Tras la decisión de Macri de excusarse de intervenir en el caso y
así reconocer que siempre existió el conflicto de interés que antes
negaba, la que tuvo que definir fue su vice. Mediante un decreto,
Michetti y Peña firmaron que en el intento de autocondonación de la
familia presidencial no hubo "perjuicio fiscal" ni "irregularidad
administrativa" y así enterraron la causa.
En un movimiento más de una escandalosa operatoria de corrupción, Cambiemos
logró enterrar la investigación del incesante intento de Macri
de autoperdonarse $ 70 mil millones por la deuda del Correo Argentino.
Tras
la decisión de Macri de excusarse de intervenir en el caso y de
esa manera reconocer que siempre existió el conflicto de interés que
antes negaba, la que tuvo que definir fue su vice, Gabriela
Michetti, que a través de un decreto que firmó acompañada por Marcos
Peña definió que no hubo "perjuicio fiscal" ni "irregularidad
administrativa, con lo que protegió al líder PRO y clausuró la causa.
Se trata del rechazo a una apelación de Sergio Rodríguez, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), es decir, la fiscalía anticorrupción.
Antes de esta polémica determinación de Michetti en nombre de Macri, el
escándalo había seguido un derrotero de intentos de la justicia por
investigar y de operaciones del macrismo para cerrar el caso: el 10 de
febrero de 2017, tras conocerse la maniobra de Macri para condonarle la
multimillonaria deuda a su familia, Rodriguez le pidió a la Procuración
del Tesoro (PTN), que es la cabeza de los abogados del Estado, que
iniciara un sumario para investigar el rol de los letrados que
intervinieron es ese acuerdo entre los Macri estatales y los Macri
empresarios.
Carlos Balbin, quien era entonces procurador, accedió
al pedido, pese a tratarse de un funcionario designado por Macri y que
depende directo de presidncia. Eso lo eyectó del Gobierno, ya que luego
fue desplazado y reemplazado por Bernardo Saravia Frías, que supo ser abogado de las empresas familiares.
“Lo de Correo hay que arreglarlo”, fue la orden que bajó Saravia Frías apenas llegó a la PTN, según el mismo medio. Y
eso hizo, ya que cerró el sumario que había iniciado Balbín, lo que
motivó la apelación del fiscal de la PIA que, en lugar de Macri, ahora
el tándem Michetti-Peña rechazaron.
A través de esa resolución, los abogados del Estado dieron "por clausurado el sumario administrativo" que se había dispuesto en febrero de 2017 por la condonación de la deuda del correo. Así, en mayo de este año "se
declaró la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad
administrativa imputable a agente alguno, en relación con los hechos
denunciados en los autos caratulados CORREO ARGENTINO S.A. s/Concurso
Preventivo (Expediente Nº 94360/01), en trámite ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial Nº 6".
La Procuración había elevado el reclamo porque, al clausurarse las actuaciones se impedía "de
manera definitiva la pretensión de lograr una investigación integral de
los hechos denunciados en el marco del proceso sumarial, apartándose
así del propósito específico del mismo".
Según consta en el decreto, "en la investigación sumarial, se
tuvo por cierto que los letrados actuantes en representación del Estado
nacional, en la audiencia del 28 de junio de 2016, lo hicieron conforme a
expresas instrucciones del entonces Ministro de Comunicaciones (Oscar
Aguad), por lo que sus conductas no generaron responsabilidad
administrativa que les sea reprochable".
Además, se informó que el sumario determinó que "el accionar de los funcionarios públicos intervinientes fue el que les imponía la estructura organizativa" del Ministerio de Comunicaciones y que "los mismos estaban cumpliendo la función que les correspondía en razón del puesto".
Encubrimiento total de la estafa de Macri al Estado Nacional.
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