Desde la Justicia le recomendaron a Macri que se "ilustre". En ese marco, el juez Eduardo Farah,
uno de los encargados del fallo que liberó al empresario Cristóbal
López en la causa que se investiga una millonaria evasión impositiva, defendió
la medida tomada en la sentencia y cruzó fuertemente a Macri, a quien le
recomendó, con palabras amables, ilustrarse y medir sus presiones sobre
el Poder Judicial.
Es que, en una entrevista televisiva, el jefe de Estado aseguró estar “indignado” por la medida judicial que permitió que el dueño del Grupo Indalo y su ex socio Fabián De Souza recuperaran la libertad.
"Creo que el Presidente estuvo mal informado.
Quizás no haya tenido tiempo de leer la resolución. Tiene derecho a dar
su opinión, aunque tendría que medirse un poco”, aseguró el magistrado durante una entrevista al programa Animales Sueltos.
El magistrado insistió en diversas oportunidades con que el fallo "está
bien dictado" y justificó la postura que adoptó junto a Jorge Ballestero -Farah debió desempatar entre este último y Leopoldo Bruglia-: "Confirmamos
el autodesprocesamiento de estas dos personas, elegimos la figura legal
correcta y nos mantuvimos dentro de los términos del fallo de Casación,
que dijo que esos delitos tributarios pueden ser aplicados por la
justicia fiscal. Además, instamos al juez a que siga
investigando la relación de este delito con el resto de las maniobras
que fueron denunciadas".
"Si a esto lo llaman beneficiar a unos imputados, bueno, creo que es equivocado", sentenció el juez, en clara alusión, nuevamente, a la línea que eligieron Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano, quien curiosamente coincidió en esto con su principal rival al interior del Gobierno, es decir Elisa Carrió.
En cuanto a la situación judicial de los empresarios y la argumentación oficial de la defensa de la AFIP y el fiscal Germán Moldes para sostener que se trata de un "sobreseimiento encubierto", Farah resaltó que ninguno de los dos podrá disponer de sus bienes, ya que están inhibidos. "No pueden comprar un medio, como así también no pudieron vender su empresa", afirmó y agregó: "El delito es doloso, porque tuvieron intención de no depositar el dinero y capitalizaron la plata".
López y De Sousa estuvieron presos desde mediados de diciembre de 2017,
acusados de haberse apropiado de $8000 millones del Impuesto a la
Transferencia a los Combustibles (ITC) para financiar la expansión del
Grupo Indalo.
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