Es sabido en la "rosca" política que hacer campaña electoral no es
solamente organizar recursos y acciones destinados a exhibir discursos y
acciones ante la opinión pública, como surge del significado formal del
concepto. Un claro ejemplo es lo ocurrido ayer, cuando el
gobierno de Mauricio Macri puso sobre la mesa con la cúpula de la
Confederación General del Trabajo (CGT) $32 mil millones a cambio de una
"conflictividad administrada" antes de las elecciones, lo que, en lo
pronto, se materializó en el anuncio de una movilización sin paro en
medio de la situación de recesión, despidos e inflación imparable.
El Gobierno llegó a un acuerdo con la CGT para el pago de casi
$14.000 millones para las obras sociales sindicales y otros $18 mil
millones para la próxima década en compensación por una deuda arrastrada
desde hace años, a cambio de una "conflictividad administrada y de baja intensidad hasta las elecciones".
El entendimiento se terminó de cerrar ayer por la mañana, tras semanas en que se esperaba que la central obrera anunciara un paro general
ante el escenario de aumento de la desocupación, despidos, inflación,
recesión e imparable pérdida del poder adquisitivo de la clase media y
los sectores más vulnerables de la sociedad.
Luego, por la tarde, los dirigentes sindicales anunciaron una
movilización conjunta con sectores opositores para el 4 de abril, sin
paro general ni medidas de protesta potentes.
El acuerdo quedará plasmado en un decreto y una resolución que
apuntalarán las finanzas de las entidades de salud de los gremios,
golpeadas por la crisis económica y por una distribución discrecional de
los recursos por parte del Ejecutivo.
El desembolso total, según el diario, no será inmediato y tendrá tres
fuentes centrales de financiamiento: por un lado, se destrabarán $4.500
millones que permanecían inmovilizados desde la firma de un DNU en 2016 y
que tenía como fin programas de asistencia y emergencia para las obras
sociales; por otro, incorporarán $4.235 millones de un acuerdo
extrajudicial que el Gobierno alcanzó en 2017 con la prepaga OSDE; y
otros 3.100 millones de pesos correspondientes a los intereses de un
bono que había suscripto la administración de Macri a favor de
las entidades de salud.
Entre esos tres ítems y los intereses del propio sistema el monto total
del acuerdo alcanzará al menos 13.712 millones de pesos. A ese valor se
le sumarán las 120 cuotas mensuales (de las que ya fueron pagadas 13) de
150 millones de pesos que OSDE comprometió para complementar su acuerdo
extrajudicial con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que
para 2027 habrán totalizado 18 mil millones de pesos más intereses.
Desde la CGT, en palabras al mismo medio de José Luis Lingieri, argumentaron que el convenio devuelve a los gremios parte de la deuda que el Gobierno mantiene con sus prestadoras de salud: “Es
un acuerdo importante en función de lo que se venía negociando, tanto
desde el punto de vista político como para las obras sociales".
Las gestiones estuvieron a cargo del ministro de Producción y Trabajo,
Dante Sica, junto a su jefe de Gabinete, Ignacio Pérez Riba. Además de
Lingeri participó por la CGT uno de los cosecretarios generales, Héctor
Daer, y exsuperintendente de Servicios de Salud Luis Scervino, técnico
principal de las obras sociales antes y después de ese cargo. También
fueron involucrados técnicos de la Jefatura de Gabinete nacional y tuvo
un papel secundario el actual superintendente de Salud, Sebastián
Neuspiller, médico y exfutbolista, quien como deportista se hizo amigo
de Macri.
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