REHENES DE LA OLIGARQUÍA

Cuando el poder político se vuelca al capital, los trabajadores quedan rehenes de los empresarios
El macrismo expresión del neocolonialismo moderno, dependiente de los dictados de los centros financieros y las necesidades estratégicas del imperio a través de la embajada de EEUU, acaba de enviar al Parlamento argentino un nuevo esquema de ley sobre los riesgos del trabajo que coloca a los trabajadores argentinos en posición discriminada con respecto al resto de los argentinos.
El macrismo, expresión del colonialismo moderno, dependiente de los dictados de los centros financieros y las necesidades estratégicas del imperio a través de la embajada de EEUU, acaba de enviar al Parlamento argentino un nuevo esquema de ley sobre los riesgos del trabajo que coloca a los trabajadores argentinos en posición discriminada con respecto al resto de los argentinos.
Modifica el marco actual, ya de por si lamentable de las privatización de la Higiene y Seguridad en el trabajo en manos de las ART, aseguradoras de esos riesgos, que coloca a la salud de los trabajadores como moneda de cambio de la llamada “competitividad”, en un marco de flexibilización laboral en marcha.
Este esquema residual de los 90 junto a las AFJP y el proclamado en aquel entonces seguro nacional de salud en manos de los bancos, fue licuado, aunque no suprimido por el gobierno peronista, que no pudo por la relación de fuerzas existentes, acabar con este sistema no sólo injusto, sino que debilita en forma geométrica la seguridad social en la Argentina.
La ley 24.557 que inició el sistema en 1996 recibió más de 100 declaraciones de inconstitucionalidad. La ley 26.773 que hicimos nosotros modificó en parte algunas de las injusticias como la discriminación de montos indemnizatorios, al hacerlo móvil e incorporando patologías crónicas como enfermedades profesionales, que fueron sistemáticamente rechazadas por las aseguradoras, cuyo ganancia es no prestar servicios.

Las ART recaudan 6.000 millones de pesos/mes y rechazan en sede administrativa cualquier reclamo con dudas, trasladando al hospital público o a los sistemas solidarios de salud, lo que deberían ser sus gastos, que deben ser asumidos por los sistemas de salud de los trabajadores, que no pueden a diferencia de las ART, hacer “abandono de personas”.
Mueren por día 2,8 trabajadores por día en nuestro país, muertos que no salen en los diarios, con responsables que no son juzgados por homicidios culposos, como son en realidad aunque se los esconda

detrás del eufemismo ”accidente”.
No existen los accidentes, existen las faltas de capacitación, el control de higiene y seguridad, de la inversión en medidas que son universales, provisión de elementos protectores y control de la salud de los trabajadores de acuerdo a la tarea que realizan, todas responsabilidades de las ART.
Sin embargo ahora con este sesgo liberal del gobierno se intenta profundizar esta brecha injusta y discriminatoria sobre los trabajadores.
Una vez más se privilegia el costo laboral en función de ajustar sobre los mismos, las medidas que aumenten la competitividad laboral, llevando las condiciones de trabajo a límites de riesgo laboral, en un esquema que ya vivió nuestro país en los 90 que nos dio la crisis social que vivimos en el 2001.
Nadie nos dice que en los últimos registros de siniestralidad laboral se verificaron 780 mil accidentes de trabajo de compatriotas que sufrieron dificultades de salud, que es el único capital que poseen, por ganarse el sustento diario para sus familias.
De eso accidentes el 4% fueron invalidantes o sea que además de los muertos, decenas de miles de argentinos quedaron fuera de la población económicamente activa, pasando en el mejor de los casos a la Seguridad Social.
Hoy el gobierno profundiza la desigualdad al cerrar la vía laboral judicial a los trabajadores accidentados, en una medida que de aprobarse será sin dudas declarada ilegal por la justicia ordinaria por discriminatoria sobre un sector de la población, cuando constitucionalmente todos somos iguales ante la ley.
Una vez más la cara del monstruoliberal nos muestra su verdadera intención.
Los peronistas defendemos el marco legal laboral que pudimos recuperar en los 12 años de gobierno peronista y en esa lucha seremos constantes en alzar la voz contra los atropellos sobre los trabajadores argentinos.
Es verdad que no pudimos nosotros modificar el cuadro estructural impuesto en los 90, pero intentamos suavizar sus efectos más devastadores, pero no alcanzó.
La fuerza del poder financiero aliado a los sectores empresarios más poderosos que hoy gobiernan el país, impidió cerrar esa brecha como hicimos con las AFJP, pero que será una tarea pendiente cuando completemos la recuperación de la soberanía nacional perdida.