Reforma laboral, educación, seguridad y más: las causas de los cacerolazos en Colombia.
El paro nacional se transformó en una de las movilizaciones sociales con mayor participación en los últimos tiempos. Problemas de educación, economía y seguridad iniciaron el conflicto.
El pasado 21 de noviembre se convirtió en un día histórico para Colombia.
La huelga, convocada en redes sociales por diferentes organizaciones
sindicales se convirtió en una contundente protesta contra el gobierno
de Ivan Duque.
Desde que asumió el poder, en agosto de 2018, Duque llevó a cabo diversas medidas económicas y sociales que generaron el descontento de la mayoría de los colombianos. Algunos expresaron su disconformidad con marchas lideradas principalmente por los estudiantes, pero que tenían un área de influencia que pocas veces se salía de los protagonistas del conflicto.
El paro nacional del jueves pasó a
ser tema de discusión de todo el país al alcanzar una magnitud que
ninguna protesta tuvo en 60 años. La última gran huelga contra las medidas de un gobierno se produjo en 1977 y puso contras las cuerdas al liberal Alfonso López Michelsen, que enfrentaba una dura crisis económica y una disputa con los militares de turno.
Más
que una causa en particular, fueron múltiples las razones que motivaron
la protesta. Pero el detonante que generó la convocatoria fue la
revelación hecha en el Senado de Colombia a principios de noviembre
sobre la muerte de al menos ocho niños en un bombardeo del Ejército contra organizaciones criminales
ocurrida en agosto en el departamento de Caquetá, al sudoeste del país.
Estos hechos provocaron la renuncia del ministro de Defensa de
Colombia, Guillermo Botero el 6 de noviembre último.
Algunas de las razones de la masiva protesta:
1. Matanzas de indígenas, líderes sociales y ex guerrilleros
Los manifestantes reclaman medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales que fueron blanco de una ola de asesinatos en la que se cobró la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.
La
situación es particularmente delicada en el departamento del Cauca, una
región montañosa del suroeste colombiano, que vive sumido en violencia
por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC,
paramilitares y bandas de narcotraficantes.
2. El "paquetazo"
El
gobierno del Iván Duque prepara un "paquetazo" de medidas que causarán
un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.
Entre ellas, estaría la propuesta de eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras medidas.
El gobierno ha negado la veracidad de muchas de estas medidas,
asegurando que no es cierto que haya presentado al Congreso las
reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos.
Aducen que todo deberá ser objeto de negociación.
3. La educación
Los
estudiantes de universidades públicas y privadas reclaman más inversión
en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado
después de más de dos meses de protestas y que incluyen inversiones para
las universidades de unos u$s 1.300 millones.
4. El cumplimiento del proceso de paz
Las
organizaciones sociales también reclaman al gobierno un mayor
compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC
alcanzado en 2016.
En particular, y relacionado con el punto
anterior, critican duramente lo que consideran un incumplimiento por
parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres.
Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive población indígena en el país.
Recientemente se han llevado a cabo operaciones contra la disidencia de las FARC.
En la última, en un caso que estremeció a la sociedad colombiana, al
menos ocho menores de edad (algunos medios hablan de 18) murieron en un
operativo de las fuerzas de seguridad a un campamento guerrillero.
La muerte de los menores,
incluida una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de
16, había sido ocultada por el gobierno -que solo había hablado de una
impecable y exitosa operación- pero fue revelada en el congreso,
costándole el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero.
5. La agenda anticorrupción
En
medio de escándalos como las ramificaciones locales del caso Odebrecht,
la agenda anticorrupción ha sido otro frente desatendido. Con Duque
recién posesionado, la llamada consulta anticorrupción,
una propuesta para endurecer sanciones impulsada por sectores de
oposición, no pudo superar el umbral requerido en agosto del año pasado,
pero logró una votación histórica de más de once millones de votos, más incluso que los de el propio Duque en los comicios presidenciales.
El mandatario prometió cambiar esa agenda, pero al final permitió que
las propuestas de la consulta se marchitaran en el Congreso. Su principal promotora, Claudia López, fue elegida alcaldesa de Bogotá en los comicios de octubre, donde hubo un significativo avance de las fuerzas alternativas.
Qué sigue después del paro
En Colombia hay un clamor de cambio, pero al mismo tiempo, una amenaza violenta que dispara las alarmas y que requiere autoridad.
Aunque el paro estaba cantado desde hace más de un mes, pocos entienden las imágenes que se vieron en Bogotá y Cali. Los delincuentes, por momentos, tomaron el control de la plaza de Bolívar y de otros puntos en la capital del país.
Ese
mismo jueves, cuando las marchas parecían ya haberse apaciguado tras la
dispersión policial, miles de colombianos volvieron a la calle a
reanudar su grito de protesta.
En Bogotá y en otras ciudades del país, se generó un cacerolazo sin precedentes, justo cuando Duque daba un mensaje televisado de 4 minutos en el que criticó los actos "vandálicos", apoyó a las fuerzas de seguridad y llamó al "diálogo social".
En
tanto, desde los sectores involucrados en la organización de la marcha
se estudia el camino que se deben seguir, una decisión que se tomaría la
próxima semana.
Para los manifestantes hay una consigna clara que queda luego de las masivas manifestaciones del 21N: se abrió un espacio para que una nueva generación haga la historia, no para que se la impongan.
Con
el paro, el Gobierno quedó contra la pared y se requiere un cambio
drástico para mejorar el margen de maniobra frente a los reclamos
sociales y la agenda legislativa.
Sin embargo, Duque no ha dado respuestas a
las reivindicaciones de los ciudadanos. Este viernes, en cadena
nacional, convocó para la próxima semana a una "conversación nacional" que pueda fortalecer la agenda vigente de política social que permita, en el mediano y corto plazo, cerrar las brechas sociales, luchas contra la corrupción y construir una “paz con legalidad”.
“El
Gobierno cree en el diálogo social. Somos un gobierno que escucha, la
comunidad que se ha manifestado de manera legítima es la sociedad que
nos ayuda a construir (…) Esta conversación se dará desde las regiones,
con todos los actores sociales y políticos, utilizará medios
electrónicos y mecanismos de participación para todos los colombianos”,
señaló el mandatario.
En ese
mismo sentido, expresó que esta conversación “buscará tener un
cronograma claro, para que todos podamos edificar un camino
significativo de reformas (…) Los espacios para el diálogo existen. La
mesa de concertación laboral se ha venido reuniendo, al igual que sucede
con la Mesa de Diálogo con los estudiantes y docentes. Estos espacios
serán aprovechados al máximo”.
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