Finalmente, el proyecto del Gobierno para reformar el Régimen Penal Juvenil no incluirá la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años como se había anunciado. La edad mínima para ser juzgado penalmente fue tema de debate, tras el crímen de Brian Aguinaco, de 14 años, perpetrado por una menor que fue enviado a Perú, y hasta le compraron el pasaje, por Karina Legizamón (funcionaria macrista) y la esposa de Angelici, presidente de Boca e íntimo amigo de Macri, porque el menor asesino era parte de una banda de narcotraficantes de un sector de la barrabrava de Boca. “Trabajaba” como mulita junto a su pequeña hermana desde Perú a la Argentina, teniendo en un año más de 15 viajes realizados entre ambos países, ergo, de esta manera evitaron que declare y que posiblemente, algunos queden involucrados.
Pero finalmente, la Defensoría General de la Nación y Unicef rechazaron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad en la última Mesa de Trabajo organizada por el Ministerio de Justicia. Coincidieron en la necesidad de reforzar el sistema de protección y mantener en 16 años la edad mínima. La mayoría entendió que la iniciativa afecta el derecho de progresividad de los menores.
Desde el Gobierno reconocieron que el tema de la edad es central para los planes del Ejecutivo, aunque también destacaron el consenso logrado en la idea de modificar el Régimen Penal Juvenil en otros aspectos ….o en otros momentos, dado la proximidad electoral.
La mayoría se pronunció en contra de bajar la edad. Pero esa posición no genera una propuesta. Tiende a dejar las cosas como están, explicó Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
El funcionario explicó que lo que quedaría trunco es encerrar a los chicos que cometan delitos graves; si un menor de 16 comete una violación va a hacer un tratamiento ambulatorio. La imputabilidad actual no permite responsabilizarlo, por lo que no se lo puede sancionar.
No obstante, si bien desde el Gobierno se comprometieron a respetar lo consensuado en las mesas de trabajo para la redacción del anteproyecto, la decisión final está en manos de los legisladores.
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