Mafia M: Aprietes, venganza y espionaje, el eje de las políticas macristas, encubiertas por los medios hegemónicos, que al fin y al cabo terminaron siendo descubiertas y hoy se componen en una catarata de denuncias penales a quienes, con alta prepotencia, dijeron ser "el mejor equipo de los últimos 50 años" y lamentablemente para todos los argentinos, terminaron siendo solo una banda delincuencial que solo se ocupó de cometer ilícitos y de saquear hasta el último recurso del patrimonio del Estado Nacional.
Así se abrió el panel, integrado por Luis Arias, Hugo Arana y Hugo Moyano como invitados, con la conducción de Tomás Méndez yMiguel Ponce de León, en el que se profundizaron datos de la investigación sobre las causas que le pesan fuertemente al gobierno, donde Luis Arias explicó detalladamente los aprietes que aun sufren los jueces desde la Rosada, del propio ministro de "Injusticia" , como fue catalogado Germán Garavano, y de la cofradía que integra el Ejecutivo para alterar el curso legal en dichas causas y someter a falsos procesamientos a ciudadanos públicos que puedan considerar como adversarios políticos.
Un listado de más de veinte jueces y juezas atacados, muchos de
ellos nombres conocidos, más otros actores del sistema judicial con sus
historias específicas. Aparecen desde Raúl Zaffaroni, Daniel Rafecas,
Eduardo Freiler, Sebastián Casanello, Luis Arias, Alejo Ramos Padilla,
Luis Carzoglio, Enrique Arias Gibert, Ariel Lijo, Luis Raffaghelli,
hasta la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, ficales como Federico
Delgado y Gabriela Boquín, y abogados, muchos de ellos de causas de
derechos humanos.
El planteo inserta todo esto en el actual contexto
político y económico y hasta habla de la “inconstitucionalidad del
endeudamiento”.
Los “ataques no han sido aislados ni deben
ser analizados independientemente entre sí, sino que se han llevado a
cabo con precisión temporal”. “Se está ejecutando un plan en la
República Argentina” basado “en la necesidad de encontrar un respaldo
punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, serían
imposibles de ser llevadas a cabo”. “Sostenemos que la
independencia de los magistrados e instituciones jurídicas se ha visto
sometida a expresiones intimidantes directas e indirectas”, agrega.
Entre los mecanismos de presión o de colonización que desnudan, los más
sutiles son la prolongación de subrogancias para que los/as jueces/as
intenten complacer al poder que debe darles un nombramiento definitivo,
los traslados de jueces a dedo de un tribunal a otro (algo que se ha
implementado en tribunales estratégicos como la Cámara Federal, la
Casación Federal y tribunales orales que deben juzgar a ex funcionarios,
aunque en este caso hubo un freno de la Corte), los concursos
condicionados políticamente, y los recortes o manejos con el
presupuesto. Dentro del propio Consejo de la Magistratura --el organismo
que elige y sanciona a los jueces-- “el Gobierno urdió maniobras para
destituir a los miembros de la oposición en el Consejo de la
Magistratura y designar a simpatizantes suyos o políticamente dóciles”.
Luis Arias fue destituido por impulso de Cambiemos y del procurador
Julio Conte Grand tras su intervención favorable al gremio docente, pero
principalmente por el contenido de sentencias defensoras del derecho a
la vivienda, a las personas privadas de la libertad, y contrarias a los
tarifazos, entre otras.
A Daniel Rafecas le abrieron un expediente
disciplinario --cerrado por burdo-- por decir que no había delito en la
denuncia que hizo Alberto Nisman antes de aparecer sin vida, donde
acusaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de
encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. A él y
también a Ariel Lijo –que tramita causas contra el gobierno actual, como
el caso del Correo-- les abrieron investigaciones por supuesto cajoneo
de expedientes en función de la denuncia de una ONG ligada al Poder
Ejecutivo (Unidos por la Justicia) y el Colegio de abogados de la Calle
Montevideo. La jueza Martina Forns fue “descalificada públicamente por
funcionarios del Ejecutivo” después de frenar, junto a Luis Arias, el aumento de la tarifa de
luz.
Sebastián Casanello “recibió presiones para que incriminara a la ex presidenta”,
lo que se vio en los medios y en la catarata de presentaciones de la
Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción del Poder
Ejecutivo. También fue “hostigado públicamente” Carlos Rozanski, ex juez
de tribunal oral que condenó a represores.
Uno de los casos recientes más escandalosos es el de Luis Carzoglio,
el juez de Avellaneda que se negó a detener a Pablo Moyano ante un
pedido del fiscal Sebastián Scalera en una causa sobre el club
Independiente por considerar que no había pruebas, y que reveló que
lo habían ido a ver dos funcionarios de la AFI que le entregaron un
borrador con la orden de detención de Hugo y Pablo Moyano. Lo
increíble fue que las autoridades del a AFI lo reconocieron ante la
Comisión Bicameral de inteligencia. Pero Carzoglio fue suspendido y
tiene un jury en camino. El otro ejemplo burdo de persecución, es el
de las denuncias y pedido de remoción contra el juez federal de Dolores
Alejo Ramos Padilla, a quien primero le abrieron un expediente en el
Consejo solo por haber ido a hablar al Congreso sobre su investigación
sobre espionaje ilegal .
Párrafo aparte merecen los integrantes del fuero laboral,
particularmente atacados cuando el Gobierno fogoneaba despidos y
recortaba derechos de los trabajadores.
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