La energía es un derecho, las tarifas no.
Las
tarifas o el costo de la energía no es sólo una cuestión de precios, es
el punto de conflicto de las lógicas que definen una política
energética. Tomando como hipótesis que la energía es la base de la vida y
la sociedad y que nuestras sociedades modernas se caracterizan por ser
sociedades de alta energía y que, a su vez, la energía consumida es una
medida de la calidad de vida de los ciudadanos, debemos reconocer que la cuestión tarifaria no puede reducirse a un Excel o a un cálculo económico del costo de la energía.
El
gobierno plantea, para justificar los aumentos tarifarios, que hay que
pagar la energía por lo que vale, confundiendo así el costo de la
energía con el valor de la energía. El valor de la energía está dado por el hecho de que es un derecho social, no por su costo.
Por eso, la electricidad y el gas se definen como un servicio público y
el Estado es el responsable del servicio y de establecer las tarifas.
En nuestro país, a partir de las reformas de la década de los '90, es un
servicio público de gestión privada y por eso la definición de las
tarifas genera tensiones inevitables entre las empresas prestadoras de
los servicios y los usuarios.
Es en esta tensión donde el Estado
debe establecer los criterios para una política energética que contemple
distintos criterios. Uno de ellos, propio de la lógica individualista
neoliberal, es definir que se pague por la energía lo que cuesta.
Otro,
más inclusivo, es entender que la energía es un derecho y todos los
ciudadanos tienen que tener acceso a la energía y el Estado debe definir
una política para alcanzar este objetivo.
Es en este punto, donde el
gobierno tiene un planteo equivocado al poner el énfasis sobre los
costos y negar los subsidios como si fuera un principio moral. Europa y EE.UU. han desarrollado políticas energéticas en base a subsidios, porque la energía es la base para políticas de desarrollo y el bienestar de la población.
Una política energética no puede definirse sólo a partir del impacto
fiscal. Es más, en el mundo desarrollado que el gobierno toma como
ejemplo, la política energética se sustenta en dos pilares:
- Seguridad energética. Si la energía es imprescindible, un país no se puede quedarse sin energía.
- Accesibilidad. Si la energía es un derecho, todos los ciudadanos tiene que poder acceder a la energía.
La estructura del sector energético heredada de los '90 tiene dificultades para cumplir con estos dos objetivos. Es
muy débil una seguridad energética sustentada en las decisiones
empresariales y sin una planificación por parte del Estado. No alcanza
con un Estado regulador.
En EE.UU, por ejemplo, la
política energética depende del Departamento de Seguridad.
Por otra
parte, vemos en la discusión tarifaria, que esta estructura de gestión
privada no consigue un costo aceptable de la energía que pueda ser
pagado por toda la población.
Es en este punto donde el Estado debe
definir una política energética y repensar la estructura del sector
teniendo en cuenta que la energía es un derecho, pero que las tarifas
deben adecuarse a las posibilidades de la población y al desarrollo del
país.
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