El Consejo de la Magistratura le negó al juez Alejo Ramos Padilla el
acceso a las escuchas telefónicas tomadas de conversaciones a personas
que están detenidas en el penal de Ezeiza, en las que se basa parte del
expediente que tramita en su contra.
Son las que también invoca el
fiscal Carlos Stornelli para justificar su quinto faltazo a prestar
declaración indagatoria con el argumento de que la causa sobre espionaje
ilegal que tramita el juez Ramos Padilla, pretende debilitar el
expediente sobre las fotocopias de los cuadernos. El abogado del
magistrado, que es su padre, el juez Juan Ramos Padilla, presentó un
reclamo ante el organismo donde dice que “resulta irónico que se le
niegue a mi defendido en el propio Consejo el acceso a la prueba para
ejercer nada más ni nada menos que el debido derecho de defensa, cuando a
diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo obtener
tal material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520”.
Ramos Padilla fue denunciado ante el Consejo por el Gobierno, a
través del Ministerio de Justicia, por haber ido a exponer al Congreso
acerca de la causa de espionaje y extorsiones que comenzó en torno de la figura del
falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio y se extendió a una
organización que ya tiene 15 imputados, entre ellos Stornelli, y decenas
de otras personas investigadas, incluidos funcionarios de la
administración de Cambiemos, como la ministra Patricia Bullrich.
La
segunda denuncia que fue agregada a aquella la hizo un abogado llamado
Santiago Deluchi Levene, y agregaba las escuchas que habían sido
difundidas dos domingos atrás por dos canales de televisión. Se trata de
intervenciones telefónicas tomadas en el penal de Ezeiza ordenadas por
el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa donde
investigaba posibles conexiones de Mario Segovia, conocido como “el rey
de la efedrina”.
En uno de los pabellones escuchados están Roberto
Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, y Juan Pablo Schiavi. El
primero hablaba con Carlos Zelkovicz y el segundo, con Eduardo Valdés.
Como en una de ellas hay una referencia al juez de Dolores, terminó
denunciado.
Las escuchas ya se conocían y de hecho las había usado Elisa Carrió
para impulsar una denuncia que presentaron Paula Oliveto y Mariana Zuvic
y que cayó en el juzgado de Bonadío. Las dirigentes de la Coalición
Cívica ya hablaban de un complot con Stornelli y la causa de los
cuadernos a través de la causa que tramita en Dolores.
Las primeras
llamadas interceptadas eran del 18 y 19 de enero de este año. Sin
embargo, la extorsión que denunció el empresario Pedro Etchebest y que
dio origen al expediente a cargo de Ramos Padilla, había ocurrido hacía
rato: el 8 de enero, en Pinamar, tras una larga reunión entre Stornelli y
D’Alessio.
La difusión de audios dos domingos atrás fue utilizada por
el fiscal Stornelli para reforzar la denuncia ante Bonadío y pedir las
indagatorias de los presos y sus interlocutores, y alegar que por todo
eso faltaba una vez más a la indagatoria.
En el Consejo, el oficialismo y
el Frente Renovador, aprovecharon el escenario para citar a Ramos
Padilla a que presentara un descargo, mediante el artículo 11 del
reglamento. No es lo mismo que el artículo 20, que es equivalente a una
indagatoria, pero es una forma de ponerle presión.
La presentación de los Ramos Padilla dice que Bonadio remitió las
escuchas al Consejo de la Magistratura en un oficio del 24 de mayo. Dos
días después comenzó la difusión de audios en dos canales de televisión.
Dos días más tarde el juez de Dolores fue citado por el Consejo. El 30
de mayo fue en persona al Consejo a ver de qué se trataba la denuncia en
la que debería presentar un descargo, pidió acceder a la prueba en su
contra y la respuesta fue que “por expreso pedido del Dr. Bonadio, no
podrán serles exhibidas ni entregadas las escuchas telefónicas
realizadas en la cárcel de Ezeiza y que se encuentran incorporadas en
las actuaciones” del organismo.
Al juez cuestionado le dieron 20 días
para responder, y pidió en forma manuscrita que “se pusiera a su
disposición la totalidad de la prueba para ejercer debidamente su
defensa y se suspendan los plazos hasta tanto ello no ocurra”. En el
escrito presentado por su defensa se señala también “la posible
violación de la Constitución Nacional, Pactos Internacionales de
Derechos Humanos con jerarquía constitucional, las disposiciones del
fallo Halabi (donde la Corte objetó una ley que permitía escuchas sin
justificación), y la afectación de principios fundamentales del Estado
de Derecho debido a la utilización de escuchas obtenidas de forma
irregular con la complicidad de funcionarios públicos”.
“La gravísima irregularidad de lo ocurrido, lamentablemente, alcanza a
este Consejo –dice la presentación– cuando priva a un magistrado de
acceder a la prueba que sustenta su acusación y lo obliga a tomar un
conocimiento parcial y sesgado de la misma por vía de los medios de
prensa, donde el material supuestamente clasificado es continuamente
filtrado (…) Debe recordarse que ya en un comunicado de fecha 28 de
marzo del corriente el Colegio Público de Abogados de la CABA exhortó a
los poderes públicos del Estado –en especial al Judicial– a poner un
límite a este tipo de violaciones; en particular destacó su preocupación
por ‘asombrosa naturalidad ante el delito que constituye la fuga para
su emisión pública de conversaciones privadas, grabadas de manera legal o
incluso ilegal, por parte de servicios de inteligencia ilegales o
clandestinos´”.
Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados, anunció ayer que
las autoridades de la entidad habían logrado tener una reunión con el
presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y le informaron que
no paran de recibir denuncias de abogados ante el festival de escuchas y
por el hecho de que son intervenidas las conversaciones privadas de
personas que están presas incluso cuando hablan con sus abogados, lo que
es ilegal.
El supremo “coincidió con la preocupación y se comprometió a
hacer lo posible”, relató Rizzo en Twitter.
Ramos Padilla, además de las pruebas, pidió la versión taquigráfica
del debate mediante el cual se dispuso la apertura del expediente en su
contra.
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