A las denuncias ante la Justicia a Marcos Peña, Emilio Basavilbaso y Jorge Grecco por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por esta medida tomada, que remite al espionaje más burdo, solamente comparable con el modus operandi de la dictadura, también se sumaron las acciones de amparo, a las que adhiero, en repudio a esta estrategia de gobierno que viene a ponerle un chip de control a todos los argentinos.
La acción de amparo de alcance colectivo, presentada en el día de ayer, por los diputados del FPV pide que se declare de nulidad la resolución 166/16, que dispuso la transferencia de la base de datos de la ANSES a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación , quedando radicada en el juzgado contencioso administrativo, a cargo de la jueza Liliana Heiland, a quién se le solicitó la habilitación en feria judicial, solicitando, además, como medida cautelar, la suspensión de su aplicación, y si la información hubiese sido ya transferida, que se prohíba a la Secretaría de Comunicación Pública poder utilizarla.
La Resolución viola tanto el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, ya que la ANSES remitirá nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, CUIT/CUIL, estado civil, fecha de nacimiento, estudios y direcciones de e-mail de cada persona.
La ley 25.326 establece que los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención" la Resolución 166/16 habilita que los datos suministrados por las personas a la ANSES para ser beneficiarias de alguna de sus prestaciones, por ejemplo, sean usadas por la secretaría de Comunicación Pública para otros fines, lo cual "puede provocar que reciban llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por las personas para este fin. Claramente, se altera la intimidad del ciudadano que no brindó esta información para ser espiado por el Estado.
Esta cúpula de gobierno, pretende munirse del banco de datos que está integrado por mas de 32 millones de argentinos, para someterlos a control, asediarlos y ejercer presión proselitista y la divulgación de datos sensibles, ya que la mera inclusión en determinadas bases de datos de la ANSES puede implicar que se suministren datos sobre la salud de los individuos, algo expresamente prohibido por el artículo 2 de la ley 25.326. Esta operatoria por parte del Ejecutivo, nos recuerda al tristemente célebre accionar de la Gestapo, y es verdaderamente vergonzoso tener un gobierno que vino para ejercer persecución ideológica los argentinos, los deje sin trabajo y les quite el plato de comida de la mesa.
Emilio López Muntaner
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