Las claves del juicio a los asesinos: cuándo se conocerá el veredicto por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

Más de 100 testigos ya declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Los testimonios que faltan y los plazos de la Justicia para cerrar el proceso.

El juicio contra los rugbiers ingresará desde mañana, lunes, en su tramo final con los testimonios de Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, ambos sobreseídos durante la etapa de instrucción, y las declaraciones de los familiares de los acusados. Se prevé que el miércoles 18 de enero, en el tercer aniversario del homicidio de Fernando Báez Sosa, concluyan las testimoniales para pasar a los alegatos y, finalmente, a la lectura del veredicto.


 Desde que comenzó el debate, el 2 de enero de 2023, desfilaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores más de 100 testigos, se exhibieron los videos, chats y audios que ayudaron a reconstruir los movimientos previos y posteriores de los rugbiers aquel el 18 de enero de 2019, en Villa Gesell.

Las audiencias son presenciadas por los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez y por los familiares de los imputados: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que tiene una pena de prisión perpetua.

Durante las primeras dos semanas declararon amigos de la víctima, personas que presenciaron el ataque, de Virginia Pérez Antonelli, que intentó reanimarlo tras los golpes, y los médicos que lo asistieron.

También de los policías que arrestaron al grupo agresor, el forense que realizó la autopsia y los encargados de las pericias que se hicieron durante la instrucción, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, como la scopometría, el estudio de la sangre en la ropa de los implicados, el análisis de los videos, audios y chats.

Además, los jueces escucharon a Pablo Ventura, el remero incriminado por Thomsen y sus amigos horas más tarde de concretar la feroz golpiza contra Báez Sosa.

El debate tuvo un punto de inflexión el jueves pasado, cuando Luciano Pertossi decidió romper el silencio para contradecir una filmina presentada por la División Individualización Criminal Análisis Forense Facial de la Policía Federal que lo mostraba en la escena.

“Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”, dijo el acusado sobre un video de la pelea que se proyectó en la sala.

Hasta aquí, cada uno de los testigos complicó la situación de los imputados. Este lunes, en la jornada número once del juicio, comienzan a declarar las personas citadas por la defensa.

Se trata de Milanesi y Guarino, T.I.C. (el denominado “rugbier número 11″, menor de edad al momento del hecho, que estuvo con los acusados esa noche pero jamás fue imputado) y amigos de los imputados con los que mantuvieron contacto vía WhatsApp o telefónico luego del crimen.

Asimismo, durante esta semana se sentarán frente al estrado los familiares de los rugbiers.

TTras el cierre de las declaraciones, se espera que los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, dispongan un cuarto intermedio que permita preparar los alegatos a los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola -que encabezan la representación de los padres de la víctima-, a los defensores Hugo Tomei y Emilia Pertossi y a los fiscales de juicio Gustavo Manuel Dávila y Gustavo García.

El juicio podría retomarse entre el 20 y el 23 de enero. Una vez finalizada esta instancia, el Tribunal comunicará la fecha de la sentencia. Se estima que la lectura del veredicto ocurra el 31 de enero. Antes, se espera la palabra de cada uno de los rugbiers luego de varios meses de silencio, más allá de la breve declaración inicial del 19 de febrero de 2020, cuando presentaron un escrito en el criticaron a la Justicia y a los medios.

“A nosotros nos condenó la sociedad”, escribió Máximo Thomsen. En ese entonces, el principal acusado apuntó contra la fiscal por no haberle mostrado las imágenes de las cámaras de seguridad y de celulares que los incriminaban.

 

 

 

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