Por primera vez en la penosa historia de la fuga de divisas y la evasión
fiscal en la Argentina, el gobierno estaría a un paso de poder reclamar
el pago de impuestos, intereses y multas sobre fondos de residentes
locales depositados en el exterior sin declarar.
La AFIP tiene en
análisis 950 cuentas por un monto global que supera los 2600 millones de
dólares, cuya propiedad no fue informada por sus dueños en las
declaraciones juradas del impuesto a los Bienes Personales. Son cuentas
en el exterior que, en todos los casos, presentan saldos de más de un
millón de dólares, lo que indica que se trata de individuos o familias
de grandes fortunas.
Se trata de una base de datos que el gobierno
recibe como parte de un convenio internacional de intercambio de
información fiscal, en el marco de la OCDE, que estaba a disposición de
las autoridades nacionales desde hace más de dos años, pero que bajo el
gobierno de Macri ni siquiera se consultó para fiscalizar
dichas cuentas y recuperar los fondos de una casi probada evasión.
Ahora, el equipo técnico del organismo, a cargo de Mercedes Marcó del
Pont, inició en enero el proceso de desencriptado y procesamiento de la
información, para determinar la deuda fiscal y avanzar en la
recuperación de esos millonarios (en dólares) recursos para las arcas
públicas.
"Deben ser no menos de 300 mil millones de dólares de propiedad de
argentinos, los que están en el exterior; si detectaron estos 2600
millones, es importante porque es un primer paso", comentó un destacado estudioso del tema, con pedido de reserva de su nombre. En
realidad, no son sólo 2600 millones.
El "paquete de información" que
está en manos de la AFIP agrupa a decenas de miles de cuentas
(probablemente muchas decenas), de las cuales el trabajo de
fiscalización seleccionó a aquellas con saldos superiores al millón de
dólares. Conjunto de "cuentas más significativas" que se están
analizando bajo supervisión del subdirector general de Fiscalización,
Julián Ruiz.
Una primera precalificación entre las 950 cuentas analizadas permitió
diferenciar tres tipos de casos: 1) contribuyentes que declararon tener
la cuenta o las cuentas en el exterior pero por un monto menor al que
ahora se conoce; 2) contribuyentes que en su declaración jurada de
Bienes Personales dijeron no tener activos afuera del país, y 3)
titulares de las cuentas ahora conocidas que no presentaron siquiera
declaración de Bienes Personales. En la primera categoría hay
aproximadamente 250 titulares de las cuentas (subdeclarantes). Las dos
categorías últimas (titulares de cuentas no declaradas) suman unos 700.
La información que la AFIP puede obtener de los informes que recibe
de las agencias fiscales de otros países adherentes al acuerdo, le
permite conocer el saldo de las cuentas a determinada fecha, su
composición (dinero efectivo y otros activos financieros, ya sea
títulos, colocaciones, etc) y el nombre del titular o beneficiario
final.
Este último caso está referido a cuentas que están a nombre de
una sociedad o fideicomiso pero que permiten conocer a la persona
beneficiaria que está detrás. "Es un modo de ocultamiento primario que,
en este caso, es permeable a la detección del beneficiario final; en
otros casos, la ingeniería financiera es más compleja y se crean
empresas fantasma a nombre de un trust o consorcio cuyos directores
tampoco son reales: en ese caso es más difícil encontrar al beneficiario
final nada más que con la información que te brinda una agencia oficial
en el extranjero", describió un especialista con larga experiencia en
el tema.
El acuerdo multilateral de la OCDE establece que los países
adherentes intercambiarán la información cargándola a un sitio de ese
organismo, el cual se habilita acumulando las novedades una vez al año.
Estados Unidos no adhirió, por lo tanto no informa acerca de los
depósitos e inversiones financieras de extranjeros en su territorio, lo
cual para Argentina es una lamentable falencia, dado que se sabe que es
una plaza preferida por los evasores y fugadores locales. Otras plazas
que suelen ser opción para los capitales argentinos en fuga, según lo
revelan diversos estudios, son Suiza, Panamá y Uruguay, países que sí
participan del intercambio de información en la OCDE.
Este mecanismo de intercambio fue puesto en marcha en 2017, por lo
cual ya habría habido tres cargas anuales al sistema posteriores al
blanqueo o regularización de marzo de ese mismo año. Sin embargo, esta
información no fue utilizada por el gobierno anterior con fines de
fiscalización, pese al entusiasmo que mostraba Alberto Abad (titular de
la AFIP hasta marzo de 2018) por utilizar este instrumento contra los
que no se adhirieran al blanqueo. Al menos, así lo manifestaba antes del
blanqueo, como forma de incitar a la adhesión al mismo. El sistema
tampoco fue consultado por su sucesor, Leandro Cuccioli, que ocupó el
cargo desde abril de 2018 a diciembre del año siguiente.
El trienio 2016 a 2018 fue particularmente intenso en materia de fuga
de capitales, marcando récords históricos en la formación de activos
externos registrados, pero también en operaciones de "shadow banking" o
banca en las sombras, fuera de registro y de otras obligaciones legales.
La fuga de divisas constituye uno de los mayores condicionantes que
impiden el desarrollo argentino, porque le restan recursos a la
inversión y promueven las recurrentes crisis externas o de divisas tan
comunes en el último medio siglo, al menos. Marco del Pont es,
justamente, una de las investigadoras que más ha profundizado en el
tema.
Desde la AFIP se planteó esta investigación sobre cuentas no
declaradas como parte de "la estrategia de la actual gestión para
ampliar la base imponible del impuesto a los Bienes Personales, uno de
los más progresivos del sistema tributario argentino". Esta es la
primera etapa del trabajo. Luego vendrá el análisis de las cuentas de
menos de un millón de dólares, que por su voluminosa cantidad
representarían una cifra acumulada muy superior a los 2600 millones de
dólares que ahora están bajo la lupa.
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