La saga de estafas de las compañías eléctricas en la facturación a sus
clientes en la era macrista suma nuevas denuncias.
En este caso contra la distribuidora
Edenor. La nueva modalidad para aumentar la recaudación, que será
denunciada ante la justicia por entidades de consumidores, consiste en
el cobro compulsivo de supuestas tareas de mantenimiento de los
medidores de luz, que los usuarios nunca habían pedido.
Les ha ocurrido a
miles de clientes de esa compañía en el conurbano bonaerense. En
particular en barrios de José C. Paz y La Matanza. Edenor les envió a
sus casas una carta o los llamó por teléfono desde un call center para
notificarles una deuda de 4000 a 6000 pesos por trabajos realizados en
los medidores.
Allí mismo estableció un plan de pagos y les avisó que
empezarían a recibir el cargo en la siguiente factura. La irregularidad,
dicen los denunciantes, es total. Y niegan que sean familias colgadas o
enganchadas al servicio, que de pronto fueron descubiertas por la
empresa, como alega la distribuidora. “Son usuarios regulares que vienen
pagando sus facturas. Eso incluye el cargo fijo, que sirve justamente
para cubrir costos como el mantenimiento de los medidores.
La realidad
es que hay una política de facturación a mansalva de las compañías
eléctricas con todo tipo de atropellos, aprovechando la pasividad del
Gobierno que las deja hacer”, reprocha Andrea Manzi, de la Red Nacional
de Multisectoriales, que agrupa a entidades de consumidores de distintos
puntos del país.
El gobierno de Alberto Fernández deberá dar respuesta en distintos
planos a la aguda problemática que se ha planteado en relación al
servicio eléctrico privatizado. Es un eje de disputa clave con el
capital concentrado que obtuvo ganancias extraordinarias durante la
gestión de Macri, mientras los usuarios no apreciaron mejoras
sensibles en la calidad del servicio, deben pagar tarifas exorbitantes y
en miles de casos sufren los “errores” o abusos de facturación de las
distribuidoras, por lo que han sido sucesivamente sancionadas y
perdonadas en el pago de esas multas.
La política de tarifas y subsidios es determinante para lograr que cada
vez más personas tengan garantizado el derecho a la energía o, por el
contrario, que sea un servicio exclusivo para el que lo pueda pagar. Las
diferentes orientaciones pudieron apreciarse en los gobiernos
kirchneristas y en el de Cambiemos, con resultados opuestos.
También es
central para el sector productivo, ya que tarifas bajas generan ventajas
competitivas frente a otros países y tarifas prohibitivas influyen en
el cierre de fábricas. Una tercera cuestión esencial es el impacto de
las tarifas en la inflación, como se ha comprobado dolorosamente los
últimos cuatro años.
En materia de abusos, al menos 2000 vecinos
del centro de José C. Paz y de los barrios Primavera, Favaloro y
Calcuta, todos de ese partido popular del conurbano bonaerense, y otros
de La Matanza entienden que los están sufriendo porque Edenor les quiere
cobrar entre 4000 y 6000 pesos por “anomalías” detectadas en los
medidores y tareas de mantenimiento sobre los mismos. Los usuarios están
siendo notificados con cartas firmadas por el Departamento Negociación
de la empresa. Allí dice lo siguiente, en uno de los casos denunciados:
“Nos dirigimos a usted para informarle que hemos realizado una
inspección al punto de suministro de energía eléctrica correspondiente
al domicilio de su consumo. En dicha inspección comprobamos la
existencia de anomalías que impidieron registrar normalmente sus
consumos. La evaluación del perjuicio ha sido estimada en 4865 pesos más
los impuestos correspondientes al momento de la emisión de la factura,
disponiéndose la aplicación de seis cuotas mensuales sucesivas, a
efectos de facilitar su pago. La no cancelación de la factura
complementaria implicará la suspensión del servicio de energía
eléctrica”.
La amenaza del corte de la luz y la presión que ejerce la
empresa con llamados telefónicos atemoriza a muchos usuarios, que
terminan pagando una supuesta deuda de la que no tenían noticias.
“Es un escándalo y lo vamos a judicializar”, protesta Claudio Boada, de
la Unión de Usuarios y Consumidores. Sostiene que las distribuidoras
eléctricas no pueden cobrar cargos extra por el mantenimiento de los
medidores, como pretende Edenor, porque ese costo ya está contemplado en
el cargo fijo de la factura. Además, aclara que la acción de la empresa
recae sobre usuarios que están pagando las boletas. “Entregamos cientos
de reclamos en la oficina comercial de Edenor en José C. Paz y el
gerente nos dijo claramente que no eran medidas de recupero de energía,
que es lo que se hace cuando hay un usuario colgado o enganchado. Nos
dijeron que era un costo por mantenimiento”, agrega Manzi, de la Red de
Multisectoriales.
Si fueran personas enganchadas de manera irregular,
explica Boada, el procedimiento que debería seguir la distribuidora
arranca con la redacción de un acta donde se denuncia esa situación.
Para reemplazar el medidor o instalar uno nuevo debe estar presente un
policía o escribano. Si hubiera dudas sobre medidores alterados para
registrar un menor consumo, la empresa debería realizar un contraste de
medidores, con la comparación simultánea del que tenía el usuario y uno
nuevo aportado por la empresa, bajo la supervisión del INTI.
Las deudas
que en general reclaman las distribuidoras para el enganche legal no
bajan de 50 mil pesos. Nada de eso está ocurriendo en los casos
denunciados, dice Boada, frente a la versión de la empresa que atribuye
el envío de las cartas y los llamados telefónicos a la “regularización”
de clientes mayoritariamente colgados.
El comportamiento del ente
de control del servicio eléctrico, hasta ahora concentrado en el ENRE,
ha sido funcional a las maniobras de las empresas. El próximo gobierno
deberá encarar una transformación profunda de esta institución clave
para el resguardo de los derechos de los usuarios.
El nuevo Ente
Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), en proceso de
constitución por el traspaso de Edenor y Edesur a la provincia y la
Ciudad de Buenos Aires, ofrece una oportunidad única para avanzar en
esta materia. Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta tendrán esa
responsabilidad.
La gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, concedió
la presidencia del ente a la Ciudad de Buenos Aires, consciente de las
mayores posibilidades electorales de Cambiemos en el distrito. Kicillof
pondría esta decisión bajo revisión en la mesa de negociaciones que ha
entablado con su par porteño.
A nivel nacional, es mucho lo que
hay que hacer para superar la crisis de tarifas impagables y caída de la
cobertura. En Tucumán, por ejemplo, la cobrabilidad del servicio
eléctrico cayó del 97 al 80 por ciento, por lo cual la provincia
resolvió elevar los subsidios para evitar que miles de familias se
quedaran sin luz. En el área de concesión de Edenor, a su vez, la
empresa empezó a instalar medidores prepagos para los clientes que no
pueden afrontar la factura plena y solo consumen lo que consiguen pagar.
Ya hay unos 160 mil que se pasaron forzadamente a ese sistema. En
Edesur, en tanto, el nivel de morosidad llega a un impactante 20 por
ciento. Entre las dos empresas se contabilizan más de 1,5 millones de
clientes que registraron facturas impagas este año.
“En la nueva etapa el subsidio tiene que ser a la demanda, no a la
oferta, a las empresas, como se hacía antes. En Tucumán definimos con
información del Conicet y del INDEC los cuadrantes con necesidades
básicas insatisfechas y aplicamos subsidios generalizados. Después en un
trabajo muy dedicado vamos incluyendo a usuarios de otras zonas que
merecen el subsidio y excluyendo a quienes no lo merecen”, señala
Santiago Yanotti, director del ente de control eléctrico de la
provincia, quien viene aportando material al equipo del Frente de Todos
que colabora con Alberto Fernández en esa tarea. Sergio Lanziani,
ministro del área en Misiones, aparece como un candidato firme para
pasar a ocupar el mismo cargo en el próximo gobierno nacional.
“Hay que retrotraer las tarifas al nivel de 2017 y definir muy
claramente los costos de la generación eléctrica, que los últimos años
se multiplicaron exponencialmente. Para eso también hay que definir con
exactitud el valor del gas en boca de pozo, ya que buena parte de la
generación eléctrica es con gas”, indica Boada. Las ideas para pasar de
los abusos de las privatizadas a una cobertura cada vez más inclusiva
son varias. El próximo gobierno deberá mostrar una fuerte voluntad
política para ponerlas en marcha.
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