Las operaciones de inteligencia están siendo investigadas en doce causas
judiciales distintas. Aquí, el detalle de los personajes, los
organismos y la mecánica puesta en juego para espiar a opositores,
aliados y periodistas.
El grupo de espionaje ilegal Super Mario Bros reportaba, por una vía, al director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),
y por otro lado, a través del secretario personal, directamente a Macri. El falso abogado Marcelo D'Alessio, que espiaba y armaba
causas judiciales, también reportaba a través de dos comisarios a la
AFI y se manejaba con el aparato judicial y mediático. Las cámaras y
micrófonos colocados en el penal de Ezeiza para espiar ilegalmente a los
detenidos, sus abogados y familiares, reunían material que recolectaba
el Servicio Penitenciario Federal y lo mandaba a la AFI, que a su vez lo
distribuía en programas de periodistas amigos.
El espionaje al
Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner lo
hacía directamente la AFI; los mails de políticos opositores se
hackeaban desde la AFI; los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20
fueron investigados por la AFI; mientras que al juez Luis Carzoglio dos
funcionarios de alto rango de la AFI le exigieron que detuviera a Hugo y
Pablo Moyano. Todo este entramado está siendo investigado en doce causas judiciales distintas y demuestra que no hubo maxiquioscos ni patrullas perdidas que hacían operaciones, sino una política instrumentada por el gobierno de Macri. La estrategia consistió en tapar la feroz política económica,
la fuga de divisas, el endeudamiento, el aumento de tarifas, la
inflación. Y cubrir todo con el producto de operaciones de inteligencia,
denuncias explosivas, armado de causas judiciales y show mediático.
Primeros
El primer detenido --el ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz-- y el primer arrepentido --uno de los agentes que supo del espionaje al instituto Patria y el domicilio de CFK-- se produjeron en la causa que instruye el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
El expediente se inició de manera escandalosa.
Un agente de la AFI dijo que escuchó a dos personas en la plaza de
Avellaneda. En el diálogo, los desconocidos dijeron que se venía la
cumbre del G-20 (noviembre de 2018), que por lo tanto las fuerzas de
seguridad estaban ocupadas y que era buen momento para atentar con CFK.
Dado
que los individuos --que nunca se supo quiénes eran ni en qué fuerza
"anarquista" militaban-- mantuvieron el supuesto diálogo en Avellaneda,
"correspondía" hacer la denuncia en Lomas de Zamora. El magistrado
interviniente, Federico Villena, autorizó que se protegiera a CFK, claro
que nadie le avisó a la expresidenta y todo se hizo de manera
clandestina. O sea que el diálogo de la plaza no existió, la denuncia
fue trucha y todo consistió en una burda maniobra para espiar a CFK y
determinar con quién se reunía y con quién hablaba. Villena dice que fue
engañado por la AFI, se excusó en la causa y será testigo.
Trotyl I
En el juzgado de Villena, mientras tanto, se investigaba una banda de narcotraficantes que, entre otros, manejaba un tal Sergio Verdura Rodríguez. El individuo terminó detenido y contó que un abogado lo había reclutado para hacer "trabajitos" para la AFI.
Por ejemplo, colocar una caja con trotyl en la puerta de un edificio de
la avenida Callao, donde había vivido un secretario del Ministerio de
Defensa, José Luis Vila.
El seguimiento a Melo confirmó que
visitaba varios puntos de venta de droga, pero no resultaba fácil
constatar que participó de la amenaza --el trotyl no estaba preparado
para explotar-- contra Vila. Sin embargo, en el celular del abogado se
encontró un archivo llamado susto.ar sobre la amenaza al
exfuncionario. Ante la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de
Inteligencia, cuyo titular es Leopoldo Moreau, Melo admitió que
trabajaba para la AFI y para un grupo de espías que se autodenominaba
Super Mario Bros, aunque negó su participación en lo del trotyl. Lo
encontrado en su celular le jugará en contra.
Trotyl II
La
operación contra Vila tiene su propia causa judicial, que instruye el
juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py. El magistrado entendió que debía
seguir investigando el juzgado de Lomas porque detrás de la amenaza hubo
una organización más vasta integrada por narcos y agentes de la AFI y
las operaciones empezaron antes.
Pero el aparato de Comodoro Py, siempre del lado de Cambiemos, jugó sus fichas.
El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión de Ramos y el camarista
Rafael Llorens le dio la razón: dijo que el expediente debía quedar en
Py. Ahora parece que Marijuán pide toda la causa de Lomas: el edificio
de Retiro no quiere que nadie investigue sus vínculos con la AFI y el
show mediático.
Super Mario Bros
La trama narco-inteligencia de Verdura
y Melo llevó al análisis de los teléfonos de este último y la actuación
del grupo de la AFI denominado, como su grupo de whatsapp, Super Mario
Bros. En escena aparecieron entonces otros dos integrantes principales
de la banda, los policías Leandro Araque y Jorge “El Turco” Sáez, este
último con paso por el Servicio Penitenciario.
En el celular
de Araque, que llevaba seis meses secuestrado en un juzgado, se
encontraron unos 2500 archivos de seguimientos y escuchas a políticos
macristas, opositores, periodistas, dirigentes gremiales y hasta el
obispo Jorge Lugones, amigo del papa Francisco. Como frutilla del postre, también espiaron a Florencia Macri, la hermana menor de Mauricio, y a su pareja, Salvatore Pica. Todo
se hizo con el mismo cuento: que era para proteger a la chica, claro
que sin avisarle. En cambio, contactaron a un arquitecto que estaba
haciendo reformas en una casa de enfrente y desde ahí sacaban fotos y
vigilaban.
Lo mismo hicieron hasta con los propios aliados de Macri, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot. El objetivo fue ver con quién se reunían.
Los
jefes de Super Mario Bros recibían órdenes de Alan Ruiz --detenido en
la otra causa--, que a su vez decía obedecer a Gustavo Arribas, titular
de la AFI. Pero el grupo también se reunía en Casa Rosada con Susana
Martinengo, coordinadora de Documentación Presidencial. Hay escuchas que
indican que Martinengo le pasaba los informes a Darío Nieto, secretario
presidencial, y éste a Macri.
Cables
Las andanzas
del expenitenciario Jorge “El Turco” Sáez hicieron que la mirada del
juez Villena se posara rápidamente en el Servicio Penitenciario Federal
(SPF), porque Super Mario Bros evidenciaba relaciones con el SPF. A
través de una penitenciaria que se presentó en el juzgado fue quedando
en claro que el Area 50, inteligencia del SPF, y la Dirección de
Seguridad, se había concretado una enorme operación de espionaje sobre
los detenidos --ex funcionarios del gobierno de CFK y empresarios-- en
el penal de Ezeiza, también en Melchor Romero y posiblemente en Marcos
Paz. El juez ordenó los allanamientos y se encontraron cables y restos
del tendido de espionaje.
Toda la operación fue siniestra: se
espiaba a los presos en sus celdas, en los salones donde se reunían con
los abogados y hasta en los encuentros con sus parejas y familias. Había
una clasificación de cada uno de los detenidos --semáforo rojo,
anaranjado o verde, según su importancia-- y un protocolo que le
indicaba a los agentes que debían informar si había quiebres en la
familia, peleas en las parejas, las tácticas de la defensa y las
estrategias empresarias.
El objetivo era quebrar a una parte de
los detenidos, lograr que se "arrepientan" y declaren contra CFK o
contra el peronismo, y en el caso de los empresarios, que entreguen sus
empresas.
Celda
En la causa de Lomas se confirmó que uno de los objetivos de Macri y de la AFI macrista era meter presos a Hugo y Pablo Moyano.
El expresidente decía que los camioneros encarecían la logística
argentina y, desde una mirada empresaria, apuntaba contra los dirigentes
gremiales con las herramientas que fueran: judiciales, de espionaje y
mediáticas. Al punto de que el juez Villena encontró evidencias de que ya se había preparado una celda, con cámaras y micrófonos ocultos, para alojarlos.
El
abogado Facundo Melo, de Super Mario Bros, contó que se tuvo que ir de
la AFI porque no estuvo dispuesto a obligar a uno de sus defendidos,
barrabrava de Independiente, a declarar contra los Moyano.
En la
semana que pasó, Pablo presencialmente y Hugo por Zoom, estuvieron con
el juez Villena. El dirigente camionero y su abogado, Daniel Llermanos,
explicaron que vieron grabaciones, seguimientos y hasta el armado de
material de programas de televisión --con mano de obra de la AFI y el
Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich-- que luego fue puesto al
aire por el periodista Luis Majul.
Como ya se conoció en su momento, el juez Luis Carzoglio denunció una maniobra de la AFI con
el mismo contenido: dos altos cargos de la central de espías, el
director de Legales, Sebastián “El Enano” De Estéfano y el director de
Finanzas, Fernando Di Pasquale, fueron a ver al magistrado para que
firmara una resolución para detener a Pablo Moyano. El texto estaba
escrito y la presencia de Di Pasqueale sugiere que tal vez iban a
ofrecerle dinero. La insólita visita de ambos directores en el juzgado
de Carzoglio fue reconocida por Arribas en el Congreso.
Trucho
El
falso abogado Marcelo D'Alessio también reportaba a Arribas, aunque con
intermediarios. Su trato cotidiano era con dos comisarios, Aníbal
Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, que formaron parte de una estructura
armada por la AFI en el Gran Buenos Aires. Los expolicías bonaerenses
reportaban a Pablo Pinamonti y éste a la estructura en la que revistaban
otros directores de la AFI.
Como se sabe, el juez Alejo Ramos
Padilla descubrió que D'Alessio armaba causas falsas en un entramado en
el que apareció la pata judicial, a través del procesado fiscal Carlos
Stornelli, y la pata mediática, con el también procesado periodista
Daniel Santoro. En el expediente de Dolores ahora se investiga, por
ejemplo, cómo se le hizo un guion al arrepentido Leonardo Fariña; ya
constaba cómo apretaron al exgerente de Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, y
cómo se dibujó una falsa declaración en la causa del Gas Natural
Licuado. Todo supervisado por la AFI y los ministerios de Justicia y
Seguridad.
Masivo
El instrumento del espionaje ilegal
fue masivo. En la AFI, la actual interventora, Cristina Caamaño,
encontró una computadora donde se había borrado todo, pero se borró mal
el hackeo de 88 correos electrónicos: eran cuentas de organizaciones
kirchneristas, pero también del radicalismo. La causa la instruye
Marcelo Martínez de Giorgi.
Igualmente en la AFI se encontraron investigaciones, más profundas y
menos profundas, de los periodistas que cubrirían la cumbre del G-20,
clasificándolos de acuerdo a su sintonía con el gobierno de Macri. La
investigación también está a cargo de Martínez de Giorgi.
En la causa de Dolores quedó evidenciado que se accedía a los archivos de Migraciones para saber las entradas y salidas del país, entre otros, de los jueces.
No sólo se buscaba saber cuántas veces viajaron y adónde, sino con
quién. Todo indica que esa información --que investiga el juez Rodolfo
Canicoba Corral-- se usaba para presionar a los magistrados.
Maquinaria
El
macrismo puso en marcha una gigantesca maquinaria de escuchas ilegales
sobre las que hay numerosas causas judiciales. Por ejemplo, grabaron de
forma clandestina a los presos en Ezeiza y con eso armaron un expediente
al que llamaron Puf, porque supuestamente eran diálogos que
mostraban que la denuncia contra D'Alessio se armó en el penal. Las
escuchas de ninguna manera demuestran eso, pero el expediente sigue
abierto.
En el centro de la escena esta Martin Irurzun, responsable de la Dajudecu, el organismo que realiza las escuchas:
desde que estuvo en sus manos, se produjeron difusiones masivas de
audios obtenidos de forma ilegal. Irurzun fue uno de los hombres clave
de Cambiemos en Comodoro Py. En su momento, el juez Claudio Bonadio
quiso usar ese expediente para contrarrestar el de Dolores. Hoy el
expediente lo tiene Martínez de Giorgi.
De la misma manera
armaron un show con aquella escucha entre Oscar Parrilli y Cristina
Kirchner, diálogo que no evidenciaba ninguna ilegalidad pero se usó en
programas de televisión adictos. Algo similar hicieron con un llamada
entre Lázaro Báez y su abogada, la que utilizaron mediáticamente pero
sobre todo para apretar al empresario y lograr que se "arrepintiera". La
causa estaba cerrada, pero Parrilli le está pidiendo a Canicoba que la
reabra.
Mesa
Entre las doce causas que se tramitan
en distintos distritos, el juez Sebastián Ramos instruye un expediente
significativo: el que se conoce como "la mesa judicial". En realidad,
las reuniones en un gobierno para determinar las estrategias judiciales
no constituyen un delito en sí mismo, pero la cuestión es que aquella
mesa parece que fue el puente de mando de operaciones ilegales.
En las reuniones se sentaban a veces el propio Macri, siempre Arribas,
el titular de la AFI; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el
subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y subsecretario de
Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques; el exjefe de asesores,
José Torello; el operador Pepín Rodríguez Simón, a veces el jefe de
Gabinete, Marcos Peña, a veces el amigo presidencial y también operador,
Daniel Angelici, casi siempre el secretario de Legal y Técnica, Pablo
Clusellas, y para las operaciones contra los Moyano, el exministro de
Trabajo, Jorge Triacca. Todos están imputados en esta causa.
Política
Buena parte de las 12 causas judiciales son anteriores al gobierno de Fernández-Fernández: o sea que no constituyen revanchas, sino denuncias que se hicieron en su momento, aun cuando gobernaba el macrismo.
Pero
la cantidad de expedientes es una demostración de que cada una de estas
operaciones ilegales no era producto de monotributistas del espionaje,
sino que conformaron una estrategia global que tenía un objetivo básico:
tapar los resultados de la política económica que favoreció a los
sectores de más recursos, incluyendo el endeudamiento, el cierre de
empresas, el aumento del desempleo, la caída del salario real.
Por
un lado, se buscó el control político, con el espionaje a CFK y otros
dirigentes. El macrismo supo a través de los espías, por ejemplo, que la
expresidenta se reunió con Sergio Massa a fines de 2017, algo de lo que
no dieron cuenta los medios. También se buscó el control político vigilando a los propios dirigentes de Cambiemos,
que no se mostraban los suficientemente duros, que amagaban con lanzar
la candidatura de María Eugenia Vidal, o que dialogaban demasiado con la
oposición.
Como era de esperar, el uso masivo de la escoria del
espionaje derivó en maniobras para quitarle las empresas a los
empresarios, para hacerlos renunciar a licitaciones y un agente trucho
como D'Alessio no se privó de extorsionar, exigiendo dinero a cambio de
no armar causas truchas o plata para que no se publique tal o cual
falsedad.
El corazón de las operaciones fueron las escuchas y
el espionaje para armar causas judiciales y presionar para que los ex
funcionarios o empresarios se "arrepientan" y declaren contra CFK y el
peronismo. La detención en sí misma fue un extorsión para que
declaren contra la exmandataria. Como es obvio, hubo casos de corrupción
como el de José López, a quien se le encontraron nueve millones de
dólares, pero la ofensiva hablaba de tesoros enterrados, bóvedas,
cuentas en Seychelles u otros paraísos fiscales y sociedades en Panamá.
Lo que se encontró de ese estilo fueron sociedades, cuentas y blanqueo
de la familia Macri o fabulosos negocios en peajes, energía eólica,
construcción y líneas aéreas, siempre con los Macri como beneficiarios.
El espionaje global, como se ve en los expedientes, fue al servicio de esas políticas económicas y esos negocios.
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