El funcionario judicial argumentó que "el despido perjudica al trabajador, en cuanto al carácter almientario de la prestación salarial, al correr de los días de la pérdida de la cobertura de obra social. No solo del empleado, sino también del grupo familiar".

  

El amparo había sido presentado por la asociación civil Mesa Nacional por la Igualdad y en ella argumentó que los despidos se produjeron “en un marco arbitrario y discriminatorio”, al producirse sin motivación alguna y sin sumario previo.

“El conocimiento de los despidos de más de trescientos trabajadores de Telám es un hecho notorio y de público saber de la comunidad, ello también hace a la veracidad -prima facie- de los hechos invocados por la Asociación”, indicó el fiscal en el dictamen.  

En cuanto a la viabilidad de la acción el fiscal entendió que este trámite se debe sustanciar de manera sumarísima conforma las previsiones del art. 43 de la Constitución Nacional, del ordenamiento laboral y los art 321, y 498 del CPCCN. Es decir, el procedimiento más expedito. 

En razón de la verosimilitud, se configura en relación a la estabilidad del empleo conforme la el art. 14 bis de la Constitución y la doctrina de la Corte Suprema en el fallo “Madorrán”. Así también el relato de los hechos se alinean a los postulados de la ley 23592 que protege contra actos discriminatorios, pues al darse los despidos sin motivación alguna, sin sumario previo, se cumple con el presupuesto de esta medida cautelar.