proyectos que proponga este Consejo serán enviados a consideración del Congreso de la Nación.
Honorable Asamblea,
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y violento no es
un show mediático, sino un compromiso estructural, sustentable y
permanente para mi Gobierno, que apunte a las raíces profundas de la
impunidad.
La política de Seguridad Interior no puede estar marcada por una mirada
centralista. La naturaleza del delito recorre múltiples factores, muchas
veces ignorados desde la capital. El objetivo que había sido enunciado
de reducir el narcotráfico fue más retórico que efectivo. Los operativos
crecieron, el narcomenudeo se expandió y la cantidad de drogas
secuestrada bajó.
Orientamos ahora a las fuerzas de seguridad federales a la destrucción
de las grandes redes criminales, para lo cual se fortalecerá la
inteligencia e investigación de delitos federales como el narcotráfico y
organizaciones delictivas.
El derecho a la seguridad es una obligación del Estado. Ese derecho a la
seguridad debe contener y proteger a todos y todas; debe atender
urgentemente a las y los más segregados.
Inauguramos un camino de prevención de la violencia a través de la
negociación de la conflictividad. Por eso apostamos al diálogo entre los
Jefes de las Fuerzas de Seguridad y las Organizaciones Sociales que han
contenido la conflictividad social en estos tiempos de emergencia y
angustia. Ese diálogo es un mojón en la elaboración de instancias para
mitigar la violencia. Se trata de anticiparnos a los conflictos, de
resolverlos de manera pacífica, evitando la criminalización de grupos o
sectores sociales.
Estamos convencidos de que el prestigio de las fuerzas se construye y se
sustenta en buenas prácticas, en el ejercicio profesional de sus
funciones, tal como definen las leyes y exige la democracia.
Lo anterior también cuenta para nuestra área de Defensa Nacional.
Venimos a reafirmar la conducción civil de la Fuerzas Armadas y de la
Política de Defensa, la adecuación del Instrumento Militar a las
funciones propias de las Fuerzas Armadas y el no involucramiento de las
FFAA en cuestiones de seguridad interior.
Celebramos que por primera vez en la historia tenemos Jefes de las
Fuerzas Armadas que pertenecen a la generación que ha egresado como
oficiales en pleno funcionamiento de la democracia.
Quiero dedicar un instante al hundimiento del submarino ARA San Juan.
Ha sido un hecho traumático que no solo ha generado un fuerte impacto al
interior de la Armada Argentina y en las 44 familias que sufrieron la
pérdida de sus seres queridos, sino que también ha marcado a la sociedad
argentina. Los 44 están presentes en los 44 millones de argentinos y
argentinas.
Vamos a honrar y mantener viva la memoria de los submarinistas ordenando el ascenso post mortem de cada uno de ellos.
Sobre aquel Estado deteriorado del que les hablé al iniciar estas palabras vamos a actuar para volver a ponerlo en valor.
Necesitamos un Estado activo, con nuevas capacidades. Y esas nuevas
capacidades tienen que ser reconocidas y promovidas a partir de las
mejores expresiones que hoy ya existen en la Administración Pública
Nacional.
Por eso, hoy vengo a anunciar el relanzamiento de un sueño de Raúl
Alfonsín, en los albores de nuestra democracia en 1983: el cuerpo de
administradores gubernamentales. Un cuerpo profesional de servidores
públicos formados con excelencia académica, con arraigo a la carrera
administrativa y con una mística de transformación del Estado para
ponerlo al servicio de la sociedad.
En el transcurso del período 2020 se convocará a una nueva edición
actualizada de dicha experiencia, a la que llamaremos Programa de
Innovadores de Gobierno. Vamos a lanzar un concurso nacional para
conformar un cuerpo profesional, estable y creativo entre los mejores
empleados públicos y entre los jóvenes de todo el país con vocación de
incorporarse al servicio civil, para que estén en condiciones de
impulsar cambios significativos en el Estado Nacional. Lo vamos a
convocar en el espíritu de dotar a ese cuerpo profesional de un
conocimiento de vanguardia a nivel mundial, con las mejores herramientas
tecnológicas, que se movilicen para promover cambios de calidad en el
sector público.
No podemos construir un Estado del siglo XXI con las herramientas de un Estado del siglo XX.
Tenemos que aplicar las mejores tecnologías como vanguardia de un cambio
cultural profundo en nuestra administración. Por eso he tomado la
decisión de crear la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las
Políticas Públicas. Cada peso que se gaste debe tener en el Estado un
sentido de productividad social, atendiendo en primer lugar a los
últimos, para llegar a todos.
Una de sus prioridades será medir el impacto de los programas que
cuentan con financiamiento internacional. La deuda pública externa que
se contraiga en el futuro no estará sujeta al capricho de los grupos de
presión o los tecnócratas, sino a la prioridad basada en evidencia
científica y necesidad social.
Esta Agencia de Evaluación de Impacto será el elemento central para
estar en condiciones de discutir un Presupuesto 2021, que garantice la
calidad de la inversión pública, que reoriente las prioridades de
inversión en cada Ministerio, que rediseñe prioridades estratégicas del
Estado Nacional, en consonancia con los Estados provinciales y
municipales. Necesitamos un gasto e inversión pública de mejor calidad y
precisión.
No hay Estado sabio con marañas burocráticas perversas. No hay Estado
social con laberintos normativos que castigan a los más humildes. El
Presupuesto 2021 tiene que constituir una épica de la sensibilidad para
todo nuestro Gobierno.
Un Estado activo es un Estado innovador, también para nuestras relaciones internacionales.
Nuestra política exterior tiene como propósito un dinamismo pragmático, en un mundo de soberanías multidimensionales.
Siempre tenemos como pertenencia y como horizonte a una América Latina
unida. Trabajaremos para fortalecer la institucionalidad democrática en
Sudamerica y en la región. Vamos a contribuir para que América Latina
encuentre su voz, expanda su agenda y reconfirme los principios. Nuestro
compromiso es dar continuidad a los valores esenciales de defensa de la
paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de
controversias, el apoyo al multilateralismo, el respeto al derecho
internacional y a los derechos humanos, la equidad de género y la
protección del medioambiente.
En materia de Mercosur, nuestra vocación es fortalecer una integración
regional y global que a su vez sea una integración social, productiva y
democrática de nuestros países.
Queremos también que el Mercosur mire hacia sus propios integrantes y
sus propios pueblos, y que profundice una integración dinámica de su
estructura en materia productiva, de garantía de inversiones, de compras
públicas, de mejora de trámites aduaneros, de armonización de
estándares laborales, sanitarios, ambientales y sociales. La integración
bien entendida comienza por el hogar común.
En el plano de la inserción global vamos a avanzar con una agenda sin
exclusiones en la que avancemos en esquemas de asociación con países
desarrollados, con países emergentes y con países en desarrollo. Por
eso, al tiempo que hemos abierto nuevos canales de diálogo con potencias
de América y Europa estamos trabajando activamente en reafirmar
nuestras asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia.
Nuestro hogar común tiene también una herida sangrando en lo más
profundo de nuestro sentimiento soberano: la usurpación de Islas
Malvinas, Georgias del Sur, y Sandwich del Sur.
Enviaré tres Proyectos de Ley para afianzar la soberanía territorial de la República Argentina.
En primer lugar, la “Creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Espacios
Marítimos Correspondientes”, que será plural y asegurará políticas de
Estado a mediano y largo plazo. Contará con representantes de la
oposición política, del mundo académico y jurídico, de la provincia de
Tierra del Fuego y de los ex combatientes.
En segundo término, el “Proyecto de ley sobre la demarcación del límite
exterior de la plataforma continental argentina” que contribuirá a
consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y
subsuelo. La adopción de la ley y la publicación de las coordenadas de
la plataforma continental argentina incrementarán la seguridad jurídica
para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la
exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies
sedentarias. Esta ley cristaliza el reconocimiento realizado por las
Naciones Unidas en 2016 y 2017 al trabajo que nuestro país viene
realizando hace más de dos décadas a través de la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, como ejemplo de Política
de Estado.
Finalmente, la modificación del Régimen Federal Pesquero (Ley N° 24.922)
para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en los
espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas donde nuestro
país tiene soberanía sobre recursos vivos marinos (lo que incluye las
Islas Malvinas).
Quiero hablar ahora de los desafíos que tenemos como sociedad para
terminar con algunos privilegios y para ampliar derechos ciudadanos.
Empecemos por nuestro sistema previsional.
Hemos encontrado un ANSES desfinanciado por la destrucción de fuentes de
trabajo, la caída en el salario real y los cambios impositivos. A ello
se sumó el hecho de que el Estado Nacional entre 2016 y 2019 se financió
con los recursos de los jubilados, haciendo que al momento de nuestra
llegada al gobierno casi el 70 % del Fondo de Sustentabilidad estuviera
compuesto por bonos públicos.
Por el cambio del Índice de Movilidad Jubilatoria dispuesto en diciembre
de 2017, los jubilados perdieron entre diciembre de 2015 y diciembre de
2019 el 18,5 % de sus haberes en términos reales. Asimismo, la
desigualdad entre los haberes se incrementó hacia el interior del
universo de los jubilados. De ese modo, mientras que el 40 % de aquellos
que menos ganan perdió un 22 % de su poder de compra en los últimos 4
años, el 20% que más gana mejoró un 1% su poder adquisitivo. Es decir,
la mayor parte del ajuste recayó sobre los sectores más vulnerables.
Las decisiones que tomamos desde nuestra asunción han beneficiado al 85 % de los jubilados, pensionados y titulares de la AUH.
La crítica situación del sistema jubilatorio nos obliga a evitar mayores
inequidades. En la Argentina ya no hay lugar para los privilegios.
Por eso enviamos el Proyecto de Ley de Modificación de los regímenes
jubilatorios especiales del Poder Judicial y del Ministerio Público de
la Nación y del Servicio Exterior de la Nación. Nos proponemos, y más
aún en el contexto de la emergencia en el que estamos, fortalecer el
carácter redistributivo y solidario del sistema previsional,
considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema
único, asegurando la sustentabilidad en el largo plazo.
Vamos a enmendar los desequlibrioo internos del sistema y a fortalecer su solvencia y su credibilidad social e institucional.
La Argentina necesita salir adelante y el esfuerzo tiene que ser de cada uno según su posibilidad.
La democracia se sostiene en derechos. La democracia es igualdad y libertad, no es ni puede ser privilegio.
Quiero ahora abordar un tema que llevamos mucho tiempo debatiéndolo
entre nosotros. Se que para muchos, es un tema que tiene profundas
implicancias personales.
La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos
diversos. Distintos son los desafíos que enfrentan las mujeres que
desean tener a su hijo de aquellos que asumen las que deciden
interrumpir el embarazo.
Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos
procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud.
La legislación vigente no es efectiva. Desde 1921 la Argentina penaliza
la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las
situaciones. Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo
ineficaz que resulta la norma desde un criterio preventivo. Está visto
que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena
prevista para el aborto y que recurren a el para interrumpir sus
embarazos.
La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente
demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma.
También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escazos
recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta
clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma
Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y
es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en
un debate como este.
Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y
obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI toda sociedad
necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer
libremente de sus cuerpos.
Por eso, dentro de los proximos diez días, presentaré un Proyecto de Ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el
tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema
de salud cuando toman la decisión de abortar.
Simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un
contundente programa de educación sexual integral y prevención del
embarazo no desaedo.
Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en
situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la
presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y
primeros años de crianza.
El Estado debe estar presente en esos tres momentos trascendentales de
la familia para acompañar y brindar cuidado y protección: durante el
embarazo de la mujer, en el nacimiento del hijo o hija y en el
desarrollo de la primera infancia del recien nacido. Para ello
necesitamos un Estado activo, con fuerte presencia, capaz de articular
políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que
necesitan su apoyo.
En nuestro país existen ya numerosas políticas públicas para entender
estas necesidades. Ahora necesitamos una coordinación más efectiva de
ellas para optimizar sus beneficios.
Seremos ambiciosos y buscaremos alcanzar un mayor número de mujeres y
niños o niñas nacidas a fin de evitar la desproteción del Estado.
Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso
Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días, para
garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de
la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de
vida.
Por esa via queremos reducir significativamente las tasas de mortalidad y
desnutrición, proteger los vinculos tempranos, el neurodesarrollo y la
salud de madres e hijos de manera integral.
Estamos seguros que de este modo estamos ampliando los derechos de la
mujer y dando protección a las que necesitan más apoyo en el momento del
embarazo.
Así como lo hacemos con los derechos ciudadanos, hemos recuperado la
centralidad de los Derechos Humanos en la gestión de gobierno.
Con nuestra llegada, hemos encontrado un panorama de desidia y abandono.
La gestión anterior dejó sin responder al menos 120 casos ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 75 % tiene el
plazo de respuesta vencido. Cuando el Estado no responde alguna de esas
peticiones las consecuencias pueden incluir la pérdida del derecho de
defensa, graves perjuicios económicos o una situación de riesgo para la
vida e integridad física de alguna víctima sin atender. Llama la
atención además que la falta de defensa de Estado incluye peticiones
presentadas por personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
Fuera de ello, no se otorgaron los insumos básicos para el normal
funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria. Se incumplió el envío
de fondos al Equipo Argentino de Antropología Forense, que debió
suspender tareas como la identificación de los soldados de Malvinas, la
búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la colaboración en casos de
femicidios, trata de personas o desapariciones actuales.
La defensa de los derechos humanos no es la columna vertebral de un
Gobierno, sino la columna vertebral de la República Argentina en su
conjunto.
Sin memoria, verdad y justicia la Argentina no se puede poner realmente de pie.
Vamos a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los
crímenes de lesa humanidad. Queremos asegurar con celeridad, el papel
que históricamente le correspondió al Estado en cuanto responsable de
las políticas públicas que garanticen el proceso de memoria, verdad y
justicia.
En el contexto de la Ley Nacional de Sitios de Memoria, queriendo
preservar el recuerdo colectivo del horror de la dictadura, vamos a
impulsar la creación del espacio de memoria El Campito, en Campo de
Mayo, por donde pasaron más de 5.000 víctimas.
Vamos a trabajar para fortalecer el rol de sujetos de derechos de los
pueblos originarios y de las comunidades de migrantes, tal como lo
establece nuestra historia y nuestra legislación.
Junto con las organizaciones y las comunidades se desarrollarán
estrategias que terminen con la mirada estigmatizante, la acción
persecutoria y los discursos de odio.
Los temas de género también ocupan un espacio en nuestra agenda de
gobierno. Deseo mencionar tres cuestiones relevantes sobre la materia.
En primer término, seguiremos adelante con la implementación y
cumplimiento efectivo de la Ley Micaela para la formación y capacitación
del sector público en materia de género y violencias por razones de
género, incluyendo la capacitación del presidente de la Nación y altas
autoridades del Poder Ejecutivo.
Durante este ejercicio, lanzaremos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-2021.
Con ese espíritu, relanzaremos la Línea Nacional 144 para la atención,
contención y asesoramiento telefónico a personas que atraviesen
situaciones de violencia por razones de género.
Enviaremos el proyecto de Ley para la ratificación del Convenio N ° 190
sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo. Es una expresión
unánime de la comunidad internacional contra la violencia de género y el
acoso en el mundo del trabajo.
Honorable Asamblea, querido Pueblo Argentino,
Mañana comenzarán las clases normalmente en casi todo el país.
Esto es fruto de diálogos, comprensión y acuerdos como los que queremos
implementar. En Educación nuestro objetivo es democratizar el acceso al
conocimiento y lograr romper las desigualdades de cuna con que ingresan
al colegio nuestros chicos y nuestras chicas.
Para ello, es fundamental garantizar el efectivo cumplimiento de las
leyes vigentes cuyos consensos fueron construidos por todos los partidos
políticos con representación parlamentaria.
Nos referimos a las Leyes programáticas que trazan horizontes claros
como la Ley de Financiamiento, la Ley de Educación nacional o la de
Educación Técnica. Leyes que empezaron a incumplirse hace cuatro años.
Educar, educar y educar para que haya futuro.
Escolarización temprana que garantice un mejor rendimiento en la
trayectoria educativa. Una escuela primaria que sea un espacio de
transferencia y creación de conocimiento. Un colegio secundario que se
extienda para alcanzar a los jóvenes con mayores dificultades.
Articularemos con entidades deportivas y centros culturales para que
nuestros adolescentes estén más tiempo contenidos; queremos extender esa
cobertura. Con los escasos recursos actuales buscaremos que cada
adolescente tenga sus libros y tenga una computadora, como condición del
ejercicio de la ciudadanía.
Nuestras universidades son una instancia central de la democratización
del acceso al conocimiento. Proponemos iniciar el debate de una nueva
Ley de Educación Superior que permita fortalecer nuestro sistema
universitario. La gratuidad y el acceso irrestricto a la universidad son
el punto de partida. Fortalecer el vínculo de la universidad con la
comunidad y el sector productivo es central para garantizar el
desarrollo territorial.
Deseo informarles asimismo que en breve estaremos poniendo en marcha,
tal cual lo anuciamos el 10 de diciembre, un proceso de reconversión de
la publicidad oficial, que insumía millonarios recursos públicos.
La reorientación de la misma hacia contenidos educativos ha disparado un
proceso creativo inédito entre los medios de comunicación privados y el
Estado. Agradecemos esa creatividad de las ideas y propuestas
recibidas, que resulta potenciada por un trabajo plural en conjunto con
la Secretaría de Medios y el Ministerio de Educación.
Por otra parte, estamos poniendo en valor a los medios públicos
garantizando a partir de ellos, contenidos de calidad y pluralidad de
ideas para llegar de forma igualitaria a todas y todos. Estos también
serán la punta de lanza en la épica educativa que hemos encarado en
materia de contenidos.
A favor de la preservación de las condiciones de vida de nuestro pueblo,
queremos construir una Argentina medioambientalmente sustentable.
Por eso, ya derogamos el decreto que permitía el ingreso de residuos al
país. Las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, el
fortalecimiento en la implementación de la ley de Bosques, el despliegue
de un plan federal para la erradicación de basurales a cielo abierto,
la implementación del plan de ciudades sustentables y el desarrollo de
experiencias de producción agroecológica de alimentos apuntan en esa
misma dirección.
Llevamos ochenta y un días de gestión. Casi nos queda todo el mandato por delante.
En este tiempo, hemos alcanzado nuestros primeros logros. Pero seré
sincero: advierto que atravesamos un camino que tiene obstáculos.
Tal vez un ejemplo permita explicar mejor aquello de lo que hablo. Soy
consciente que hemos avanzado poniendo cierto freno a la inflación que
recibimos. Pero sinceramente también se que necesitamos dejar atrás la
maldita inercia de la remarcación. Está en la responsabilidad social de
cada uno de nosotros ponerle fin al vicio inflacionario.
Muchas veces, son los cultores de esas prácticas los primeros en
levantar el dedo acusador y señalar problemas en un país donde no faltan
dificultades reales que están a la vista de todos.
Aun asi, hay un obstáculo que a mi juicio resulta ser el mayor de todos. Otra inercia, en este caso cultural e histórica.
A diferencia de la inmensa mayoría de los argentinos, hay quienes
todavía no comprenden que todos estamos subidos a un mismo barco. Que
nuestra suerte será la misma como país y como sociedad. Y que por eso
necesitamos trabajar conjuntamente. Todos unidos.
Poner a la Argentina de Pie requiere que reconozcamos la importancia del
equilibrio. Del equilibrio económico, social, ecológico, federal. Vengo
a proponer que reconstruyamos los equilibrios que nunca debimos perder.
El equilibrio no es neutral ni indiferente. El equilibrio es
restablecer prioridades. Equilibrio significa integración social,
justicia y democracia.
Sabemos que cuando decimos “primero los últimos” estamos marcando que hay necesidades que reclaman ser atendidas.
Sabemos que ello nos obliga a definir prioridades y que de ese modo
aparecen sectotres que deben esperar que posteriormente la recuperación
los beneficie.
Sabemos que hoy en Argentina tener mejores ingresos no es lo mismo que
tener grandes ingresos en esa amplia clase media de la que muchos somos
parte.
Y sabemos también que este rumbo permitirá recuperar en Argentina la movilidad social ascendente que nunca debió perder.
Queremos agradecer a todos los sectores sociales. Al Movimiento Obrero
Organizado. A los Movimientos Sociales en su diversidad. A los
empresarios y sus diferentes organizaciones.
Les he dicho que hemos encontrado grandes dificultades, pero justo es
decir que también hemos encontrado buena voluntad y comprensión en
sectores representativos de nuestra sociedad.
Todo esto de lo que hoy hablamos, está ocurriendo en el mismo momento en
el que se cumplen 250 años del nacimiento y 200 años del fallecimiento
de Manuel Belgrano.
Quiero invitar a todas y todos, sin excepción, a que hagamos de este
2020 un año singular para la memoria colectiva. Quisiera que el recuerdo
de Belgrano nos convocara a la celebración plural en cada lugar del
país. Y sobre todo que recordemos y homenajemos a un prócer de excepción
que luchó por los destinos de la Patria, comprometido como pocos con
nuestra independencia, con la producción y con la educación. Alguien que
tuvo ideas de avanzada para su época y una conducta absolutamente
signada por la honestidad y la entrega.
Los fundadores de esta Patria han sabido muy bien de sueños, de
compromisos y de dificultades. Y gracias a ellos hemos tenido grandes
logros. Ninguna situación de crisis debería hacernos olvidar de los
grandes avances productivos, educativos, científicos y democráticos que
la Argentina ha tenido a lo largo de su historia. En estos momentos,
necesitamos tener más presente que nunca la memoria de esos hombres y
esas mujeres que dejaron todo por el futuro del país.
Como Presidente de los argentinos, hago una invitación a trabajar en
este rumbo a todos los sectores sociales, a todas las provincias, a
todas las fuerzas políticas.
El futuro está en nuestras manos y es con todos.
Como decía Manuel Belgrano, solo la unidad del pueblo “es capaz de sacar
a las naciones del estado de opresión”. Y agregaba: “La unión es un
valor inestimable en una nación para su general y particular felicidad”.
Entendamos, de una vez y para siempre, que en las crisis las banderías
políticas deben ceder. Que todos los argentinos estamos a bordo de un
mismo barco y que en la crisis, como supo decir Perón, para un argentino
no pude haber nada mejor que otro argentino.
La solución de nuestras frustraciones sociales no dependen solo de un
presidente. Dependen de nuestra vocación social de superarnos y de ser
mejores.
Hay una Argentina mas justa que nos debemos. Está en nuestras manos poder construirla.
De este modo doy por inaugurado el presente ciclo legislativo.
Muchas gracias.
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