La Justicia ordenó que se repare y vuelva a distribuirse el plan Qunita
El Ministerio de Salud deberá entregar los 27.200 kits que habían quedado almacenados, luego de que el programa fuera suspendido. Todo será repartido en el país a través de Unicef y Red Solidaria.
La fiscal Gabriela Baiugún pidió que se reparen las cunas y sacos de dormir que componen el kit plan Qunita lanzado por el gobierno de CFK, y que todo sea repartido en el país a través de Unicef y Red Solidaria.
El pedido fue efectuado al Tribunal Oral Federal 1 que días atrás había ordenado al gobierno de Macri el reparto de todos los elementos, excepto las cunas y sacos de dormir.
La fiscal advirtió que"todo el material esta resguardado en un depósito de la localidad bonaerense de Avellaneda por el cual es Estado gasta 770 mil pesos mensuales.
Días atrás el tribunal dio la orden al Gobierno para que se repartan entre la gente necesitada todos los elementos del Plan Qunita lanzado por Cristina Kirchner y que fue suspendido por Macri perjudicando a miles de familias. La fiscal Baigún pidió que el Instituto de Tecnología Industrial, la Facultad de Medicina y la Sociedad Argentina de Pediatría intervengan en la reparación de las cunas y las bolsas de dormir, y luego se haga entrega en todo el país a través de UNICEF y Red Solidaria.
También solicitó que ATAJO, la oficina dependiente del Ministerio Público Fiscal que tiene sede en las villas, haga lo pertinente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en asentamientos que tenga presencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires. El poder judicial debe mitigar las consecuencias del daño, evitando que se propaguen sobre los sectores más vulnerables a los que este sistema injusto ya tiende a expulsar de por sí, dice el dictamen de Baigun.
Una correcta administración de Justicia penal no puede circunscribirse a la imposición de penas de prisión sino que también debe centrar sus esfuerzos en la recuperación de los bienes, no sólo en virtud de la importancia que tiene la devolución de los activos para la sociedad sino también en razón de que constituye una medida de política criminal idónea para la desarticulación de los mercados delictivos, sostuvo la fiscal.
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