Peajes: avanza una de las causas que más pesadillas provoca a Macri con la declaración de una testigo clave.
El juzgado de Rodolfo Canicoba Corral busca darle impulso al expediente
en que se investiga el negociado con los peajes que habría
beneficiado a empresas del ex presidente durante el gobierno de
Cambiemos. Fue citada una nueva testigo que podría complicar aún más a Macri y a la vez se pidió documentación a la IGJ en busca de
nuevas pistas.
Hay avances en una de las causas que más pesadillas genera a Macri de todas -muchas- las que tiene en Comodoro Py en el marco de la corrupción que hubo durante su gobierno: el
juzgado de Rodolfo Canicoba Corral impulsa uno de los expedientes más
comprometedores para el ex presidente y sus funcionarios y, en ese
sentido, fue citada a declarar una nueva testigo que podría complicarlo más y, a la vez, los investigadores solicitaron
documentación a la IGJ en busca de nuevas pistas.
El miércoles a las
10:30 deberá declarar como testigo la ex Directora Nacional de Asuntos y
Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro, Silvina
González Napolitano. Se trata nada más y nada menos que de la
abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la
concesionaria le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos
atrasos tarifarios.
Es que de acuerdo a una denuncia de diputados del FpV-PJ, Autopistas
del Sol, la empresa que tiene la concesión de la Panamericana, presentó
un recurso ante el tribunal internacional del Banco Mundial (CIADI) para
exigirle al Estado nacional un resarcimiento de USD 1.100 millones por
presuntos atrasos tarifarios. Cuando Macri llegó al poder, Guillermo Dietrich,
desde el Ministerio de Transporte, aceptó pagarle a esa empresa del
Grupo Macri USD 499 millones para resarcirla, pero con el objetivo de
sacar provecho del conflicto internacional para renovar el contrato de
los peajes y sacar ganancias de ello.
Del material surgido del expediente armado por la interventora de
Ausol, se constataba que la demanda del CIADI era una trampa al fisco en
la que la firma buscaba quedarse con la renovación de la concesión y
antes cobrarse los 499 millones de dólares.
Canicoba Corral debe determinar si hubo negociaciones
incompatibles y fraude al Estado con la prórroga del contrato y la
entrega de los 500 millones de dólares a la concesionaria de la
Panamericana, cuya accionista era Socma, empresa de la familia Macri.
El objetivo de la testimonial a González Napolitano es profundizar en
una de las patas de la pesquisa, que apunta a determinar las condiciones
en que el macrismo decidió reconocerle a Ausol la suma de 500 millones
de dólares en calidad de inversiones no amortizadas.
Abertis -la controlante española- se había presentado ante el árbitro
dependiente del Banco Mundial con un reclamo de mil cien millones de
dólares. Sin embargo, en tiempo récord y sin una sola audiencia,
Dietrich anunció como un gran triunfo que la firma retiraba la denuncia.
A cambio, el Estado le daba los 500 millones. Ocurre que esa suma
sideral no tenía ningún tipo de justificativo, según dijo en su momento
en una auditoría interna y luego en la causa bajo juramento el ex
titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales, Gustavo Gentili.
Según argumentaron, Ausol había incumplido gran parte del
contrato y había sido multada en numerosas oportunidades. Incluso hasta
fue intervenida por el kirchnerismo a raíz la gran cantidad de
irregularidades, decisión que Javier Iguacel levantó ni bien asumió en
Vialidad Nacional.
El máximo responsable que intervino en representación del Estado fue el entonces Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín. Como
opinó que la empresa no había agotado las instancias jurídicas de la
Argentina y no debía hacerce lugar a la demanda en el Ciadi (además de
su postura también adversa a los intereses empresarios en el caso del
Correo), Macri lo echó.
Su reemplazante fue nada menos que Bernardo Saravia Frías,
el histórico abogado de los Macri, quien pasó a representar al Estado.
González Napolitano también dejó su puesto, que era técnico y ocupaba
hacía más de una década. Precisamente ese dato lo aportó Balbín cuando
declaró ante Canicoba. Dijo que le había llamado la atención la salida
tan intempestiva de la abogada.
La otra medida que impulsa la justicia es que la Inspección General de
Justicia (IGJ) entregue la información sobre la composición societaria
de Socma y Sideco Americana. El Grupo Socma fue accionista de Autopistas
del Sol hasta mediados de 2017, cuando el ex Jefe de Estado vendió su
participación un 400% por encima del valor que tenían los papeles antes
de llegar a la Casa Rosada, de la prórroga del contrato y de las subas
siderales de las tarifas de peajes.
Según fuentes de la investigación en diálogo con P12, de todos modos
hay una dificultad para lograr llegar penalmente hasta Macri, a pesar de
su evidente beneficio: “Es un problema que Macri figure solo como
accionista y no como parte del directorio. Porque lo que hay que probar
es que tenía una parte o todo el control del dominio del hecho”.
Por otra parte, Oscar Parrilli denunció a Mauricio Macri por demoler una escalera de mármol en Casa Rosada.
El senador apuntó contra el ex presidente y su secretario, Fernando de Andreis, por atentar contra el patrimonio histórico y cultural de la sede de Gobierno.
El senador Oscar Parrilli realizó este viernes una denuncia contra el ex presidente Macri y el ex Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, por supuesta destrucción del patrimonio histórico y cultural de la Casa Rosada.
La
denuncia es porque recientemente tomó estado público la decisión del
entonces gobierno macrista de demoler una escalera histórica de la Casa
Rosada, que data del año 1895 y que era de mármol de Carrara.
"Literalmente esa escalera, que formaba parte del patrimonio histórico nacional -y que no pertenecía a ningún gobierno-, fue destruida y reemplazada por un ascensor", se consigna en la presentación.
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"El gobierno de Mauricio Macri no contó con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos que es obligatoria para realizar esa intervención en la Casa Rosada y
provocó un daño irreparable al patrimonio histórico nacional", advirtió
Parrilli.
También pidió investigar "el destino y el estado del mármol de Carrara de la escalera destruida que, vale recordar, no es patrimonio de ningún gobierno sino que es patrimonio de toda la Argentina".
El
senador exhortó a investigar "si el silencio de la Comisión Nacional de
Monumentos, Lugares y Bienes Históricos frente a semejante destrucción
patrimonial no significó un accionar cómplice que permitió la comisión de los delitos que se denuncian.
Es claro que los integrantes de esa Comisión tienen obligaciones
legales que cumplir y están en una posición de garantes que puede
transformarlos en cómplices o coautores de los delitos denunciados por
acción u omision".
La denuncia es por daño agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y recayó en el juez Luis Rodríguez.
En
la presentación también se alude a que la Casa Rosada tiene un museo
histórico que "hoy se encuentra en estado de profundo deterioro y
abandono fruto de la desidia y de la omisión de conservación que
establece taxativamente la ley 12665, en su artículo 2".
Para Parrilli, "surge claramente que hubo decisiones del ex Presidente Macri que intencionalmente avanzaron contra las previsiones legales impuestas a todas las personas y gobiernos respecto de los bienes declarados patrimonio histórico nacional.
En
su presentación, pidió al juez que se requiera toda la documentación
que obre en la Comisión de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos sobre
el Master Plan de la Casa Rosada y los dictámenes realizados al
respecto.
Y además que se realicen los peritajes correspondientes
sobre la demolición de la escalera histórica y se determine el destino
del mármol de Carrara.
MACRI FUE ES Y SERÁ UN RECONTRA HIJO DE REMIL PUTA DE PADRE Y MADRE,TRAIDOR, SÁDICO, VENDE PATRIA, CIPAYO CULO ROTO QUE SIEMPRE ULTRAJÓ A ARGERNTINA Y SUS HABITANTES EN TODO LO QUE PUDO. HAY QUE ENJUICIAR Y FUSILAR A ESE MALDITO TRAIDOR!
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