Se filtró una confesión de funcionarios de Cambiemos: "Que mal esto del peronismo, podemos ir todos presos"...a confesión de parte, relevo de pruebas.
Pesadilla en la calle Balcarce: cuáles son las ocho causas judiciales que no dejan dormir a Macri en modo despedida,
La intervención judicial de Correo Argentino y la investigación por "empujar" la devalución post PASO revitalizaron el pánico a
Comodoro Py del líder PRO, a 90 días de la posible desnudez de poder.
Paseo del Bajo, soterramiento del Sarmiento y el business de los peajes,
algunos de los expedientes que pesan. Dietrich, el "Tano", "Pepín" y el
asesor amigo del Newman, otros que tiemblan.
En la calle Elm de A Nightmare on Elm Street -de Wes Craven-, el psicópata Freddy Krueger
comete delitos que luego de su muerte sigue llevando a cabo encarnado
en una especie de fantasma que se mete en las pesadillas de habitantes
de esa misma arteria (y barrio) empujándolos a evitar dormir. En la
calle Balcarce, ya sea al 50 donde se ubica la Casa Rosada o al 412 que
aloja a la sede central del PRO, una misma persona podría ocupar el rol
de quien cometió ilícitos (de otra índole, claro) y, a la vez, de quien
sufre al no poder descansar como consecuencia de esas irregularidades: en
la calle Balcarce es Macri el que casi padece pesadillas
preocupado los presuntos delitos de corrupción que cometió y son
investigados en ocho causas judiciales que no lo dejan conciliar el
sueño a 90 días de su hipotética desnudez de poder.
En los últimos días, dos novedades judiciales revitalizaron el temor de Macri: por un lado, la jueza en lo comercial Marta Cirulli decidió intervenir Correo Argentino SA,
la empresa residual de la Macri a la que Mauricio intentó condonarle
una deuda con el Estado calculada a 2033 en $ 70 mil millones, porque
sospecha que obstaculiza y proporciona información trucha sobre sus
cuentas, en el marco de una investigación por presunto vaciamiento de la
compañía privatizada en los años 1990; por otro, la fiscal federal
Paloma Ochoa pidió investigar los acuerdos firmados entre el
Gobierno y el FMI, para determinar si el líder PRO "empujó"
intencionalmente la disparada del dólar ocurrida tras las PASO.
Las paredes de Olivos y de los dos "hogares" de Macri en Balcarce
no escuchan, pero los que transitan los tres lugares hablan: es un
secreto a voces que Macri reconoce en privado que está preocupado por su
futuro a partir de las denuncias que tramita la Justicia y que, después
de la paliza electoral que recibió en las PASO, adquirieron nuevo
impulso. Es que hay altísimas probabilidades de que el 10 de
diciembre se quede desnudo de poder, y eso inevitablemente activa el
modo despedida en que se lo observa a Macri en sus últimos
actos públicos.
En los escritorios de la Rosada se lee un centenar de expedientes que están abiertos, pero son
ocho los que provocan la mayor atención. Algunos transitan los
fueros civiles y comerciales, pero los que más pánico le generan son los
que podrían disparar consecuencias penales.
LAS OCHO CAUSAS QUE SON PESADILLAS
Correo Argentino: la última novedad de, tal vez, las
causas por el primer escándalo de la gestión Cambiemos, es que la jueza
Marta Cirulli, a cargo del expediente concursal del Correo (firma
residual de los Macri) en que se dirime la deuda millonaria que tiene
con el Estado, resolvió intervenir la empresa ante lo que consideró
ocultamientos reiterados de información y hasta la entrega de datos
falaces, que entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos
de sus propias controlantes, que son Socma y Sideco, claves en el grupo
empresario de la familia presidencial.
La resolución dispone una “coadministración” de la compañía, pero no
quita a quienes están actualmente a cargo. La fiscal Gabriela Boquín
-que denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy
llega a $ 4500 millones, pero que calculada a 2033 alcanza los $ 70 mil
millones, a través de un pacto entre el Correo y los representantes
estatales- había pedido ya entonces la intervención, con el
desplazamiento de síndicos y administradores.
Mientras tanto, el Gobierno fue a la Corte Suprema Justicia para pedir
más tiempo en la causa en donde se analiza la deuda entre el Estado y el
Correo, controlado por el grupo Macri. La Cámara Comercial envío al
máximo tribunal un planteo que hizo la Procuración Nacional del Tesoro
en busca de más tiempo para resolver si acepta o rechaza una propuesta
de la empresa en el marco del concurso de acreedores.
De estos hechos acerca de la deuda de la firma con el Estado, que datan
de 2001, luego derivó la causa penal que tramita en Comodoro Py por el
intento de condonación multimillonario, en la fueron llamados a
declaración indagatoria el ministro Oscar Aguad, un funcionario y dos
abogados de Correo, y en las últimas horas el juez Ariel Lijo dispuso un
estudio contable para esclarecer si, efectivamente, esa quita fue o no
abusiva.
La devaluación post PASO: "Si me vuelvo loco les
puedo hacer mucho daño a todos ustedes”, dijo Macri en una entrevista en
septiembre de 2018. Algo así podría haber pasado en agosto de 2019, más
precisamente el 12 de ese mes, al día siguiente de las primarias,
cuando el dólar se disparó y la justicia investiga si ésa fue una
decisión deliberada del Presidente y dañina para la Argentina. En ese
caso, Macri no estaba "en control", como dijo su compañero de
fórmula, Miguel Ángel Pichetto, en la fatídica conferencia de prensa de
ese día.
La fiscal federal Paloma Ochoa pidió investigar los acuerdos entre el
Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para averiguar si
desde el Poder Ejecutivo se propició una disparada del dólar y
devaluación luego de las primarias.
Tras el requerimiento que hizo
la fiscal con varias medidas de prueba, el juez federal Rodolfo
Canicoba Corral deberá definir el destino de la investigación. Entre las
medidas que solicitó la Fiscalía, se encuentra el otorgamiento por
parte del Ministerio de Hacienda de una copia de los acuerdos hechos
desde 2018, además que se informe sobre reuniones entre el personal del
FMI y el Gobierno.
También se solicitó que la Jefatura de Gabinete entregue los registros
de ingresos y salidas de la Casa Rosada y del Banco Central
correspondientes al lunes 12 de agosto, el día siguiente de las
elecciones primarias y cuando comenzó el alza del dólar. Otra de las
medidas de prueba que evalúa el juez tras el pedido fiscal es saber, de
acuerdo a datos del BCRA, el detalle de cada una de las operaciones
efectuadas en el mercado mayorista de cambios ese 12 de agosto.
La denuncia que originó la causa la realizó Fernando Miguez, de la
Fundación por la Paz y el Cambio Climático, al considerar que al día
siguiente de las PASO hubo "una suba indefinida del dólar", frente a la
cual el BCRA se comportó de modo "anormal, extraño e inusual" por no
intervenir en el mercado de cambios.
Había sido el ex titular de la entidad que regula los bancos Martín
Redrado quien, en una entrevista radial, había asegurado tener
"información" de que el propio gobierno de Macri habría ordenado
castigar con esa devaluación a los argentinos por su voto.
El Business de los peajes: la investigación penal que
también tiene a su cargo Canicoba Corral por estafas en los peajes de
Autopistas del Sol, la empresa que tiene la concesión de la
Panamericana, es otra que preocupa a Macri. Carlos Stornelli,
sorpresivamente, tomó una determinación en las últimas semanas que
impulsó el expediente por una maniobra previa al desprendimiento del 7% de acciones que controlaba el Grupo Macri.
De acuerdo a una denuncia de diputados del FpV-PJ, Autopistas del Sol
presentó un recurso ante el tribunal internacional del Banco Mundial
(CIADI) para exigirle al Estado nacional un resarcimiento de USD 1.100
millones por presuntos atrasos tarifarios. Cuando Macri llegó al poder,
Guillermo Dietrich, desde el Ministerio de Transporte, aceptó pagarle a
esa empresa del Grupo Macri USD 499 millones para resarcirla, pero con
el objetivo de sacar provecho del conflicto en el CIADI para renovar el
contrato de los peaje y sacar ganancias de ello.
La operación salió a la luz por una investigación del periodista
Alejandro Bercovich en C5N. Del material surgido del expediente armado
por la interventora de Ausol, se constataba que la demanda del CIADI era
una trampa al fisco en la que la firma buscaba quedarse con la
renovación de la concesión y antes cobrarse los 499 millones.
Según la causa, hay un testimonio determinante: el de la ex directora
de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll, que participó de
las negociaciones con Ausol y después fue despedida por el entonces
titular de Vialidad, Javier Iguacel, que responde directamente a
Dietrich.
Otra denuncia sobre el business de los peajes de Macri promovida por
Margarita Stolbizer, pero fue desestimada por el fiscal Guillermo
Marijuán. Ese expediente tenía que ver con el incremento de las acciones
cuando Macri llegó al poder, tras el caso del Ciadi y los tarifazos en
el sector. En enero de 2015, cada acción valía cuatro pesos, pero, luego
de la renegociación de los contratos y los aumentos del 200 y 270%,
cada papel de Ausol subió a 14,50 y luego a 75,50. Cuando llegó al valor
más alto, el Grupo Macri se desprendió del 7% que tenía de Ausol por
USD 19,7 millones. Si la venta se hubiera realizado al precio de enero de 2015, no habría facturado más de tres millones de dólares.
El famoso soterramiento del Sarmiento: a
pesar de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,
anunció que lo reemplazará por un viaducto -¿temor o ajuste?-, la
investigación por la obra de colocación bajo tierra del ferrocarril
Sarmiento sigue en pie. En este caso la tiene el juez federal Marcelo
Martínez de Giorgi y el fiscal a cargo es Franco Picardi.
El foco principal es el decreto de necesidad y urgencia que firmó Macri
para reemplazar los $ 40.000 millones que originalmente iba a
proporcionar el consorcio que se quedó con la obra, integrado por la
cuestionada brasileña Odebrecht, la firma cercana a los Macri IECSA, la
italiana Ghella S.p.A. y la española Comsa. Es que a pesar de haber
asegurado y haber firmado que iban a obtener el financiamiento para el
desarrollo, nunca lo hicieron y el líder PRO, en vez de anular la
licitación, les concedió los fondos con un DNU que podría aparejarle de
las peores complicaciones penales imaginables en materia de corrupción.
Todos los ex funcionarios de la gestión anterior están procesados a
partir de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que
reconocieron haberles pagado coimas. Sin embargo, hace dos meses la AFIP
pidió la indagatoria de Ángelo Calcaterra, el primo presidencial,
porque “quedó en claro que IECSA armaba contratos por servicios
inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas”.
Hasta la obra "símbolo" del macrismo, el Paseo del Bajo, terminó en pesadilla para Macri: Dietrich
no sólo está salpicado por el caso de los peajes, sino que también
es investigado por favorecer a IECSA -que pasó de Macri a su
primo, y de éste a Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos de
la gestión Cambiemos- para que se quedara con el desarrollo del tramo
más costoso de la obra con la que Macri lanzó su campaña
electoral para las PASO.
IECSA es una empresa vial y de obras públicas que fue fundada por Franco
Macri, luego fue conducida por Mauricio, pero que este último hizo
transferir desde el Grupo Macri a Calcaterra cuando Cambiemos llegó a la
Rosada. Los tramos del Paseo del Bajo fueron licitados en 2016 y la
empresa seguía en manos de Calcaterra, que luego la habría vendido a
Mindlin, empresario que ya inició su salto al nuevo tiempo, al reunirse
con Alberto Fernández.
El negocio de los parques eólicos: Detrás de la
estrategia para promover energías renovables de la administración PRO,
podría esconderse el negocio con los parques eólicos que puso en marcha
Macri en 2016 y que también provocó problemas judiciales que preocupan
al hipotético mandatario saliente.
Raro entramado: esos parques quedaron originalmente en manos de la
empresa española Isolux, que luego las vendió a un grupo armado por
Sideco Americana, del Grupo Macri, que desarrolló con cuatro empresas un
grupo a nombre de un contador que adquirió seis parques en Chubut y en
la provincia de Buenos Aires.
El primer paquete de parques fue vendido por USD 25 millones al grupo
controlado por Sideco, que luego los revendió al Grupo Macro, integrado
por Genneia y la empresa china Goldwind, que les permitió obtener el
doble de la inversión inicial.
El caso Avianca: otra negocio-operación que pone a
Macri en situación de preocupación por sus derivaciones judiciales es el
de la llamada por Dietrich "Revolución de los Aviones". Específicamente
por la venta de Macair, la empresa de vuelos privados del Grupo Macri
que fue comprada por el Grupo Avián, de capitales colombianos y
brasileños, para desembarcar en el país en el paquete de las low cost.
Macair salió de las manos del Grupo Macri cuando ya se sabía que Macri pondría en marcha un cambio en el sistema de
aeronavegación comercial que permitiría el desembarco de nuevas
aerolíneas, las de bajo costo. Cuando fue comprada por la subsidiaria de
Avianca, la empresa obtuvo la adjudicación de 36 rutas por 15 años,
pero las denuncias que engrosan el expediente advierten que la nueva
firma no contaba con la documentación para adjudicarse esos vuelos.
En el caso están imputados el propio Macri, el secretario general de la
Presidencia, Fernando de Andreis, y el infaltable ministro Dietrich.
Están investigados por los supuestos delitos de irregularidades en la
administración del espacio aéreo, tráfico de influencias, asociación
ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.
El blanqueo de capitales (con privilegios para los amigos): la
decisión de Macri de habilitar la "repatriación" de capitales para sus
propios familiares es uno de los casos que más podría generarle nuevas
complicaciones a partir de un planteo que presentó el diputado nacional
Felipe Solá y que debe resolver la Corte Suprema.
El máximo tribunal -donde también ya circulan las dudas acerca de qué
hará su presidente, Carlos Rosenkrantz, y cómo se moverá su antecesor,
Ricardo Lorenzetti- debe definir si el legislador puede cuestionar por
vía judicial el blanqueo de capitales que aprovecharon familiares de Macri y funcionarios de su gobierno, porque lo hizo por decreto.
Si la Corte le da la razón a Solá, las intimidades del blanqueo
deberían ser investigadas: desde los 622 millones de pesos que declaró
Gianfranco Macri, uno de los hermanos del líder PRO, en comparación con
los 126 millones que dijo tener Macri.
La trama del blanqueo también abre puertas, a
pesquisas referidas a los Panamá Papers, como los cuatro millones de
dólares que Gianfranco reconoció haber escondido en la B.F. Corporation
de Panamá, con cuenta en Suiza. Los interrogantes sobre las off shore
de Macri son también interminables.
MACRI NO ES EL ÚNICO: LOS OTROS PREOCUPADOS
"Qué mal esto del peronismo, podemos ir todos presos",
le comentaron a un importante dirigente porteño, dos de los principales operadores judiciales a los que Macri supo echar
mano en estos tres años y medio como Presidente: Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y José Torello, que evidentemente temen a Comodoro Py como efecto del viento judicial si Alberto Fernández gana las elecciones generales.
"Pepín" fue electo en el Parlasur en 2015, cargo que usó curiosamente
para desmantelar ese organismo regional en sociedad con Mariana Zuvic,
incluso con una campaña para quitarles los fueros a los legisladores del
parlamento del Mercosur.
Curiosamente, este 2019 encontró a "Pepín" interesado en tener fueros:
quiso entrar al menos como suplente en la lista de senadores de Juntos
por el Cambio en la Capital. Pero fracasó, paradójicamente.
La "mesa chica del PRO" decidió dejarlo afuera bajo el convencimiento
de que era preferible no llevar en las listas a alguien con el historial
"negro" de Rodríguez Simón. Esta ausencia de fueros en los próximos
años es lo que motiva el miedo de "Pepín" ante un cambio de gobierno. La
ausencia de fueros, el cambio de gobierno y, por qué no, el
conocimiento de sus propias acciones.
Según el mismo medio, también Torello, el jefe de asesores de Macri,
tiene el mismo temor. "Importantes jueces federales están esperando el
momento indicado para vengarse de Pepín y Torello. Los acusan de haber
presionado demasiado a la Justicia. La jueza María Servini de Cubría
tuvo un enfrentamiento personal con Torello, cuando el compañero de
Macri en la secundaria corrió a su hijo Juan de la administración del
Poder Judicial para poner a un joven de su confianza", cuenta la
versión. El ex compañero de Macri en el elitista Cardenal Newman
no está feliz con esta situación.
El caso de Dietrich, el ministro de Transporte,
imputado hace días en la causa peajes, es similar. Es que el hombre de
la "revolución de los aviones" está involucrado en muchos de los
expedientes judiciales que preocupan al propio Macri.
Daniel "Tano" Angelici, por su parte, tiene dos
elementos en sus manos, uno que lo tranquiliza y otro que le genera la
sensación contraria: por un lado, es un secreto visible que pasó a un
segundo plano en Tribunales luego de que Elisa Carrió buscara
investigarlo. Ese factor más la elevada exposición que le provocó ser el
presidente de un Boca poco exitoso, señalado como el "operador
judicial" del jefe de Estado que lo antecedió en el Xeneize, lo
corrieron un poco del juego y le dan alivio.
Sin embargo, su vínculo con dos figuras que jugaron fuerte en la
persecución política que la oposición denuncia contra Cristina Fernández
de Kirchner no lo tienen muy tranquilo: Gustavo Arribas y Laura Alonso.
El titular de la AFI, motor de las causas contra el kirchnerismo, llegó
a ese cargo recomendado por el "Tano". La titular de la Oficina
Anticorrupción, que convirtió el organismo en una fábrica de denuncias
contra el anterior gobierno, también es del riñón de Angelici e hizo
declaraciones explícitas en las que anunció que no investigaría al
espacio político encabezado por Macri, el hombre del que dijo que podría
"enamorarse".
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