Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Pullaro reclamaron no utilizar al fuero Penal “para extorsionar”. 

El caso judicial por la deuda de la cerealera santafesina Vicentin, en default por US$1350 millones con más de 1500 acreedores, va camino a cumplir 4 años y aún sigue lejos de resolverse.

El juez penal de Rosario, Hernán Postma, le envió un oficio judicial al magistrado de la causa, Fabián Lorenzini, en el cual considera que el magistrado civil y comercial debe “abstenerse de continuar con la homologación”.

Indicó que esa posición se basa en que “se encuentra plenamente vigente” la medida cautelar que dictó el 11 de diciembre de 2020 para prohibir innovaciones en las composiciones accionarias de sociedades en la que Vicentin tiene participación, como en la que los imputados por estafa actúen como representantes legales”.

En este contexto, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que “hay un concurso en marcha, que hay que dejar que avance en el marco legal de la Argentina, que prevé el concurso” como instancia de resolución.

“Hay que respetar la ley”, coincidió Maximiliano Pullaro, el precandidato más votado para gobernador de Santa Fe, que tiene altas chances de ser electo como mandatario provincial electo el 10 de septiembre.

Larreta y Pullaro participaron este miércoles del 31° Congreso de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), un encuentro que reúne a más 4.000 productores y técnicos, donde hasta este viernes debaten sobre las mejores tecnologías agropecuarias para la eficiencia productiva y el cuidado ambiental.

También estuvieron juntos, y se expresaron en ese sentido, el último fin de semana en la Exposición Rural de Reconquista, la ciudad santafesina donde se tramita el concurso de Vicentin.

La situación del caso judicial

Desde hace varios meses se contempla la posibilidad de que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, homologue el acuerdo ya alcanzado entre Vicentin y la mayoría de los acreedores, según los requisitos legales: se sumaron más de la mitad de avales entre todos los involucrados contados individualmente, y representan más de dos tercios de la deuda.

Ello abriría el camino para el pago de la deuda, pero diversas presentaciones judiciales han demorado la definición. La causa estuvo 6 meses parada en manos de la Corte Suprema de Justicia santafesina, que finalmente devolvió el expediente a Lorenzini como autoridad competente.

En rigor, Postma hace lugar al reclamo que impulsan los acreedores que no aceptaron el acuerdo propuesto por la agroexportadora. En ese grupo que ha quedado en posición minoritaria participan los bancos oficiales (el Nación es el principal) y empresas agropecuarias que siempre alentaron la intervención estatal, que el presidente Alberto Fernández intentó en 2020 pero fue frenada ante las masivas protestas del sector agropecuario.

Ahora, en vez de la homologación del acuerdo de pago en el marco del concurso, aspiran a que se habilite un “cram down”, una instancia en la que la deudora quedaría al margen y cabría la posibilidad de que se presente otra propuesta respecto del futuro de Vicentin.

“La homologación de la propuesta de pago de Vicentin comporta la violación de una orden judicial”, le dijo Postma, como juez penal de Primera Instancia de Rosario, a su colega Civil y Comercial de Reconquista.

Al respecto, Pullaro afirmó que “nunca se puede utilizar la Justicia penal para extorsionar”. Y agregó: “Respetando la ley, se hubiese resuelto esto tiempo atrás, con el aval de la mayoría de los acreedores”.

Entre las resoluciones de los últimos días, la del juez penal de Rosario, Héctor Núñez Cartelle, que rechazó el pedido de separar a los contadores Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto Garda, asignados como síndicos en el referido proceso, también abona el criterio de no interferir en el concurso como instancia de resolución.

En el fallo, Cartelle afirmó que es “absolutamente desacertado la selección de esta competencia penal para intervenir en la cuestión” civil y comercial. En efecto, el trasfondo alegado, en caso de asistirle razón, debe ventilarse exclusiva y excluyentemente ante el propio magistrado que entiende en el concurso preventivo de la firma”.

Luego citó especialmente la declaración judicial del asesor técnico, doctor Guillermo Jorge, quien manifestó “representar a diferentes entidades financieras, incluso trasnacionales, cuyos créditos oscilarían en varios cientos de millones de dólares y discrepó diametralmente con la petición de quienes ejercitaron la pretensa separación, por entender que, conforme a la Ley de Concursos y Quiebras vigente, se establecerían las sanciones que deben imponerse cuando los síndicos de un proceso concursal no cumplan con su deber en el cargo”.

En igual sentido que la defensa de Vicentin, el representante de los acreedores adujo que resultaba hasta contradictorio con los intereses de otros querellantes, varios de ellos, entre otras entidades bancarias extranjeras, aclarando que tenían una acreencia cercana al 66% del pasivo de la empresa. “Sin embargo, pidió su desestimación, lo que demuestra lo controversial e insostenible del pedido”, destacó el juez.

Incluso, Jorge ofreció detalles acerca de “toda esta actividad ya ejercitada previamente y que habría provocado serías demoras en el trámite del concurso, lo que habría impedido su aprobación, en aras de lograrse concretar el acuerdo concursal que estaría demorado por toda esta articulación”

A su vez, insistió que “no se entiende la injerencia válida que puede tener un tribunal penal en un juicio concursal, cuando además es de otra jurisdicción territorial”.

Valuación de los bienes de Vicentin y prórroga

Por otro lado, se conoció el informe que realizaron dos consultoras convocadas por el juzgado de Lorenzini para evaluar el valor patrimonial de Vicentin.

Las firmas BA Advisors Investment Banking y SMS Buenos Aires evaluaron la cotización que presentó Vicentin, de aproximadamente US$462 millones, entre los US$300 millones que se conseguirían por la venta del 33% de Renova y otros US$162 millones que aportaría el grupo interesado en comprar a la agroexportadora: Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.

En ese sentido, concluyeron que la cotización actual sería un 25% inferior, con lo cual se desestimó el riesgo de subvaluación de activos. Según dispuso Lorenzini, los consultores trabajaron en línea con el sub-interventor Guillermo Nudemberg.

En este contexto, desde que el presidente Alberto Fernández intentó intervenir y expropiar Vicentin, la trama judicial está condicionada por el escenario político, que recién se despejaría tras las elecciones, por lo cual Vicentin y los interesados estratégicos firmaron una prórroga de sus acuerdos -por servicios a fason y el eventual traspaso accionario- hasta el 27 de enero de 2024, en un acuerdo de partes subido al expediente concursal, que contempla la expectativa de que, con nuevos vientos políticos, se homologue el acuerdo y se pague a los acreedores.