IMPACTANTE INFORME SOBRE LOS ATAQUES A PERIODISTAS EN VENEZUELA

Por otra parte, “la periodista Erika Verdi, directora del portal digital informativo TáchiraNews, formalizó una petición de investigación ante el Ministerio Público tras ser blanco de acusaciones infundadas por parte de una cuenta en Instagram llamada Denuncia Táchira, la cual publicó imágenes manipuladas que mostraban a Verdi junto a mujeres con armas largas, y la vinculaban con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

“Frente a estos señalamientos, Verdi denunció ante la fiscalía y solicitó la identificación y el procesamiento de aquellos que, escudándose en el anonimato de las redes sociales, comprometieron su seguridad personal. ‘Afectan mi integridad y mi imagen pública’, declaró Verdi ante la prensa en las inmedia- ciones del Ministerio Público en San Cristóbal, capital del estado Táchira”, destaca el informe de la ONG.

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) “difundió un comunicado del periodista Euro Lobo, en el que afirmó haber sido blanco de una campaña de descrédito, en la cual le atribuían la administración de una cuenta anónima en redes sociales, relación que Lobo negó. ‘Manejo suficientes seguidores e interacciones en mis redes sociales como para emitir opinión veraz sin incurrir en una práctica tan desleal como el anonimato’, expresó en el comunicado”.

Operación TunTun

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) “reportó que la ONG Transparencia Venezuela fue objeto de una campaña de hostigamiento en redes so- ciales. A través de una cuenta en Twitter llamada OperaciónTunTun, se difundieron varios mensajes descalificativos hacia la organización, a la cual señalaron de ‘ladrones’ y ‘traidores’. Este hecho ocurrió luego de la participación de Mercedes De Freitas, su directora, en el diálogo interactivo celebrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 18 de marzo”, durante la actualización oral de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

“La cuenta anónima también ha mencionado a los periodistas María Fernanda Sojo, Pedro Pablo Peñaloza, Miriam Arévalo, Luz Mely Reyes, Miguelangel Caballero, Luis Carlos Díaz y Víctor Amaya”.

“Pedro Carvajalino, a través de su cuenta de Twitter, compartió un video en el que difunde acusaciones en contra del medio de investigación Armando Info y su director, Ewald Scharfenberg. En el material audiovisual, se señala que las operaciones de este medio se sustentan en ‘la extorsión y el terrorismo mediático, la generación de Fake News y el respaldo a las políticas de injerencia del gobierno imperial’, añadiendo que reciben financiación de la CIA”.

Carvajalino, quien es de origen colombiano, ha sido un privilegiado de la revolución bolivariana, incluso ha tenido amplio espacio en los medios oficialistas, con un programa generador de odio contra periodistas y figuras políticas de la oposición en Venezuela.

Según RedesAyuda, “Carvajalino compartió en Twitter un video, con acusaciones y señalamientos contra el periodista Roberto Deniz, IPYS Venezuela y la ONG Espacio Público. En el material audiovisual señalaron directamente a Deniz como ‘Vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos y premiado por la USAID y la NED, a través de IPYS’. Además, lo acusaron de lucrarse ‘a través de su organización Espacio Público’, criminalizando la labor de esta organización defensora del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.

Meses después, Pedro Carvajalino atacó nuevamente a Roberto Deniz, compartiendo en Twitter un “video sobre la ‘tortura blanca’ que supuestamente ha sufrido el empresario colombiano Alex Saab durante su detención en Estados Unidos, y retó a Deniz con las palabras: “Epale @robertodeniz tú has sido un promotor de la tortura contra Alex Saab! Ve este video y reflexiona, que toda la vida no te van a cuidar en Colombia”. Deniz reaccionó a la publicación de Carvajalino, indicando que su accionar se basa en hacer propaganda y lanzar amenazas “por la impunidad que te da el poder”. Carvajalino, en respuesta, acusando a Deniz de ‘extorsionador’”.

Carvajalino también “acusó a IPYS Venezuela de ser una ‘empresa maletín’ del periodista Deniz, para hablar de libertad. Esto luego de haber denunciado que presuntamente su portal web Venezuela News fue “atacado por millones de bots” para restringir el acceso. Carvajalino acusó y señaló al periodista y al medio informativo de ser quienes auspiciaron dicho ataque digital”.

Además, “IPYS Venezuela informó que el empresario vinculado con la administración de Nicolás Maduro, Esteban Trapiello utilizó su cuenta de Twitter para hostigar a la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex), calificándola de ‘extorsionadores de la información’”.

Contra la denuncia

El informe revela que “el periodista Daniel Oviedo fue víctima de una campaña de hostigamiento en Instagram, luego de la publicación de una nota en el portal Noticias Barquisimeto, sobre acusaciones de presunta negligencia médica hechas por varias mujeres contra algunos doctores de Barquisimeto, en el estado Lara”.

“La cuenta @justiciavnzuela_rs difundió una serie de publicaciones difamatorias, adjuntando imágenes del periodista con mensajes que desacreditaban su trabajo y fomentaban ataques y amenazas en su contra. Ovie- do informó a IPYS Venezuela que presentó una denuncia ante las autoridades locales, para que se inicien las investigaciones correspondientes”.

Otro caso del estudio que hizo la ONG es cuando “Rafael Lacava, gobernador de Carabobo y miembro del PSUV, presentó una demanda por difamación contra Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, y el jesuita Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla”.

“La acción judicial ocurrió luego de la difusión de la investigación “Lupa por la Vida”, realizada por ambas organizaciones, en la que registraron 1.414 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales en 2021 atribuidos a la Policía de Carabobo, catalogada en el documento como la fuerza “más letal” del país, responsable de 132 víctimas”.

En una rueda de prensa sobre la demanda recibida, el padre Infante resaltó: “Nuestro informe no es ninguna campaña contra ningún gobernador, es a favor de la vida. Es nacional, no está focalizado en el estado Carabobo (...). Pedir investigaciones es un derecho y deber ciudadano amparado en la constitución, no es ningún delito”.

También está el caso de “personas vinculadas con la alcaldía del municipio Rodríguez en El Tigre, Anzoátegui, lideraron una campaña de desinformación y suplantación de identidad en contra del medio informativo Diario El Vistazo. Esta campaña inició luego de la cobertura periodística del medio, enfocada en el conflicto generado por las nuevas tarifas impuestos por la empresa de aseo urbano Fospuca. Nilsa Varela, directora de El Vistazo, denunció que empleados municipales compartieron en WhatsApp contenidos del sitio web del diario, pero con titulares alterados para desvirtuar la información”.

En WhatsApp algunos funcionarios de la alcaldía del municipio Rodríguez “presentaron un supuesto organigrama que relacionaba falsamente al medio y a la Cámara de Comercio con Rómulo Jesús Martínez, alias El Rockola, pre- sunto cabecilla de un grupo criminal en la zona sur de Anzoátegui, acompañado del mensaje: “Ellos son los que no quieren que la ciudad de El Tigre progrese y son quienes convocan a un paro. No seas cómplice”. Ante estas acciones, Varela reportó recibir reacciones de individuos que tomaron como veraz la información manipulada”.

El Vistazo a través de un comunicado desmintió cualquier asociación ilícita y señaló al alcalde Ernesto Paraqueima “como responsable de cualquier ‘agresión por no aceptar la cobertura periodística del conflicto Fospuca’. IPYS Venezuela informó que la mañana del 26 de mayo, en un chat de WhatsApp de comer- ciantes, circuló un montaje con el logotipo y el nombre de El Vistazo, el cual insinuaba que el medio informativo había convocado un paro comercial a través de su Facebook, en asociación con la Cámara de Comercio de El Tigre”, aunque era un montgaje, “funcionarios como Lourdes Royett, síndica procuradora; Miriam Aguirre, asesora legal; Maigualida Márquez, jefa de Relaciones Públicas, entre otros empleados de la alcaldía, se sumaron a la difusión del montaje”.

“El SNTP reportó el inicio de una campaña de desprestigio en las redes sociales dirigida hacia los portales informativos regionales Portuguesa Reporta y Vamos Acarigua. En imágenes difundidas, los medios son acusados de ser ‘expertos en esconder la verdad y publicar la mentira’. Este alegato, según el SNTP, tiene como finalidad intimidar y amenazar la labor periodística en el estado Portuguesa”.

Por otra parte, el portal Venezuela News publicó un artículo titulado ‘ArmandoInfo, los sicarios del periodismo’, donde señalan al medio y a su equipo de incurrir en descalificaciones hacia las autoridades venezolanas. IPYS Venezuela indicó que el artículo fue replicado en Twitter por cuentas simpatizantes a la administración de Nicolás Maduro, en las que Deniz fue etiquetado como palangrista y se usó la etiqueta #YaBastaDeCalumnias en apoyo a Saab”.

Diputada y fiscal

“La diputada del Consejo Legislativo de Táchira, Sofía Palencia, emprendió una serie de ataques a través de Twitter en contra del periodista Gabriel Bastidas, exponiendo incluso sus datos personales, como el número telefónico del periodista. Esta acción ocurrió luego de la publicación de un artículo en el medio informativo Monitoreamos, donde se citaban las palabras de Palencia apoyando a la ‘familia tradicional’. El SNTP identificó más de 20 tuits de Palencia dirigidos a Bastidas, calificando el hecho como un claro ‘”acoso’”.

“Bastidas recibió un mensaje de WhatsApp de la diputada, donde lo acusaba de ser “un espía LGBT”. Bastidas contó a IPYS Venezuela, que tras observar una publicación en la página web del Diario La Nación de Táchira, donde Palencia hablaba de una propuesta legislativa enfocada en la defensa familiar, decidió contactarla el 23 de julio para obtener una entrevista sobre dicho proyecto, recibiendo declaraciones vía WhatsApp”.

“Sin embargo, cuando Bastidas solicitó el borrador de la ordenanza, Palencia se rehusó a compartirlo. Debido a esto y a las explicaciones insuficientes por parte de la diputada, Bastidas decidió no publicar la nota en ese momento. El 27 de julio, Palencia buscó al periodista para indagar sobre el estatus del artículo, y él le explicó las razones por las cuales no había procedido con la publicación. A pesar de la insistencia de Palencia en mantener en reserva el borrador de la ordenanza, proporcionó declaraciones adicionales, las cuales Bastidas utilizó para elaborar y finalmente publicar su reportaje”.

A los ya mencionados casos, se suma que “el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, gestionó ante el Ministerio Público la emisión de una orden de arresto contra la periodista Carla Angola acusándola de “instigación al magnicidio”. Esta decisión surgió después de que Angola cuestionara a uno de sus entrevistados sobre por qué el gobierno estadounidense “no hace lo mismo con Nicolás Maduro” al referirse al asesinato de un líder de Al Qaeda con el uso de un dron”.

“Adicionalmente, Saab señaló que la periodista podría estar fomentando un conflicto bélico interno, diciendo que “cuando usted incita al magnicidio está promoviendo una guerra civil en dicho país”. A su vez, anunció que el Ministerio Público extendería sus investigaciones al cónyuge de Angola, indagando sobre ‘irregularidades en una supuesta venta inmobiliaria’”.

Muy sensibles

“El periodista Luis Miguel Presilla, director del medio digital PrensAlternativa de Cumaná, en el estado Sucre, denunció haber recibido amenazas tras la publicación de un artículo sobre un presunto caso de abuso a un menor involucrando al músico y docente Lino Rodríguez. De acuerdo a IPYS Venezuela, Presilla denunció que Henry Arcia, representante de un alumno de Rodríguez, le había enviado estos mensajes, incluyendo la posibilidad de iniciar acciones legales en su contra. Según Presilla, el reportaje en cuestión se basó en información de fuentes oficiales, particularmente del Ministerio Público y de cuerpos de seguridad del Estado, los cuales reportaron la detención de Rodríguez”.

“El periodista Elvis Rivas Lobo, corresponsal de Globovisión en el estado Mérida, fue objeto de ataques por parte de Víctor Cruz, presidente de Teleféricos de Venezuela, tras compartir un video en su cuenta de Instagram. En el material audiovisual, Rivas Lobo se encontraba en la entrada del teleférico Mukumbarí, mientras cuestionaba la promesa del ministro de Turismo Alí Padron de reactivar dicho teleférico el miércoles 31 de agosto, el cual ha estado fuera de servicio desde el año 2020″.

“En respuesta, Cruz calificó al comunicador de “palangrista” en los comentarios de la publicación. Simultáneamente, usuarios en Instagram, presuntamente empleados del teleférico, también dirigieron insultos hacia el periodista, entre ellos ‘payaso’, ‘mequetrefe’ y ‘ridículo’”.

“El editor de Maturín News, Jhonny Ulloa, denunció haber sido blanco de ofensas y amenazas por parte de Amenodoro Márquez, secretario adjunto en Monagas por la facción de Acción Democrática (AD) liderada por Bernabé Gutiérrez desde el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que estableció una directiva ad hoc para el partido en 2020.

“El hostigamiento se intensificó cuando, luego de que el medio informará sobre la deserción de varios secretarios y militantes de la fracción del partido dirigida por Márquez en los municipios Acosta, Caripe y Piar del estado Monagas, Marquez tildó a los profesionales de este medio de comunicación de “vendidos” y carentes de ética y profesionalismo”.

Después Márquez “realizó publicaciones en sus perfiles públicos de Facebook e Instagram, en contra de Ulloa, Maturín News, y otros medios como Unión Radio, Venevisión, Globovisión y la emisora regional Total 92.7 FM. De acuerdo a IPYS Venezuela, en las publicaciones se desprestigió la labor de dichos medios por dar cobertura a las declaraciones de Alexis Caraballo, subsecretario de AD de la fracción de Bernabé Gutiérrez, sobre la renuncia de estos dirigentes”.

“Luis José Marcano, gobernador del estado Anzoátegui, hostigó al corresponsal de Sport Venezuela, Daniel Parra, luego de que este último denunciara en su cuenta de Twitter las interrupciones en el servicio eléctrico en su localidad, extendiéndose por más de 12 horas. Marcano, en respuesta, cuestionó la labor periodística de Parra con respecto a la cobertura de eventos deportivos locales: “Ah por eso es que siendo ‘periodista deportivo de Anzoátegui’ no informa nada de los juegos deportivos de Anzoátegui, es por la luz, de verdad disculpe, un mal intencionado me dijo que por ‘miserable egoísmo escuálido’ no le daban cobertura a 2500 jóvenes atletas, saludos’”.

“En la plataforma de Instagram, la cuenta @rabipeladoelectrico subió un contenido audiovisual que llevaba por título ‘Los carroñeros de Tejería’, incluyendo imágenes de las periodistas Gregoria Díaz y Marlene Ortiz, quie- nes fueron acusadas de ser ‘palangristas’, ‘ladronas’ y ‘mercenarios de la política’”.

“Mario Silva, conductor del programa de ‘La Hojilla’, que se emite en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y militante del PSUV, señaló directamente al medio digital informativo Monitoreamos por una publicación sobre la decisión del fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, de investigar a un ciudadano que había celebrado su cumpleaños con una temática Nazi en un restaurante de Caracas. ‘¿Acaso este portal de noticias pone en duda la legalidad de esta acción judicial?’, preguntó Silva, enfatizando cómo el medio había optado por poner la palabra ‘sancionar’ entre comillas en su titular. Además, destacó cómo el medio se refería a Saab como el “fiscal general impuesto por la Constituyente”, sugiriendo, que cuestionaban la legitimidad tanto de Saab como de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Candidatos

“Amenodoro Márquez, secretario adjunto en el estado Monagas de la corriente de AD liderada por Bernabé Gutiérrez desde el año 2020, lanzó una serie de acusaciones hacia el comunicador Jhonny Ulloa a través de su cuenta personal de Facebook. Márquez señaló directamente al periodista de estar al frente de una ‘conspiración de medios’ contra el partido AD y lo etiquetó como “obrero de Globovisión’. Estos señalamientos se dan en el contexto de una cobertura periodística hecha por Ulloa y otros periodistas, en la cual se reportó que un grupo de 130 militantes de la fracción adeca comandada Gutiérrez decidió aban- donar la organización para integrarse a las filas del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT)”.

“Carolina Jaimes Branger, quien se desempeña como escritora y comunicadora, denunció haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios por parte de una cuenta anónima en Instagram. Según reportes de IPYS Venezuela y capturas de pantalla realizadas por Jaimes Branger, los mensajes amenazantes incluían expresiones como “Vas a pagar”, “Estás ubicada” y “Muerte a los iraníes y a CJB”. Las amenazas se produjeron luego de la publicación de dos artículos de opinión: ‘Irán: oscuro, troglodita, asesino’, donde Jaimes Branger emitió críticas hacia el régimen de Irán por su trato represivo hacia individuos detenidos en protestas. El segundo artículo, ‘La historia que no supo Trapiello’, abordaba las declaraciones antisemitas de Esteban Trapiello durante una entrevista”.

“El periodista José Gregorio Rojas fue objeto de un ataque verbal a través de la mensajería privada de la red social Kwai por parte un presunto funcionario de la Policía del estado Anzoátegui, quien le envió un mensaje que decía “deja el chisme y anda a trabajar”. Este incidente se produjo tras la publicación de un video en dicha plataforma por parte de Rojas, sobre una noticia en relación al general de brigada del Ejército Raúl Lugo, quien habría amenazado a un civil con un arma. Según IPYS Venezuela, la cuenta desde la que se enviaron los mensajes al periodista se identificaba como “CUPAZ (Cuadrillas de Paz) BOLÍVAR PE P22″ y mostraba en su foto de perfil un presunto funcionario policial uniformado, con el escudo de la policía del estado Anzoátegui de fondo”.