Es que, según observa la justicia, Edenor, Edelap y Edea contrataron a un grupo de pequeñas empresas que terminaron desviando cientos de millones de pesos en los últimos cuatro años, en base a información de fuentes judiciales y empresariales en las últimas dos semanas.

Las tres empresas contrataron entre 2015 y 2019 a un grupo de Pymes controladas por las mismas personas para que realizaran trabajos menores en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia: pozos, cableado y reparación de veredas, entre otros servicios. En ese lapso de tiempo, este grupo de pequeñas empresas permitieron fugar del sistema al menos unos $ 900 millones, de acuerdo con la investigación en curso,  y que  regresaron "en negro al cliente".

La causa está en manos del juez federal número 1 de San Martín, Emiliano Canicoba, quien hace días ordenó allanar Edenor y la auditora internacional PwC (ex PriceWaterhouseCoopers, también conocida como Price). El magistrado se basó en un informe preliminar de la AFIP, que detectó que este grupo de proveedores no solo estaba facturando servicios millonarios a Edelap y Edea, sino también a Edenor.

Como prueba, el juez tiene en sus manos escuchas telefónicas, e-mails y documentación, secuestrados durante allanamientos que permitieron reconstruir este circuito. Tanto Edenor como Edelap y Edea negaron haber participado en la operación y apuntaron a estos proveedores “infieles” que habrían “inflado sus costos”.

A esta altura ya no es sorprendente, pero los accionistas de estas tres eléctricas están vinculados entre sí. Edenor es controlada por Pampa Energía. En 2012, el accionista Alejandro Macfarlane dejó Edenor, pero se quedó con Edelap y Edea. Luego, en 2017, vendió ambas a otro ex accionista de Pampa, Rogelio Pagano. Es decir, los dueños y ex dueños de Edenor, Edelap y Edea formaron un mismo grupo económico durante años. Actualmente, las tres compañías están siendo investigadas por utilizar los mismos proveedores sospechados.

CÓMO ES LA MANIOBRA

El grupo de pequeñas empresas se presentaba y operaba como lo que se denomina “usinas mixtas de facturas falsas”. Se trata, en la jerga y la metodología para este tipo de operaciones, de un paso “evolucionado” en las maniobras de las típicas “usinas” de facturas apócrifas, que consistía en crear empresas completamente falsas y sellos de goma.

En este caso, las usinas mixtas, son empresas reales. Los proveedores investigados son compañías inscriptas oficialmente y con empleados registrados.

El negocio que emprenden es simular que estas empresas pequeñas tienen más capacidad de servicios de la que realmente tienen, explicó uno de los investigadores del caso. Así facturan, por ejemplo, por 10 veces más de lo que en realidad pueden y están vendiendo. ¿Qué pasa con los 90 pesos que sobrarían de cada 100 facturados? Regresan en negro al cliente que el total en blanco, explica la fuente del caso.

Por eso Vidal echó, literalmente, al juez en lo Contencioso y Administrativo, Dr. luis Arias, quien frenó los tarifazos en energía, y ese fallo iba en contra de los intereses de Rogelio Pagano, socio de Macri y Vidal misma, quienes fueron los jefes de la banda que saqueó a la Argentina durante cuatro años.