Siete por ciento de inflación en
septiembre, la industria cayó el 5,6 por ciento y es el cuarto mes
consecutivo de caída. El salario y las jubilaciones perdieron el 14 por
ciento o más en la gestión macrista. Corolario: ni las empresas ni los
trabajadores soportan una segunda temporada de esta serie de terror,
pero el 40 por ciento de los porteños volvería a votar a Macri.
En la
misma semana se conocieron esas cifras igual que la decisión
presidencial de apartarse de las negociaciones por la deuda
multimillonaria que las empresas de su familia tienen con el Estado
argentino por el Correo. O sea que el 40 por ciento de los porteños
votará otra vez a Macri, pese a que su situación económica
empeoró junto con la del país en general.
El 40 por ciento de los
porteños votó a una persona que tenía una deuda millonaria con el Estado
y volvería a votarlo pese a que una de sus primeras acciones fue tratar
de autocondonarse esa deuda que en un momento era de 70 mil millones de
pesos y ahora por la devaluación debería ser el doble.
El fenómeno de
ese 40 por ciento de porteños que registró la encuesta de Aragón será
motivo de análisis de biólogos y sociólogos del futuro como la leyenda
del suicidio masivo de los lemmings que se lanzan al vacío. El odio
alimentado por los medios oficialistas que se sintieron en peligro por
la ley de medios antimonopólica del gobierno anterior, parece más fuerte
que la realidad objetiva de un país cayendo por el precipicio.
Todo el mundo sabe que el corazón de la corrupción ha estado en los
principales contratistas del Estado. Todo el mundo sabe que están
cartelizados desde siempre. Y la cartelización no es para pagar coimas,
sino para apretar al que está del otro lado de la mesa, que es el
Estado. Las grandes fortunas de este país, incluyendo las oligarquías
como los Anchorena, se amasaron como contratistas del Estado que eran
retribuidos con extensiones de tierra.
El 40 por ciento de los porteños o
más votó y votará a uno de los dos principales contratistas de obra
pública, junto con Techint. La vilipendiada constructora de Lázaro Báez
es una hormiguita al lado del grupo de empresas de la familia Macri. Y
la deuda del Correo es apenas uno de los negocios en los que esas
empresas se favorecieron a costa del Estado. Otro negocio reciente: el
soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en sociedad con la coimera
internacional reconocida de Odebrecht.
Es increíble, al punto de la exasperación, que personas adultas
puedan creer el mito de los tres PBI que se habría robado el
kirchnerismo. El monto es tan absurdo que pone en duda todo lo demás
que se ha dicho. No existen ni tres PBI, ni uno, ni ninguna fortuna que
se entierre como en el cuento de la isla del Tesoro. Eso hacían los
piratas de las novelas. Los piratas de la vida real lavan su dinero con
la ayuda de los grandes banqueros o lo esconden en cuentas y empresas
offshore.
No hay narco, contrabandista o corrupto que entierre su tesoro
y lo paralice. No existe. Es un mito para los que no tienen idea de
cómo se mueven las grandes fortunas en el planeta. El entierro de los
PBI y los movimientos que mostraban los noticieros oficialistas de esta
semana en el mausoleo de Néstor Kirchner, donde aseguran que había parte
de los PBI, son el cuento de Disney que arman para ese 40 por ciento
que está dispuesto a enterrar al país para votar en contra de los que
supuestamente enterraron tres PBI.
El primer enterramiento es una
metáfora, el segundo es una mentira para desprevenidos que serán los
responsables del verdadero entierro.
En cualquier lugar del planeta las cuentas y empresas offshore son
sospechadas como vías de lavado de la corrupción, de la evasión y del
narco. Desde que estalló el escándalo de los Panama Papers en los que
estaba involucrado el presidente Mauricio Macri, renunció el ministro de
Industria de España, José Manuel Soria, cuando descubrieron que tenía
cuentas offshore y el primer ministro de Islandia, Sigmundur
Gunnlaugsson, dejó su cargo luego de conocerse que tuvo con su mujer una
sociedad offshore.
El escándalo también afectó al poderoso primer
ministro de Gran Bretaña, David Cameron. Cuando renunció el español
Soria, el gobierno de Mariano Rajoy –con numerosas causas por
corrupción– dio a conocer que “nadie puede estar en el gobierno que haya
operado desde paraísos fiscales”. Varios ministros del gabinete
macrista tienen cuentas offshore, algunos funcionarios, como el saliente
Luis Caputo, eran consultores que ofrecían servicios para abrir estas
cuentas tan mal vistas en todo el planeta.
El 40 por ciento de los porteños enfurecido contra la corrupción está
dispuesto a votar por un presidente cuya corporación tiene más de 50
cuentas y empresas offshore, en la mayoría de las cuales figura como
titular o miembro del directorio.
El 40 por ciento de los porteños
votaría por una persona que no podría ocupar un cargo público en otro
país. En un país serio ni siquiera podría ser candidato uno de los
principales contratistas del Estado –por el conflicto manifiesto de
intereses– ni nadie que tenga cuentas en paraísos fiscales. Esos son
datos objetivos.
Lo demás, es “el olor a dólares” que supuestamente
habrían sentido los perros que allanaron la vivienda de la ex presidenta
Cristina Kirchner, y las extrañas formaciones de tierra que habrían
encontrado mientras excavaban en la Patagonia, “con forma de cajas de
seguridad”, como dijo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En vez de pensar que el modelo de país que plantea Cambiemos destruyó
su economía doméstica y la nacional, la preocupación central de este 40
por ciento de porteños, inoculada por las corporaciones oficialistas de
medios, es el debate que se abrió en el oficialismo entre Elisa Carrió y
el ministro Garavano sobre la aplicación de las prisiones preventivas a
los opositores.
Es una discusión que no puede ignorar la experiencia de Brasil donde
el ex presidente Lula fue condenado a nueve años de prisión sin que
pudieran encontrar una sola prueba en su contra más allá de las
“delaciones premiadas”. Lula fue condenado porque el juez Sergio Moro
declaró que tenía la “íntima convicción” de que era culpable. Un
argumento que se presta a la arbitrariedad o a la persecución política.
Si lo aplica, el juez debe demostrar que su juicio no se basó en su
ideología política.
Pero si ese mismo juez, en la última semana de la
campaña electoral filtra a los medios declaraciones del ex ministro
Antonio Palloci que comprometen a Lula, no está poniendo en evidencia al
ex presidente, sino que está poniendo en evidencia su absoluta
parcialidad. Un juez que interviene de esa forma en la campaña no puede
condenar “por íntima convicción” a alguien que piensa diferente. Lo que
demostró el juez Moro es que condenó a Lula por “íntimo prejuicio” o por
“íntimo ensañamiento”.
Las formas legales que se están utilizando en Argentina contra
funcionarios del gobierno kirchnerista son similares a las del juez Moro
contra Lula y el PT. La doctrina Irurzún sobre la aplicación de la
prisión preventiva solamente por el hecho de haber sido funcionarios del
gobierno anterior, sin que esté siquiera avanzada la investigación, es
similar a la “íntima convicción” prejuiciosa y persecutoria del juez
Moro.
El uso irregular de una mala ley del arrepentido tiene ese mismo
sentido. Condenar sin pruebas, apoyándose solamente en el escándalo
mediático; atentar contra la libertad de las personas a través de la
aplicación abusiva de la prisión preventiva, y usar como pruebas
afirmaciones que fueron obtenidas de manera coercitiva y que ni siquiera
pudieron ser probadas, son todas formas legales que los funcionarios
judiciales de la región han ido forzando como herramientas de
persecución política.
Estados Unidos ha decidido terminar de raíz con los movimientos
populares de la primera década del milenio y viene realizando desde hace
años seminarios y congresos con la participación de funcionarios
judiciales de la región donde se aconseja forzar estas herramientas
judiciales que sólo son para aplicar en casos extremos.
El debate sobre
la prisión preventiva de Cristina Kirchner se da con Lula preso en
Brasil y Rafael Correa perseguido en Ecuador. Estados Unidos y la OEA
amenazan con una invasión a la Venezuela de Nicolás Maduro y en las
redes sociales y los medios opositores acusan de corrupción a un Evo
Morales de un ascetismo franciscano.
Lo que pasa en los tribunales
argentinos con relación a Cristina Kirchner y las causas que involucran
al kirchnerismo están insertas en esa realidad regional. No es un debate
entre Carrió y Garavano sino entre el modelo elitista y autoritario que
representan ambos, frente a otro que tienda a profundizar la
democracia.
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