Por qué la Reforma Judicial es prioridad en la Argentina ? La gran pregunta que muchos se hacen todavía, tal vez no entendiendo que modificar un poder viciado y cebado de impunidad es, definitivamente, una de las claves de la democracia en lo que refiere a igualdad de condiciones, como también oportunidades, y una misma vara para la sociedad en su conjunto, sin discriminar estratos económico-sociales.
A lo largo de los cuatro años del gobierno de Cambiemos, hemos visto la peor degradación del aparato judicial, jueces comprados y vendidos, jueces que privaron de la libertad bajo órdenes del Ejecutivo, o sea Macri, e innumerables tropelías, También debemos recordar que los jueces que si fallaron correctamente, pero en contra de intereses espurios, fueron despojados de sus cargos, como el caso del juez en lo Contencioso y Administrativo, Dr. Luis Federico Arias, quien falló a favor del pueblo, frenando las exorbitantes tarifas de las energéticas. Pero, las órdenes de Vidal fueron proteger a Rogelio Pagani y así terminó con un Yury de enjuiciamiento y posterior destitución.
Mientras esto pasaba, en las sombras se cajoneaba una causa que si merecía tener juicio político y destitución, el caso de Fernández Garello imputado por delitos de lesa humanidad. O sea, Conte Grand destituía por un lado al Dr. Luis Federico Arias, y por el otro protegía a un genocida.
Este es el Poder Judicial que no queremos. El Fiscal General Fernández Garello sigue en funciones a pesar de esta imputado de un delito de lesa humanidad. Su Jury nunca ha prosperado por la protección política y judicial. Su jefe es Julio Conte Grand.
Este es el informe
POR SECUESTRO Y TORTURAS El fiscal general de Mar del Plata Fernández Garello será juzgado por crímenes de lesa humanidad .
Tras rechazar presentaciones de la defensa de los imputados, el
Juzgado Federal N 2 de San Martín confirmó el cierre de la etapa de
instrucción y elevó a juicio la causa por el secuestro y torturas de
tres militantes comunistas en 1981. Siete agentes de inteligencia están
imputados y deberán enfrentar un juicio oral y público por crímenes de
lesa humanidad; entre ellos, se encuentra el ex agente de la Dirección
de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y actual
fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
La gravedad
de los delitos y la instancia procesal alcanzada no admite más margen
político ni jurídico: Fernández Garello debe ser apartado inmediatamente
de su cargo como funcionario público de la democracia y debe avanzarse
sin demoras en el juicio político.
La titular del Juzgado Federal en lo criminal y correccional N 2 de
San Martín, Alicia Vence, rechazó una serie de nulidades presentada por
la defensa, declaró clausurada la instrucción de la causa y elevó a
juicio oral y público la causa por crímenes de lesa humanidad que tiene
entre sus imputados al actual fiscal general de Mar del Plata Fabián
Fernández Garello.
La medida había sido solicitada de manera conjunta
por el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria
(CPM) y las secretarías de derechos humanos de Nación y Provincia en
marzo pasado. Ahora sólo resta que se sortee el tribunal para la
realización del juicio.
Los ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) Fabián Fernández Garello, Hugo
Tresguerras y Daniel Ríos, los miembros de la Brigada de investigaciones
de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y el
entonces Jefe del destacamento de inteligencia 201 del Ejército Jorge
Apa serán juzgados por su participación en el secuestro y torturas de
tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981.
En su decisión, la jueza Vence destacó el valor de la prueba del
expediente y reafirmó que los hechos imputados constituyen delitos de
lesa humanidad que se perpetraron en el marco del terrorismo de Estado.
Asimismo, el Juzgado Federal N 2 de San Martín rechazó cada uno de
los planteos técnicos realizados por la defensora oficial, que sólo
buscaban entorpecer y dilatar los tiempos de la justicia.
Por un lado, la defensa de los siete imputados se había opuesto a la
elevación a juicio hasta tanto se resuelva un recurso de queja que
tramita en la sala II de la Cámara de Casación. Para rechazar este
planteo, la jueza Vence sostuvo que el mismo Código Procesal Penal
estipula que “la existencia de recursos pendientes de resolución […] en
ningún caso impedirá la elevación a juicio”. Además, existen directivas
emanadas por la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de
Casación Penal en esta misma línea.
El otro gran planteo defensista fue el pedido de sobreseimiento por
entender que los delitos imputados no se trataban de crímenes de lesa
humanidad y, por lo tanto, la acción penal estaría prescripta. La jueza
se limitó a remarcar que la cuestión ya había sido discutida y la
calificación confirmada por la Cámara.
“Este argumento demuestra que el
planteo no obedece a otro motivo que el de entorpecer y evitar de
cualquier modo que sus defendidos sean sometidos al debate oral y
público”.
De acuerdo a las pruebas que existen en el expediente, para la jueza
Vence se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido en esta
instancia procesal, la responsabilidad de los siete imputados en el
secuestro y tortura de los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios,
Ernesto Duarte y José Seitor.
Según consta en los documentos del archivo de la DIPPBA presentados
por la CPM, y valorados profundamente en la resolución de la jueza, la
planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión
encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de
Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal
“idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III
de Caseros y personal militar de Campo de Mayo.
Los grupos de tareas conjunta secuestraron a las víctimas en sus
domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de
Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.
“El legajo DIPPBA 18.024 “Detención de Jorge Oscar Bulacios en Villa
Lynch San Martín integrante del P.C.A. y secuestro de material
bibliográfico”, describe entre otra cosa, los interrogatorios que
personal de la DIPPBA realizó a las víctimas de autos a requerimiento de
las autoridades militares a los fines de recabar información acerca de
integrantes del Partido Comunista”, cita la resolución del Juzgado
Federal N 2 de San Martín como prueba incontrastable del accionar
represivo.
A la espera del sorteo del Tribunal para la realización del juicio,
la gravedad de los delitos y la instancia procesal alcanzada no admite
más margen político ni jurídico: Fernández Garello debe ser apartado
inmediatamente de su cargo como funcionario público de la democracia.
El actual fiscal general de Mar del Plata fue denunciado en 2016 por
la CPM y una decena de organismos de derechos humanos. En ese momento,
presentó ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la
DIPPBA que demostraban su participación en este hecho que llega a juicio
y otras acciones de la represión ilegal. Sólo entre 1978 y 1982
participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las
acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del
terrorismo de Estado.
Desde el año pasado, un pedido de juicio político está pendiente de
resolución; dos audiencias fracasaron por falta de quórum, el jurado de
enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debía volver a reunirse
para decidir si abre un jury contra el fiscal pero aún no lo ha hecho.
Las maniobras dilatorias fueron tan evidentes que el presidente de la
Corte Bonaerense llegó a advertir a los integrantes del jurado que la
ausencia reiterada y sin razones que lo justificaran era motivo de
sanción.
Cabe recordar que Fernández Garello ya logró sortear en una
oportunidad el juicio político: en noviembre de 2017 el jurado de
enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires archivo el trámite sin
abrir la investigación.
Estos años, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand,
también intervino a favor del fiscal de Mar del Plata para garantizarle
impunidad: en 2018 decidió archivar el trámite disciplinario contra el
funcionario que había sido impulsado por la CPM.
A partir de la elevación a juicio por crímenes de lesa humanidad, la
CPM reiteró a la Corte provincial y al Procurador General su pedido de
apartamiento del cargo de Fernández Garello y la continuidad de su
juicio político.
A esta altura procesal ya no hay más margen para la protección
política del fiscal, su permanencia en el cargo es una grave afrenta a
la democracia.
0 Comentarios