SE REPARTEN EL PAÍS
CONCENTRACIÓN Y CARTELIZACIÓN
(MINDLIN-CAPUTO-PAGANO) EN EL SECTOR ELÉCTRICO
Edenor y Edesur son las distribuidoras y
comercializadoras que se reparten la CABA y sendos partidos de la provincia.
Ambas empresas representaron, a fines de 2015, el 39% de los usuarios del
servicio público de electricidad a escala nacional o 5,31 millones de usuarios.
Por Federico Bernal
En
un año y medio de gestión neoliberal, el Grupo DESA de Rogelio Pagano -ex
Edenor- pasó a controlar todas las distribuidoras y comercializadoras de la
provincia de Buenos Aires, a excepción de Edenor y Edesur que caen bajo órbita
nacional.
CONCENTRACIÓN Y CARTELIZACIÓN
(MINDLIN-CAPUTO-PAGANO) EN EL SECTOR ELÉCTRICO
Edenor y Edesur son las distribuidoras y
comercializadoras que se reparten la CABA y sendos partidos de la provincia.
Ambas empresas representaron, a fines de 2015, el 39% de los usuarios del
servicio público de electricidad a escala nacional o 5,31 millones de usuarios.
OETEC08-06-2017 | La provincia de
Buenos Aires absorbió, en 2016, el 50% de la demanda de electricidad a nivel
nacional. En cantidad de usuarios, y según los últimos datos publicados por la
Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina
(ADEERA), explicaba -a fines de 2015- el 49% de los usuarios totales del país
(6,7 de 13,7 millones). Pues bien, y como fuera explicado en nuestro informe
“¿A quién defiende el Defensor del Pueblo bonaerense? Sobre el monopolio
eléctrico del Grupo DESA”, la concentración del sector registrada desde 2016 a
la fecha dio como resultado que una sola empresa -DESA- absorbiera la totalidad
de las distribuidoras y comercializadoras que operan bajo jurisdicción
provincial. Si a lo anterior agregamos las históricas Edenor y Edesur, la
distribución y comercialización del servicio público de electricidad en la
provincia de Buenos Aires termina siendo un oligopolio dirigido por tres
empresas, dos de las cuales están integradas verticalmente. En otras palabras,
tres empresas (tres apellidos) son responsables de suministrar el 50% de la
demanda a nivel nacional al 49% de los usuarios de la República Argentina (ver
imagen). En el marco de las acciones de lucha y resistencia de la ciudadanía
contra la estafa del tarifazo, incluyendo por supuesto a las entidades de
defensa de usuarios y consumidores, así como a los legisladores provinciales y
nacionales opositores, este Observatorio sostiene que las acciones populares de
resistencia y reversión de la estafa (iniciativas de asociaciones de usuarios,
proyectos de ley, cautelares, etc.) no pueden desvincularse del inédito y
aberrante nivel de concentración, abuso de posición dominante, verticalización
y cartelización empresarial en materia eléctrica (energética en general). Porque,
además, no se trata de cualquier concentración ni cartelización, sino de una
protagonizada por apellidos vinculados directa o indirectamente al Poder
Ejecutivo Nacional (Caputo, Mindlin, etc.), apañados por un Ministerio (el de
Energía) que en realidad sirve los intereses de un conjunto de empresas también
directa o indirectamente ligado a esos mismos apellidos, entre muchos otros,
desde donde cartelizan y actúan con abuso de posición dominante en detrimento
de la seguridad jurídica del pueblo argentino. Tales prácticas del
anarco-mercadismo argentino (rechazadas hasta por los amigos de Macri del
WorldEconomicForum, según se verá en este trabajo) son criticadas y denunciadas
por la oposición para el sector de los alimentos, ciertos rubros industriales,
los medios de comunicación, etc. Sin embargo, en el energético, que es el más
castigado, brilla por su ausencia. En este sentido, consideramos que la
experiencia de Finlandia en el combate contra la anarquía de mercado descripta
debajo resultará más que interesante.
Presidente Mauricio Macri y, de izquierda a
derecha, sus socios capitalistas: Nicolás Caputo (dueño de SADESA, controlante
minoritaria de Edesur); Marcelo Mindlin (dueño de Pampa Energía, controlante de
Edenor) y Rogelio Pagano (Grupo DESA, controlante de EDEN, EDES, EDEA y
EDELAP). Tres empresas (tres apellidos) son responsables de suministrar y
comercializar el 50% de la demanda a nivel nacional al 49% de los usuarios de
la República Argentina. Y eso que no se contempla aquí su integración vertical
en hidrocarburos y generación eléctrica. En la lucha por recuperar la energía
como derecho humano y herramienta de desarrollo económico, productivo e
industrial moderno, incluyente de pueblo y provincias por igual, el primer y
obligado paso debe ser denunciar en todos los foros, audiencias, iniciativas
parlamentarias, actos públicos, etc., la inédita y aberrante anarquía de
mercado que impera en el país y que tiene, en el sector energético, su más
alto, irrefutable y vergonzoso ejemplo.
Un solo apellido
controla la distribución y comercialización eléctrica bonaerense
En un año y medio de gestión
neoliberal, el Grupo DESA de Rogelio Pagano -ex Edenor- pasó a controlar todas
las distribuidoras y comercializadoras de la provincia de Buenos Aires, a excepción
de Edenor y Edesur que caen bajo órbita nacional. Actualizados los datos a
fines de 2016, con el control de EDEA, EDEN, EDES y EDELAP, el Grupo DESA llega
a 1.770.000 usuarios.
Tres apellidos se
reparten la provincia de Buenos Aires y la mitad del país
Edenor y Edesur son las
distribuidoras y comercializadoras que se reparten la CABA y sendos partidos de
la provincia. Ambas empresas representaron, a fines de 2015, el 39% de los
usuarios del servicio público de electricidad a escala nacional o 5,31 millones
de usuarios.
Elaboración OETEC en base a ADEERA (2015). Mindlin
es dueño de Pampa Energía, NicolasCaputo de SADESA, controlante minoritaria de
Edesur y Rogelio Pagano de DESA.
Es decir, vemos que los tres
apellidos mencionados concentran la mitad de los usuarios de electricidad del
país:
El Índice de
Competitividad Global y Prácticas Anti-monopólicas
Según el Foro Económico Mundial (WEF, siglas en inglés) y su “Índice de
Competitividad Global 2016/17”, sobre un total de 138 naciones, Suecia ostenta
la primera posición en la categoría “Eficiencia de la Política Antimonopolios”,
seguida de Nueva Zelanda y Finlandia. Qué es lo que evalúa dicha categoría?
La “Eficiencia de la Política
Antimonopolios” monitorea y puntúa la eficacia del gobierno en el combate a las
prácticas anti-competitivas de las empresas (concentración, cartelización,
abuso de posición dominante, integración vertical, etc.). En los informes del
WEF, este parámetro surge de encuestas a nivel del empresariado local al cual
se le efectúa la siguiente consulta: “¿Hasta qué grado la política
anti-monopolios promueve la competencia en su país?”. Un puntaje bajo es
negativo; uno alto es positivo.
A nivel países
latinoamericanos, y para la versión del informe correspondiente a 2016/2017,
Chile se lleva la mejor ubicación del ranking con la posición 36. Siguen
bastante detrás: México (58), Colombia (69), Brasil (73), Perú (75) y la
Argentina (126). Cabe agregar que, en la puntuación de este parámetro, nuestro
país retrocedió en la comparación interanual con 2015. ¿Llama la atención?
Qué pasa en
Finlandia?
Finlandia no sólo es el país
que fabrica y exporta a EE.UU. las cunitas para su símil Plan QUNITA, sino que
es uno de las naciones más socialmente justas y desarrolladas del mundo. ¿Algo
que ver con el estricto control y rechazo a las tradicionales prácticas
anti-competitivas de empresarios inescrupulosos? Veamos…
En una batería de artículos
publicados en el diario Tiempo Argentino entre 2013 y 2014,este autor analizó
la política anti-monopólica de Chile y de Finlandia. Entonces, esta última
figuraba primera en el ranking mundial como la nación más eficiente en el
combate a las prácticas anti-competitivas (abuso de posición dominante,
cartelización, concentración, etc.). Vamos con el caso finlandés, reservando el
chileno para otra oportunidad.
En nuestro informe “Un aporte
finlandés a los oprimidos empresarios del plástico en la Argentina”, publicado
en diciembre de 2014, entrevistamos al Dr. Timo Mattila, Director de la
División de Competencia de la Autoridad Finlandesa del Consumidor y la
Competencia (AFCC) y funcionario de más de ocho años de experiencia en la ex
Autoridad del Consumidor.
Mattila define a la AFCC como “la autoridad de
aplicación para la ejecución de políticas relacionadas con la competencia y el
consumo, asegurando el desempeño correcto del mercado mediante la
implementación de la legislación sobre la competencia y las normas de
competencia de la UE, a fin de asegurar la posición financiera y jurídica
de los consumidores. Como se aprecia de la imagen, en Finlandia el combate a la
cartelización es a todo o nada.
La AFCC comenzó sus
operaciones en enero de 2013. En cuanto a “Restricciones de la competencia que
decrecen la eficiencia económica”, dicha institución pública las combate a través
de la Ley de la Competencia (948/2011), normativa que (subrayado es nuestro)
“busca prevenir conductas nocivas por empresas comerciales y asegurar la
estructura competitiva del mercado a través del control de las fusiones.
En la aplicación de la ley, se presta especial atención a la protección de las
condiciones de operación de los mercados y a la libertad de las empresas de
negocios para operar con el fin de permitir que los clientes y
consumidores se beneficien de la competencia“.
Mattila nos explicó que en
2011 se sancionó la Ley de Defensa de la Competencia en su país, ley que
“prohíbe las prácticas que casi siempre son perjudiciales para la competencia
económica. Ellas son, por ejemplo, el abuso de las posiciones dominantes y
los acuerdos horizontales entre competidores cuyo propósito o efecto sea
restringir la competencia. El Tribunal del Mercado (sic) podrá imponer
multas a las empresas que infrinjan la Ley de Defensa de la Competencia”.
Es decir, en Finlandia, cuarta nación más eficiente del mundo en la lucha
contra los monopolios y el abuso de posición dominante, funciona un Tribunal
del Mercado.
Le consultamos luego, en qué
medida una política anti-monopólica puede promover la competencia. Nos
respondió: “La competencia debe ser sana a fin de beneficiar a los
consumidores. La sana competencia requiere ser regulada, en alguna medida. Las
leyes de defensa de la competencia obligan a intervenir en todo tipo de
conducta que reduzca la eficacia de la economía o que impida de manera
improcedente que otras empresas hagan negocios. La legislación de la
competencia tiene como objetivo impedir conductas perjudiciales desde la
perspectiva de la política de defensa de la competencia y salvaguardar la
estructura competitiva de los mercados a través del control de las
fusiones. Sin regulación, estos objetivos serían difíciles de alcanzar”.
De Finlandia al
oligopolio eléctrico y la estafa del tarifazo en la República Argentina
En la Ley de Competencia
finlandesa, la sección séptima define el “abuso de posición dominante”. Sin
embargo, pedimos a Mattila su propia definición: “Posición dominante de una o
más empresas o asociación de empresas” se verifica “cuando, ya sea dentro del
país o dentro de una región determinada, tenga derechos exclusivos u otra
posición dominante con relación a un producto específico del mercado que le
permita un control significativo del nivel de precios o de las condiciones de
entrega del producto, o que, de alguna otra manera, influya sobre las
condiciones competitivas en un determinado nivel de producción o de
distribución… La AFCC supervisa la competencia en los mercados y puede iniciar
actuaciones sobre la base de sus propias investigaciones o de advertencias
realizadas por empresas”.
Por su parte, en la referida
norma, sección quinta, se describen los “cárteles”. Nuevamente, aprovechemos a
Mattila, quien al respecto nos dijo que “Un cártel es una organización de
vendedores o compradores que se ponen de acuerdo para fijar precios de venta,
precios de compra o reducir la producción utilizando una serie de tácticas. Los
miembros del cártel pueden acordar sobre temas tales como los precios
mínimos o los precios objetivo (fijación de precios), reducir la producción
total de la industria, fijar cuotas de mercado, asignación de clientes,
asignación de zonas, licitaciones fraudulentas, alteración de las condiciones
de venta, o la combinación de estos. El objetivo de tal colusión es aumentar
los beneficios de los miembros que lo integran debido a una menor competencia.
La AFCC realiza el seguimiento de la competencia en los mercados y puede
iniciar acciones sobre la base de sus propias investigaciones o de advertencias
provenientes de empresas”.
Es objetivo del control de fusiones asegurar la
competitividad de la estructura de los mercados, interviniendo de forma previa
a las concentraciones que impidan una efectiva competencia.
La Ley de Competencia
finlandesa, reviste especial interés para el objetivo de este informe.
Traducimos textualmente: “La Ley… prohíbe las restricciones de la competencia
consideradas, por regla general, como aquellas que producen efectos nocivos
para una competencia económica sólida y eficaz (principio de
prohibición). Las restricciones prohibidas incluyen el abuso de posición
dominante y las prácticas entre empresas competidoras para limitar la
competencia (cárteles). A pedido de la AFCC, el Tribunal del Mercado puede
imponer una multa a quienes violen las disposiciones de la Ley de la
Competencia”.
La descripción de la AFCC
prosigue detallando especialmente los ítems: “abusos de posición dominante; los
cárteles y otras restricciones de competencia horizontal; y las restricciones
de la competencia relacionadas con acuerdos de suministro y distribución,
es decir, las restricciones de la competencia vertical“. Si esto sucediera en
Venezuela, qué diría el WEF?
Conclusiones
La estafa del tarifazo, con
incrementos abusivos, injustos y, por sobre todas las cosas, carentes de toda
justificación como tantas veces explicamos desde OETEC, no es otra cosa que una
de las tantas prácticas anti-competitivas transitando la época dorada del
anarco-mercadismo argentino.
En el marco de las acciones
de lucha y resistencia de la ciudadanía contra la estafa del tarifazo,
incluyendo por supuesto a las entidades de defensa de usuarios y consumidores,
así como a los legisladores provinciales y nacionales opositores, este
Observatorio sostiene que las acciones populares de resistencia y reversión de
la estafa (iniciativas de asociaciones de usuarios, proyectos de ley,
cautelares, etc.) no pueden desvincularse del inédito y aberrante nivel de
concentración, abuso de posición dominante, verticalización y cartelización
empresarial en materia eléctrica (energética en general). La experiencia
finlandesa aquí descripta podrá aportar en esta dirección.
Porque, además, la energética
no se trata de cualquier concentración ni cartelización, sino de una
protagonizada por apellidos vinculados directa o indirectamente al Poder
Ejecutivo Nacional (Caputo, Mindlin, etc.), apañados por un Ministerio (el de
Energía) que en realidad sirve los intereses de un conjunto de empresas también
directa o indirectamente ligado a esos mismos apellidos, entre muchos otros,
desde donde cartelizan y actúan con abuso de posición dominante en detrimento
de la seguridad jurídica del pueblo argentino.
En la lucha por recuperar la energía como
derecho humano y herramienta de desarrollo económico, productivo e industrial
moderno, incluyente de pueblo y provincias por igual, el primer y obligado paso
debe ser denunciar en todos los foros, audiencias, iniciativas parlamentarias,
actos públicos, etc., la inédita y aberrante anarquía de mercado que impera en
el país y que tiene, en el sector energético, su más alto, irrefutable y
vergonzoso ejemplo.
El
tarifazo es una estafa, injusta e injustificada, producto de la
verticalización, concentración, abuso de posición dominante y cartelización de
un conjunto de empresas nacionales y multinacionales, con dos grandes cabezas:
el Grupo Shell por un lado, y un puñado de poderosísimas familias criollas,
aliadas del Presidente y parte del Poder Ejecutivo, por el otro.
Debe
agregarse también, como explicación del tarifazo, los siguientes puntos: Compensaciones de las empresas por sus
juicios o demandas no ganadas o pendientes ante el CIADI (Hipótesis
Chambouleyron; ver bibliografía);
Compensaciones por la pesificación y el supuesto retraso tarifario entre
2002 y 2015 (también, Hipótesis Chambouleyron);
Incertidumbre en relación a retorno del “populismo” (lo cual los empuja
a una agresiva captura de rentabilidad en pocos años); Diversificación masiva con renovables eólica
y solar (para concretarse, los proyectos adjudicados -como los próximos a ser
licitados- precisaron obligadamente mayores precios de la energía y tarifas del
servicio público).
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