LA AUDITORIA SOBRE LA ESTAFA DEL CORREO ARGENTINO
La estrategia que Macri puso en marcha
para diluir semejante estafa. Según consta en la
auditoría, el Síndico General del concurso estableció que el Estado le debía a
Correo Argentino 3.348.902.864 pesos y que Correo Argentino le debía al Estado
248.772.091. En virtud de lo expuesto indicó, que el importe neto final a favor
de Correo Argentino SA era igual a $3.100.130.773, reseña la auditoría. Todo ese dinero a favor de Macri.
La auditoría sobre el CorreoGate que hizo la
Procuración del Tesoro es clave en el escándalo por el intento de parte de
Macri de condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda de
Correo Argentino con el Estado.
El documento, ,
confirma y deja expuestas las maniobras de la familia Macri para demorar el
pago de su deuda, la complicidad judicial para lograrlo y el rol del Estado en
el letargo de esta causa.
Un segundo documento,
firmado por el ex procurador Carlos Balbín, se apoya en esa auditoría y señala
asimismo puntos incómodos para el Gobierno.
Por la ley de
quiebras, el período para acordar por una deuda es de 4 meses y el Correo
de los Macri lleva 16 años en esa situación. Aquí, todos los cómplices.
El contenido de esta
auditoría lleva el sello de “Reservado”. Fue ordenada por el ahora ex
procurador del tesoro, Carlos Balbín el 13 de febrero de 2017.. El trabajo
quedó a cargo de Guillermo García, un abogado sin filiación partidaria que
acumula más de 30 años en la Procuración del Tesoro y no tiene vínculo político
ni con Balbín ni con el macrismo.
García revisó las 25.000
fojas que acumuló el expediente por la deuda de los Macri con el Estado a lo
largo de 16 años.Hizo un meticuloso raconto cronológico de las idas y vueltas
en la causa y delineó una serie de conclusiones divididas en seis ejes:
1) la duración del proceso
concursal;
2) la degradación del crédito
(la deuda) del Estado Nacional;
3) el incremento de los
eventuales créditos pretendidos por la concursada (es decir, los reclamos de
los Macri al Estado);
4) la importancia de la
dilación procesal y su imputabilidad (o sea, quienes fueron responsables de que
este pleito durara tantos años y sus culpas);
5) los representantes
judiciales del Estado Nacional y la defensa de los intereses públicos yel
acuerdo cuestionado, es decir, aquel que aceptó el Gobierno por el cuál la
fiscal Gabriela Boquin denunció que le condonaban a la familia presidencial
70.163 millones de pesos.
Es a todas luces
llamativo el tiempo que ha insumido este concurso, el que, paradójicamente, se
encuentra todavía en el denominado período de exclusividad, señala de entrada el auditor
García.El período de exclusividad es el momento en el cuál el deudor, en esta
caso Correo Argentino, hace su propuesta de pago a los acreedores, entre ellos
el Estado, que resuelven si aceptan o no.
Esa etapa, según el artículo
43 de la Ley de Concursos y Quiebras (que en lo que va de esta causa tuvo
varias modificaciones), dura 90 días con la posibilidad de extenderlo 30 días
más.Pues bien –resume
el auditor– el proceso que
nos ocupa lleva ya 16 años de trámite y aún no ha superado la etapa de la exclusividad.
Para entender el contenido de
la auditoría es importante la cronología. En diciembre de 2003, el primer juez
de la causa -Eduardo FavierDubois- decretó la quiebra indirecta de Correo
Argentino, y que era inaplicable el salvataje que establece la ley de Concursos
y Quiebras en su artículo 48.Los Macri apelaron y, en 2004, la Sala B de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial les dio la razón y revocó el
fallo.
Primer favor judicial a los
Macri.El segundo, según la auditoría, vino de la mano de la jueza Marta
Cirulli, que tomó las riendas de este expediente tras el apartamiento del juez
FavierDubois por amistad manifiesta con el abogado de los Macri.Para el auditor
García la jueza Cirulli reabrió el período de exclusividad y así dilató la
causa.
Varias de las
consideraciones vertidas por la magistrada para adoptar esta decisión
transitaban por un camino más acorde con lo valorativo personal que con el
procedimiento reglado,
sentenció García.A su vez, la auditoría afirma: Cabe consignar que no se observa en las actuaciones que
los representantes estatales hayan formulado cuestionamientos a esta suerte de
regresión procesal, en alusión a los distintos momentos en que los
abogados del Estado, puntualmente del Ministerio de Planificación, actuaron
explícita o tácitamente en favor de los intereses de los Macri. Este punto
también fue señalado por la fiscal Boquin.
El auditor García apunta
sobre la degradación de la deuda con el Estado por el paso del tiempo.Es evidente que el curso del tiempo en
el estado de indefinición a que se ha hecho referencia en esta auditoría,
genera una degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado.Este
punto es central, ya que pone en cuestión si deben computarse intereses a la
deuda de los Macri.La fiscal Boquin entendió que sí; incluso Balbín, en el
memorándum que escribió basándose en esta auditoría, planteó la posibilidad de
computar los intereses.El auditor García apunta en ese sentido.Son miles de
millones de pesos de la familia Macri en juego.
La situación se torna más
grave a poco de caer en la cuenta que, Correo Argentino SA, ha promovido
acciones judiciales contra el Estado Nacional, tendientes al resarcimiento de
los daños que, manifiesta, le habría generado el accionar del Estado, señala el auditor García.
Se refiere a los juicios de
los Macri contra el Estado, uno iniciado en el 2000 y otro en 2016, donde le
reclaman cifras exorbitantes, en el último como indemnización por la quita de la
concesión del Correo.Este último los Macri lo iniciaron justo cuando lograron
el acuerdo con el Gobierno, y reclamaron 2.365 millones de pesos.El auditor
García llama la atención sobre algo: mientras los Macri demandan lo que
supuestamente les deben más intereses, no quieren pagar intereses sobre lo que
le deben al Estado.
La prolongación del concurso,
señala entonces García, habrá
de tornar más gravosa la posición del Estado Nacional, dada esta
asimetría en los reclamos.Ni hablar de las cifras.Otro de los puntos de la
auditoría refiera a las responsabilidades en la dilación de esta causa.El
auditor García reitera que, tras revocarse el pedido de quiebra, tendría que
haberse iniciado el salvataje (conocido como “cramdown”) de la empresa pero se
reabrió el período de exclusividad que dura hasta hoy.Achaca este punto a la
jueza Cirulli, que lo resolvió el 9 de abril de 2007. García, sin embargo,
reparte responsabilidades: No
parece justo imputar las demoras que registra la causa exclusivamente al órgano
judicial. También el Correo Argentino SA generó peticiones de todo tipo, varios
de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por los Tribunal y
silenciosamente aceptadas por el Estado.
En verdad, el Estado,
activa o pasivamente, ha terminado, también, consintiendo con la marcada
extensión del proceso.Construye
así una mesa de tres patas que sostuvo la demora de esta causa: los Macri-las
juezas-algunos abogados (no todos) del Estado.
Por lo dicho -agregó García en las conclusiones- estas
cuestiones podrían no ser directa o exclusivamente imputables a los abogados
que integran el servicio jurídico público interviniente, en la medida en que
ellos hayan sido procelosos del control primario de legalidad que les compete
ante directivas que se les imparten. Es probable también, que, autoridades de
rango superior de los distintos ministerios que han intervenido a lo largo de
estos 16 años, puedan dar razón de la dilación a que se hace referencia.
Este párrafo, que cita a su
vez Balbín en su memorándum, no da nombres pero pueden inferirse.Uno de ellos
es el de Julio De Vido, ya que Correo Argentino quedó bajo su órbita en el
Ministerio de Planificación tras la rescisión de la concesión.Otro es Oscar
Aguad, Ministro de Comunicaciones actual a cargo de la maniobra (por ahora
frustrada) de ponerle fin a esta disputa con los Macri como únicos
beneficiarios de ambos lados del mostrador.
Puntos en común: La auditoría de García tiene, hasta
aquí, bastantes coincidencias con los planteos de la fiscal Boquin en esta
causa.Difiere, sin embargo, en un punto: el rol de Juan Manuel Mocoroa, el
director de asuntos jurídicos del Ministerio de Comunicación que, en la
audiencia del 28 de junio de 2016, aceptó la propuesta que, según el dictamen
de la fiscal Boquin, implicaba una condonación de más de 70.000 millones de
pesos a la familia Macri.
La fiscal Boquin sostuvo que
la aceptación era nula ya que Mocoroa, por un lado, tenía una designación
transitoria y, por el otro, carecía de una autorización de la Procuración del
Tesoro, o sea, el órgano superior de los abogados del Estado, para aceptar o
rechazar algo tan importante.
La fiscal sostuvo que debía
investigarse si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del
funcionario o fue por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el propio
Macri.Sobre la designación transitoria, García la justifica con que hace mucho
que no se llama a concursos para cubrir esos cargos y muchos de ellos son
designaciones temporales.Sobre la autorización expresa la cuestión se
complejiza.Por un lado, el auditor García adjuntó el pedido de instrucciones de
Mocoroa y la respuesta de Aguad para esta cuestión.
Según la auditoria, el 6 de
junio de 2016 Correo Argentino hizo una oferta de pago a sus acreedores.Sin
embargo, el 23 de mayo, dos semanas antes, Mocora ya le había enviado una nota
al ministro Aguad donde le pidió instrucciones respecto de la propuesta que se
discutiría el 28 de junio.Es decir, o Correo Argentino le acercó la propuesta
al Gobierno por fuera del canal judicial o hubo más de una propuesta y no
constan en el expediente.
La propuesta de Correo
Argentino era pagar en 19 cuotas anuales, con un interés del 6%. Aguad le
contestó a Mocoroa el 24 de junio, 4 días antes de la audiencia.Le dijo que
debía tener en cuenta el
tiempo transcurrido, así como el proceso inflacionario ocurrido a lo largo de
los años, que atentaban contra el valor de la deuda.Para Aguad, los
intereses estaban suspendidos, tal como pedían los Macri. Aguad instruyó a
Mocoroa a no conceder quita
ni renuncias a la deuda durante
tantos años postergada.Le indicó que rechazara la oferta por no alcanzar a satisfacer las
condiciones imprescindibles para la concreción del interés público comprometidoy,
a su vez, le ordenó que requiriera una nueva propuesta.
Específicamente le dijo que
aceptara si se reducían a 15 las cuotas y se aumentaba la tasa de interés a un
7%.Fue exactamente lo que sucedió el 28 de junio.Mocoroa rechazó la oferta y
tras un cuarto intermedio le ofrecieron justo lo que indicó Aguad.Como si
estuviera preacordado entre el Gobierno y la familia Macri. En síntesis, los
papeles indican que: Mocoroa tenía instrucciones de Aguad para aceptar, tal
como afirma el auditor García, pero no tenía era autorización para actuar en
nombre del Estado, tal como sostiene Boquin.
La fiscal Boquin, en su
dictamen, llamó la atención sobre el cambio de estrategia del Estado, que pasó
de oponerse en general y a dejar pasar el tiempo en algunos tramos de la causa
a aceptar las condiciones abusivas
que propuso la familia Macri.
El auditor García tiene una
lectura diferente: aún con
las dificultades y falencias a las que se hiciera referencia, parece indicar
que no ha mediado otra estrategia que el mero consentimiento a una situación de
indefinición que aún hoy afecta los intereses del Estado Nacional.Hubo, sin embargo, un cambio: con el
Gobierno de Macri hubo una definición: aceptar la propuesta que, demostró la
fiscal Boquin, era inaceptable.
Si ninguna de las partes puso
fin a esta causa durante años, en 2016 el apellido Macri quedó de ambos lados
del mostrador, se alinearon sus intereses y contaron con la anuencia las juezas
Maria Lila Gómez Alonso de Diaz Cordero y BatildeBallerini para concretar ese
acuerdo que pretendía finalizar este pleito con un claro ganador: la familia
Macri.
Sobre el acuerdo que aceptó
el Gobierno, García advierte que la auditoría no está llamada a evaluar la conveniencia o no de un
acuerdo como aquel que se arribara en autos y luego entrara en crisis.
Pese a esto, el auditor
cierra: Ello no me impide propiciar un acuerdo final entre el Estado
Nacional y la concursada (Correo Argentino), que ponga término a la extensa
incertidumbre que se cierne sobre los intereses fiscales y las pretensiones de
Correo Argentino SA.Existen mecanismos, complejos pero también concretos, que
permitirían arribar a las partes a una solución que, hoy por hoy, se torna imperiosa.
Las otras causas: La auditoría es más extensa y evalúa
todas las causas en las cuales están involucrados Correo Argentino y el Estado,
siete en total.Sin embargo, la causa central para el Gobierno y para la familia
Macri es la de la deuda de Correo Argentino con el Estado, iniciada el 19 de
septiembre de 2001.La auditoría de esta causa lleva el número 5692, y fue
registrada el 3 de abril de 2017.El expediente que analizó es el 94360/2001.El
monto original, 269.205.376 pesos con 49 centavos.La auditoría advirtió varias
cosas.
Primero, que se centró en la
actuación de los abogados del Estado en el expediente.Segundo, que el trabajo
tuvo que sortear diversos obstáculos, desde medidas sindicales hasta idas y
vueltas el expediente hacia diversos juzgados, entre ellos, el del juez Ariel
Lijo, donde radican las denuncias penales contra Macri y Aguad.
Por último, informa que la
auditoría se extendió hasta el dictamen de la fiscal Boquin del 30 de diciembre
de 2016, aunque aclara que se analizó también la información de escritos
posteriores de la fiscal que sumaron información al rechazo del acuerdo y
mostraron la dinámica de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras
empresas del clan Macri.
La versión Balbín: Once días después de recibir la auditoría
realizada por García, el entonces procurador del Tesoro Balbín firmó un
memorándum basándose en su contenido, aunque puso el énfasis en determinados
ejes.En este segundo documento, el ahora ex procurador Balbín analiza la
excesiva duración de esta causa, las consecuencias de esta demora para el
patrimonio estatal, detalla y critica las artimañas legales ejecutadas durante
estos 15 años y con complicidad judicial por Correo Argentino y cuales fueron
consentidas por el Estado, y opina sobre el dictamen de la fiscal Boquin que
rechazó la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri
que había aceptado el Gobierno.
Tras más de quince años,
el proceso se halla en pleno trámite,
afirma Balbín al inicio del memorándum, en coincidencia con la apreciación de
la auditoría.La prolongación
del concurso durante todo el período de años mencionados importó un detrimento
significativo del crédito del Estado, destacó Balbin.Sostuvo que
una vez que se verificó en 2003 que la deuda era de 296.205.376 pesos esto obligaba a todos los funcionarios
intervinientes en el proceso concursal a lo largo de estos quince años a
extremar sus esfuerzos a fin de evitar perjuicios al erario público.Para Balbin, durante el gobierno
nacional y popular, además de oponerse a varias de las presentaciones improcedentes
de Correo Argentino tendría que haber reclamado soluciones y sanciones frente a
estas conductas meramente
dilatorias.
Balbín es, además, muy
crítico con la empresa de los Macri, a la cuál le atribuye una conducta procesal cuestionable
frente a los reiterados rechazados (sic) del tribunal.
Y coincide con el auditor
García en su reproche a la jueza Cirulli, a quien describe retrotrayendo la
causa a etapas ya concluidas y demorando la causa por 5 años.Algo que Balbín
agrega en su memorándum y no figura expresamente en la auditoría es una
referencia al dictamen de Boquin donde denunció la mala fe procesal de los
Macri que, mientras negociaban una condonación de su deuda demandaban al
Estado.
Balbin señala que los Macri
hicieron esta maniobra sin
siquiera haber anoticiado al Gobierno demandado, es decir, si
avisarle a él.Balbin también critica la reapertura del período de exclusividad
e insiste en responsabilizar al Estado.Tomando como base la auditoría, Balbín reprueba
la ausencia de mención
alguna (lo que hace presumir su inexistencia) acerca de reclamos o
presentaciones de los abogados del Estado a fin de ordenar el cauce procesal y
lograr que avance el proceso.
Es insistente con esta
crítica, y destaca quese evidencian
ciertas desprolijidades en la actuación letrada del Estado, y hace
foco especialmente en que nunca se pidió la quiebra de Correo Argentino.
No surge del informe de
auditoría que, durante los sendos años que lleva este proceso (…) el Estado
acreedor haya reclamado nuevamente tal consecuencia (la quiebra) frente a las
propuestas no aceptadas, permitiendo -con dicha omisión- que la acreencia del
Estado pudiera verse mermada por la imposibilidad legal de aplicar los
intereses, sintetizó
Balbín.
Estas últimas palabras, los
intereses, son clave para entender porqué este memorándum de Balbín molestó al
presidente Macri y su familia.Si bien la ley plantea (y el Gobierno usó esto
como argumento) que los intereses se suspenden desde la presentación del concurso
(o sea, desde 2001), para Balbín la
doctrina advierte que tal suspensión no es absolutay estadoctrina podría ser invocada en
este caso.No obstante, critica en la misma medida a las juezas que
intervinieron en la causa, tanto Cirulli como las camaristas Gomez Alonso de
Díaz Cordero y Ballerini, porque ellas debían impulsar la resolución de esta
causa.
Balbín estampó su firma en
este memorándum el viernes 21 de abril. Al día siguiente, la intención del
Gobierno fue desplazarlo.La cuestión del CorreoGate no fue el único motivo:
Balbín había comenzado a investigar las vinculaciones de Odebrecht y tuvo
dictámenes incómodos para el amigo presidencial Joe Lewis y por la posesión del
predio de La Rural, entre otros temas.Incluso había acordado su salida del gobierno
para abril unos meses antes, previo a que se conocieran públicamente el
CorreoGate y las derivaciones del caso Odebrecht.El escándalo por la
condonación de deuda de Correo Argentino a la familia Macri, sin embargo, tuvo
un peso relevante en su salida.
Cronología de una
estafa: La
auditoría recorrió todo el expediente, que suma más de 22.000 fojas y 100
cuerpos.Allí consta que el concurso preventivo de acreedores fue presentado el
19 de septiembre de 2001 por Raúl Casa, por entonces presidente de Correo
Argentino.El directorio de la empresa había aprobado esa decisión el día
anterior.Sus abogados eran Mario Laporta y Jorge Osvaldo Lopez.La auditoría
reseña la historia de la privatización del correo en 1997, los argumentos de
los Macri para dejar de pagar el canon y las demandas que le hicieron al Estado
ya por el 2000.
La empresa adujo que se
había visto imposibilitada de abonar los cánones reclamados, como consecuencia
de los incumplimientos por el Estado de las obligaciones a su cargo pactadas en
el contrato de concesión (ésto es la exclusividad en: la emisión de sellos
postales, la prestación de comunicaciones fehacientes, en la prestación de
servicios telegráficos; la transferencia de marcas y patentes; obligaciones
relativas al régimen laboral del personal, etc.).O sea, los Macri se quejaban de que no
era un negocio fácil y que no podían flexibilizar las condiciones de trabajo.El
inicio del concurso de acreedores fue calificado, por su magnitud, de Gran
Concurso.
Pero el tiempo pasó y, según
consta en la auditoría, recién el 19 de junio de 2009 el monto de la deuda
(296.205.376. pesos) fue confirmado por la Sala C de la Cámara Comercial.La
auditoría detalla que recién en la foja 8.929 apareció la primera propuesta de
acuerdo.Era septiembre de 2003, y los Macri proponían pagar el 40% de su deuda
en 15 cuotas y sin intereses.Luego, mientras algunos acreedores aceptaban,
Correo Argentino pidió 120 días de prórroga, y el Estado (representado entonces
por Alberto García) se opuso argumentando que la conducta de Correo Argentino SA constituía maniobra
dilatoria.Las constantes demoras, sin embargo, recién
comenzaban.Siguiendo la auditoría, los Macri hicieron una segunda propuesta:
pagar el 100% de la deuda con un bono que
cancelaría las acreencias durante el período de concesión con una tasa de
interés del 1%.O sea,
recién terminaban de pagar en el 2027, dado que la concesión era de 30 años, y
con un interés residual.Pidieron también un cuarto intermedio de 30 días.El
Estado se opuso junto al Banco Nación y la AFIP.En 2003, según la auditoría, el Estado Nacional reiteró que la
concursada (Correo Argentino) había prolongado con maniobras meramente
dilatorias el trámite del concurso para poder mantener la explotación del
servicio durante el mayor tiempo posible sin abonar ningún canon, suspendiendo
los intereses, y de tal forma, licuando su deuda al máximo.Habían pasado menos de 2 años de un
trámite que dura hasta la actualidad.El Estado, consta en la auditoría, también
analizó las propuestas de
pago efectuadas y sostuvo -respecto de la segunda- que era abusiva y contraria
a la ley, y que entre la primera y la segunda propuestas no existía,
prácticamente, diferencia económica.
El juez FavierDubois entendió
que no se podía hacer un salvataje de la empresa (el denominada cramdown) y
decretó su quiebra indirecta.Duró poco: los Macri apelaron la quiebra y el 26
de enero de 2004 ya se habían reapoderado de Correo Argentino SA.El 27 de
octubre de ese año la Sala B del fuero Comercial revocó la quiebra y habilitó
más demoras en esta causa.A esta altura, el expediente acumulaba más de 60
cuerpos y 14.000 fojas.En 2005, los Macri cambiaron de abogado.Su defensa la
asumió Jaime Kleidermacher.Entre las nuevas estrategias pidieron que se
excluyera al Estado de las mayorías legales para la aceptación de sus
propuestas y que les dejaran utilizar los fondos congelados de Correo Argentino
para inversiones más rentables.Lo primero fue rechazado en primera instancia;
lo segundo también, pero luego se lo habilitó la Cámara.Luego, los Macri
pidieron una vez más una prórroga de 60 días del período de exclusividad, es
decir, del lapso para hacer una nueva oferta.Lo lograron.
En 2007, el expediente
superaba los 70 cuerpos y las 17.000 fojas.En la 17.667, según la auditoría,
consta una nueva propuesta de Correo Argentino: pagarle al Estado el 100% de la
deuda con lo que el Estado supuestamente les debía a ellos.Llamaron a una
audiencia y la representante del Estado, Maria Pace, dijo que no tenía instrucciones sobre la
propuesta.Frente a esto, Correo Argentino pidió una prórroga de 90
días y el Estado aceptó.Uno de los casos en que hubo responsabilidad de ambos
en la demora de esta causa.Consta en la foja 19.315.Ya por entonces la
estrategia de los Macri de pagar poco y cobrar mucho estaba en marcha.Según
consta en la auditoría, el Síndico General del concurso estableció que el
Estado le debía a Correo Argentino 3.348.902.864 pesos y que Correo Argentino
le debía al Estado 248.772.091.
En virtud de los expuesto
indicó, que el importe neto final a favor de Correo Argentino SA era igual a
$3.100.130.773,
reseña la auditoría.
Todo ese dinero a favor de
los Macri.
La cuestión siguió en 2009,
ya con más de 20.000 fojas apiladas en el expediente.Los Macri se empecinaron
en que el Estado les debía dinero e insistían que el Estado había aceptado
tácitamente su última oferta.El 18 de marzo de 2010, la jueza Cirulli no
homologó el acuerdo, por lo que le dio la razón al Estado.
En la auditoría consta que,
ante esa decisión de la jueza Cirulli, los Macri presentaron un escrito
solicitando a la jueza que informara si
había recibido en su despacho a representantes de la Subsecretaría de Justicia
de la Nación, como así también si había mantenido conversaciones telefónicas
con funcionarios de dicha cartera ministerial.Les negaron el pedido
porque carecía de una petición
contenciosa concreta.
En la foja 22.216 ya está en
2016 y opera la gestión Macri con el acuerdo que aceptó Juan Manuel Mocoroa por
órdenes de Aguad. Finalmente, ya con más de 100 cuerpos, la auditoria recorre
cómo, tras conocerse este acuerdo, el Gobierno decidió dar marcha atrás y
solicitar una nueva audiencia, que se fijó para el 16 de marzo, pero que no se
realizó porque el macrismo pidió suspender todos los plazos por 120 días.
Hasta acá la cronología del
expediente.Por delante están las elecciones, y la intención de Macri de tapar
semejante estafa hasta que pasen los comicios de octubre..
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