El Presupuesto está pensado para seducir a inversores financieros.
Hasta ahora con poco éxito, pero sigue dando la espalda a la sociedad y
los sectores productivos que deberían ser el motor para salir de la
crisis.
El
proyecto de Presupuesto 2019 incluye varias advertencias sobre la
situación crítica de la economía, como la propuesta de reformar un
artículo de la Ley de Administración Financiera para poder reestructurar deuda en condiciones de mercado y ya no en condiciones ventajosas para el país
o el punto que reconoce que todas las proyecciones pueden variar por
"razones endógenas o exógenas", como puede ser la caída en el precio de
la soja en el mercado internacional por debajo de los 300 dólares la
tonelada complicando el cumplimiento de las metas fiscales. En cambio, no hay en todo el texto ninguna política destinada a reactivar la economía salvo
apostar a que la devaluación brutal del peso que provocó el mercado por
la falta de confianza en la política económica de la administración
Macri termine por generar un boon exportador y ayude a la sustitución de
importaciones. Es en ese punto donde están puestas las mayores dudas
para el próximo año.
La cartera de Hacienda bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró un presupuesto de ajuste, que recorta partidas en todos los ministerios, que traslada gastos a las provincias y que anticipa mayor presión sobre el ingresos de las familias con
recorte de ingresos por caída del salario real y mayores gastos por
eliminación de subsidios y aumentos de impuestos. Todo el esfuerzo está
puesto en alcanzar un equilibrio fiscal (de hecho, en los papeles habrá
el próximo año un pequeño superávit primario) que sin embargo no alcanza
para pagar los servicios de la deuda que se incrementaron 30% solo por el último tramo de la devaluación.
Pero la combinación de falta de políticas activas para impulsar la economía
con una reforma de la ley que parece anticipar la idea de una
reestructuración de la deuda son una advertencia de las dificultades que
tendrá el Gobierno para cumplir con el ajuste el próximo año y
recuperar confianza de los operadores financieros internacionales.
La declaración del director del Consejo Nacional Económico de Estados Unidos, Larry Kudlow, revelando que el Tesoro de ese país está "profundamente involucrado" en el rescate de la presidencia de Macri,
junto a la decisión de fijar un valor ridículamente bajo para el dólar
en el presupuesto 2019 y la estrategia del BCRA de liquidar las Lebacs,
la sensación que genera es de una acelerado ingreso a una nueva
convertibilidad, probablemente no formal, con la que se buscará
estabilizar la economía en un año electoral.
Si decididamente la
apuesta es mantener el dólar en 40,10 pesos el próximo año (por debajo
de lo que cotiza esta semana) con una inflación que acumulará 23% en los
doce meses, el resultado será una apreciación del tipo de cambio que
generará sensación de riqueza especialmente en la clase media que verá
crecer sus ingresos en divisas y de sectores populares por una mayor
estabilidad en el precio de los alimentos.
El sector que seguirá
sufriendo será la industria (y los trabajadores) por la política que
seguirá sin atender las necesidades. Este martes, la junta directiva de
la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que "los
representantes sectoriales y regionales manifestaron su preocupación
por la coyuntura del sector industrial, que muestra una contracción
promedio que superó el 8% en junio y el 5% en julio, con apenas un 60%
de utilización de su capacidad instalada".
Señaló que "los
efectos de la inestabilidad observada en los últimos meses se sienten
con mayor intensidad en los sectores pymes y en las economías
regionales" y advirtió que "el impacto negativo que están produciendo
las elevadas tasas de interés y la caída de la actividad requiere de un
conjunto de medidas del Banco Central y otras instituciones para
garantizar el acceso al financiamiento a tasas competitivas para
recomponer la cadena de pagos y promover la producción".
También,
recordó, "resulta imperioso avanzar en una agenda que permita morigerar
las dificultades que tienen las pymes industriales para hacer frente a
las facturas de energía eléctrica y gas".
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