Se comprobó baja ejecución del impuesto a la riqueza para viviendas populares, educación y Vaca Muerta

Las cifras del presupuesto muestran una muy baja ejecución en estas áreas sensibles, que habían sido definidas como prioritarias en la ley que dio origen al tributo.

La alícuota más alta llegó al 5,25% del patrimonio y buena parte de los contribuyentes pagó, aunque algunos otros pocos decidieron recurrir a la Justicia por considerar que era confiscatorio y algunos recibieron una sentencia favorable tanto en primera como en segunda instancia. Sobre todo, la carga patrimonial se duplicó con el pago de Bienes Personales, que está fijado sobre el mismo hecho imponible que este impuesto de “emergencia” que se usó poco para los fines previstos, según las propias cifras oficiales. Hasta mayo la AFIP había recaudado $ 230.000 millones por este polémico tributo y luego entraron sumas más acotadas en cuotas.

La ley marcaba que la recaudación del denominado “aporte solidario” se destinaría a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del Plan Progresar para que los jóvenes puedan seguir estudiando.

En particular, la ejecución fue muy baja en educación, en viviendas populares y en Vaca Muerta, el proyecto estratégico de energía más importante del país. 

Ahora, el dinero se utilizará para financiar parte de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner anunciado ayer.

Al respecto, el secretario de Energía, Darío Martínez, señaló que “es prioritario la construcción de gasoducto Néstor Kirchner. Estamos analizando la mejor herramienta para utilizar los fondos del aporte solidario que esta en manos de IEASA para financiar esta obra estratégica para el desarrollo de la matriz energética de nuestro país; el aporte solidario debería permitir disponer de aproximadamente 500 millones de dólares para el desarrollo de proyectos energéticos en el país”.

“Con esta política estamos dando pasos previsibles para garantizar el gas que los argentinos y las argentinas necesitan para su desarrollo, en un contexto mundial en dónde los países centrales deben enfrentar un invierno con precios altos y analizan medidas para minimizar el impacto en los hogares y la industria. Miramos el mundo para tomar las mejores definiciones, para volvernos competitivos y realmente ser parte de un mapa mundial complejo. Así nace el gasoducto y ahí está el resultado exitoso y no azaroso del plan gas”, indicó el funcionario.

“También, contribuimos eficientemente en mantener una matriz energética más limpia con vistas a las transiciones energéticas y la disminución de la emisión de gases del efecto invernadero. El gas producido en argentina por trabajadores argentinos es el primer vehículo de esa transición energética justa, que nos permitirá ahorrar divisas producto de la sustitución de importaciones”, aclaró.

En Educación, durante la gestión de Nicolás Trotta solo se ejecutó el 11 % de los fondos designados a Becas Prograsar: 5000 millones sobre 45.000 millones, de acuerdo a las cifras del presupuesto analizadas por Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

También la ejecución del Fondo de Integración Social urbana (FISU), que gestiona el Ministerio de desarrollo Social, su menor, pese a que la mayor parte del impuesto se recaudó a fines de marzo –luego un remanente se cobró en cinco cuotas- de la siguiente manera: se recaudaron $ 50 mil millones, pero tienen proyectos por solo $ 9 mil millones y han pagado de modo efectivo al 30 de septiembre $ 2 mil millones, según cifras oficiales.

El saldo a ejecutar del FISU es de 41 mil millones de pesos. Y del monto ejecutado, aún quedan por abonar proyectos ya aprobados por una suma de $ 7 mil millones, según se desprende de las cifras tomadas del presupuesto nacional.

Cabe recordar que el Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto N° 819/2019 a partir de la Ley Nº 27.453 y tenía como objetivo principal “el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el registro Nacional de Barrios Populares y la creación de lotes con servicios”.

A priori, el Gobierno afirmaba que “el financiamiento de estas obras propicia el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas y la mejora en la accesibilidad, la conectividad y la mitigación de riesgos ambientales. Dichas acciones deberán ser integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

En el caso de las pymes, se ejecutaron $ 40.000 millones sobre $ 45.000 y en Salud, para insumos médicos, $ 44.311 sobre $ 45.009 millones, según las cifras oficiales analizadas por ASAP.

En tanto, Iván Sasovsky dijo que “al final no sirvió de nada establecer un impuesto de este estilo, ya que los fondos recaudados se terminaron licuando con el incremento desmesurado del gasto que se llevó adelante en los últimos meses”.

“La prueba fehaciente de que fue insuficiente está en el hecho de que varios actores del oficialismo plantearon la necesidad de que deje de ser excepcional y que se aplique mientras dure las medidas de prevención sanitaria”.