Encuesta: 8 de cada 10 argentinos creen que existe un alto nivel de irregularidades en relación a los planes sociales.

El estudio fue realizado por la consultora Julio Aurelio-Aresco durante los primeros días del 2023. Más de la mitad de las personas consultadas afirmó, además, estar de acuerdo con reducir la asistencia social para bajar el gasto público. El detalle del relevamiento.

Las anomalías detectadas a fines del año pasado en más de 250.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo reabrió el debate a nivel social sobre el rol de la asistencia social. Así lo reflejó una encuesta realizada por la consultora Julio Aurelio-Aresco, que advierte que 8 de cada 10 argentinos creen que hay un alto nivel de irregularidades en la asignación de planes sociales.

El estudio, realizado desde el 3 al 5 de enero sobre una muestra de 4.000 casos a nivel país, indagó en la opinión del público respecto a la tensa discusión —que aún persiste— entre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois.

Por otra parte, el 11,4% dijo no saber, mientras que el 32,5% votó que los programas de asistencia del Gobierno “no se pueden reducir porque hay gente que los necesita a pesar de generar gastos para el Estado”.

Luego de la polémica iniciada a fines del 2022, el Gobierno impulsó una campaña a nivel nacional para chequear la identidad de quienes reciben la asistencia del programa, una condición necesaria para seguir cobrando la ayuda estatal.

Según información del Ministerio de Desarrollo Social, en el comienzo de este 2023 más de un millón de personas ya realizaron el trámite correspondiente, realizado “con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de titulares” del plan. El plazo límite para actualizar la información es el 15 de enero.

El trámite de validación de identidad es “condición ineludible” para continuar formando parte del Potenciar Trabajo, cuyo haber ronda una mensualidad aproximada a los $30.000 y que equivale al 50% del salario mínimo.