Por Alfredo Zaiat
Economista
El artículo 117 del proyecto de Presupuesto
2019 sostiene que “los recursos del FGS destinados al pago del Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados serán
registrados como un recurso de capital de la ANSES”.
El Gobierno avanza en el remate del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del sistema previsional. El FMI quiere que se suba la edad jubilatoria.
Como se agotaron
los fondos extraordinarios provenientes del blanqueo de capitales para
destinar a esos desembolsos, el gobierno propone que parte de los
haberes se paguen con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del sistema previsional. Como esa caja de los jubilados es un stock de
activos y los pagos son un flujo, a medida que se vayan haciendo las
liquidaciones el fondo se irá reduciendo. El objetivo del Gobierno es
destinar, por lo menos, el equivalente del 0,4 por ciento del PIB
proyectado en 2019 como “recursos de capital” de la ANSES. La rifa de
activos de los jubilados sumaría entonces 73.661 millones de pesos el
año próximo.
La utilización del FGS para atender gastos corrientes del régimen
previsional es una condición establecida en el acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional. En el memorándum que implicó un primer
desembolso de 15 mil millones de dólares, para terminar en un rotundo
fracaso lo que obligó a redefinir el acuerdo, se informa que el Gobierno
va “a amortizar activos de los fondos de pensión…como un medio para
ayudar a financiar el pago de jubilaciones”, a un ritmo anual
equivalente al 0,4 por ciento del PIB.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó en el Congreso,
cuando presentó el proyecto de Presupuesto, que la utilización del FGS
estaba prevista desde el momento en que fue autorizada por la Ley de
Reparación Histórica. Explicó que primero había que agotar los recursos
del blanqueo y luego apelar a los del FGS, para señalar que “el sistema
previsional está en déficit y es lógico que el FGS pueda ser utilizado
para lo que ha sido creado dentro del marco de la ley”. El secretario de
Hacienda, Rodrigo Pena, intentó aclarar que los activos del FGS no se
liquidarán, sino que se apropiarán de las rentas que generen, diferencia
que no cambia el resultado final de la licuación del Fondo.
Firma
El manejo del FGS esta generando conflictos al gobierno
porque no aparecen valientes que quieran rubricar operaciones que
implican el remate de sus activos. Renunció el subdirector ejecutivo de
Operaciones, Juan Martín Monge Varela, y junto a él dejaron sus cargos
el gerente de Operaciones, Pablo Pereyra Iraola, y el gerente de
Inversiones, Andrés Rodríguez Lubary.
Se entiende el temor de esos ex
funcionarios de convalidar operaciones que probablemente derivarían en
un futuro tránsito por Tribunales, por investigaciones originadas en
denuncias por la dilapidación de activos que respaldan la solvencia del
sistema previsional.
Por lo pronto, la administración del FGS en el primer semestre del
año no fue muy alentadora. En un demorado informe de la ANSES se observa
que el FGS perdió 17.691 millones de dólares a fin de junio. La cartera
de activos del fondo alcanzó un valor de 1,371 billones de pesos, un
aumento de 14 por ciento en el semestre, rentabilidad muy pobre teniendo
en cuenta la evolución del tipo de cambio. Con un dólar cotizando a
29,57 pesos a fin de junio, el FGS cotizó el equivalente a 46.464
millones de dólares, cuando en diciembre estaba valorizado en 64.055
millones, lo que representó una pérdida de 27,6 por ciento en dólares.
Reforma
El FMI tiene una obsesión con los jubilados. Su directora gerente,
Christine Lagarde, no la oculta: “Los ancianos viven demasiado y es un
riesgo para la economía global, hay que hacer algo ya”, afirmó a
mediados del año pasado, cuando presentó un documento del organismo
respecto al aumento de la esperanza de vida de la población y la
exigencia financiera de los regímenes jubilatorios. La propuesta del FMI
es el recorte de los haberes y el aumento de la edad jubilatoria.
Pese a que la economía argentina no reúne las características de las
economías maduras respecto a la velocidad del ciclo de envejecimiento
–esto no significa que no existan tensiones previsionales propias–, el
Fondo arremetió, con el aval del gobierno de Macri, sobre el sistema
jubilatorio. Ya en la primera Consulta del Artículo IV (auditoría del
FMI), a fines de 2016, definía que el actual régimen jubilatorio
proyecta un déficit actuarial del 30 por ciento del PIB de 2016 (unos
150 mil millones de pesos anuales).
Para corregir ese supuesto
desequilibrio propuso tres medidas. La primera ya fue cumplida por la
Alianza Cambiemos, que fue la de cambiar la fórmula de movilidad para
que aumenten menos las jubilaciones. Las otras dos están pendientes de
concretar. Una es disminuir la tasa de sustitución (la relación del
último salario del trabajador con el haber inicial) del actual 72 al 60
por ciento, lo que implicaría jubilaciones más bajas. Y la tercera,
subir gradualmente la edad de retiro de las mujeres de 60 a 65 años en
los próximos diez años. El objetivo final es una reforma integral que
incluya la privatización del sistema previsional.
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