Los investigadores secuestraron documentación y material informático
para profundizar la investigación por la renegociación de los contratos
del Acceso Oeste y de la Panamericana, cuya beneficiaria fue Socma.
El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso procedimientos
simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Grupo Concesionario
del Oeste y Natal, la empresa a la cual Socma le vendió la participación
accionaria que tenía en Ausol. “Encontramos lo que fuimos a buscar”, confió uno de los investigadores.
Entre los elementos secuestrados hay documentación y material informático. Los delitos que se se podrían haber cometido son negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.
Los allanamientos fueron ordenados este jueves en varios lugares al
mismo tiempo: personal de la División de Delitos de Lavado de Dinero de
la Policía Federal se dirigió a la sede social de Autopistas del Sol, en
Panamericana y Thames, y también a la del Acceso Oeste, ubicada en
Ituzaingó. En simultáneo, personal especializado –entre abogados,
contadores y técnicos informáticos-- fue a las oficinas de las empresas
en Capital Federal. También hubo un procedimiento en el inmueble donde
opera Natal Sociedad Anónima, la firma que a mediados de 2017 se quedó
con las acciones que Socma tenía en Ausol.
El expediente abierto a mediados del año pasado tiene bajo la lupa
la renegociación de los contratos de los peajes del Acceso Oeste y de
la Panamericana, cuya beneficiaria fue Socma, empresa emblema de la familia Macri.
Con el avance de la pesquisa, el ex presidente, el ex ministro de
Transporte Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad Nacional,
Javier Iguacel y el ex jefe de la Cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne,
están cada vez más complicados.
En los operativos ordenados por el juez de instrucción número 6, se
buscaba específicamente documentación sobre la escandalosa prórroga del
contrato sin licitación y pruebas sobre la integración societaria de la
concesionaria; además, documentos respecto del reconocimiento para Ausol
de unos 500 millones de dólares por parte del Estado y las condiciones
en que fue vendida la participación del ex Jefe de Estado en la compañía
beneficiada por sus políticas.
Resultado positivo
“Encontramos lo que fuimos a buscar”, confió uno de los investigadores.
Entre el material secuestrado en los cinco operativos simultáneos, se
recolectaron documentos, fotocopias y discos rígidos. Puntualmente, de
las concesionarias se llevaron registros de titularidad de acciones;
información societaria; balances y --algo que destacaron fuentes de la
investigación-- en Ausol encontraron en fotocopias el acuerdo de renegociación del contrato.
El dato cobra relevancia si se toma en cuenta lo declarado por una de
las testigos claves de la causa. Julieta Ripoli, ex titular de Jurídicos
de Vialidad Nacional, dijo bajo juramento que las condiciones de ese
contrato fueron redactadas prácticamente en su totalidad por los
abogados de las empresas, lo que implicó amplios beneficios para las
concesionarias, en detrimento de los intereses del Estado y de los
usuarios.
En tanto, de la sede de Natal S.A. se obtuvieron discos rígidos y
material sobre la transferencia de las acciones que eran de Macri. La
firma, una empresa familiar dedicada al rubro inmobiliario y
agropecuario, no tenía experiencia previa ni conocimiento técnico en
temas viales. Sin embargo, a pesar de que supuestamente la concesión
estaba por vencer, compró los papeles por un monto millonario, lo que
podría indicar que hubo información privilegiada y los compradores
sabían que se iba a prorrogar el contrato por diez años.
Además, mientras ex funcionarios de Vialidad
afirman que hubo presiones para apurar la venta de las acciones antes de
la renegociación de la concesión, el organismo a cargo de Iguacel,
modificó las condiciones para permitir que una compañía que no cumplía
con los requisitos (experiencia y solvencia económica) pudiera ser
adjudicataria.
El rol de Macri
En Tribunales explican que el principal escollo que tiene el caso
respecto del rol del ex presidente es que Macri sólo tenía
acciones y no era directivo de Ausol. Incluso, a pesar de haber
mantenido las acciones en su poder hasta mediados de 2017, cuando las
vende a Natal S.A. un 400 por ciento por encima del valor que tenían
antes de llegar a Casa Rosada, antes de la prórroga del contrato y de
las subas siderales de las tarifas de peajes. “Es un problema que Macri
figure solo como accionista y no como parte del directorio. Porque ahí
tenés que probar que tenía una parte o todo el control del dominio del
hecho”, explicaron en tribunales.
Sin embargo, hay un hecho que podría complicar al ex mandatario. Se
trata de la “ayuda” que buscó darle Laura Alonso, entonces a cargo de la
Oficina Anticorrupción, al recomendarle a Macri que no firme el decreto
que habilitaba la renegociación de la concesión. Efectivamente, quien
puso la rúbrica fue la ex Vicepresidenta, Gabriela Michetti. Desde el
juzgado afirmaron que “queda claro que en todo el proceso actuó el
Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y con la excusación de Macri
recomendada por Alonso está admitido que tenían intereses”.
Mientras tanto, el material incautado en los allanamientos quedó bajo custodia y comenzará a ser analizado en las próximas horas.
En base a eso se definirán los próximos pasos de uno de los expedientes
más comprometedores para Macri y sus funcionarios. Seguramante, pronto
vendrá el turno de las primeras indagatorias. Todo indica que el debut estará a cargo de los abogados subordinados de
Bernardo Saravia Frías, el ex abogado de los Macri que reemplazó a
Balbín en la Procuración del Tesoro. “No podían no saber o no estar al
tanto de lo que estaban haciendo”, expresaron en Comodoro Py.
Nueva testigo
La causa que comenzó a mediados del año pasado ganó impulso con las
declaraciones de varios testigos, entre ellos el ex Procurador del
Tesoro, Carlos Balbín; la ex titular de Jurídicos de Vialidad, Julieta
Ripoli y el ex titular del extinto Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI), Gustavo Gentili.
El próximo martes deberá declarar como testigo la ex Directora
Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración
del Tesoro. Se trata de Silvina González Napolitano, la
abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la
concesionaria le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos
atrasos tarifarios.
El objetivo de esta nueva testimonial es profundizar en una de las
patas de la pesquisa, que apunta a determinar las condiciones en que el
macrismo decidió reconocerle a Ausol la suma de 500 millones de dólares
en calidad de inversiones no amortizadas. Abertis --la controlante
española-- se había presentado ante el árbitro dependiente del Banco
Mundial con un reclamo de mil cien millones de dólares. Sin embargo, en
tiempo récord y sin una sola audiencia, el entonces Ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich anunció como un gran triunfo que la firma
retiraba la denuncia. A cambio, el Estado le reconocía los 500
millones. Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, dejó
sorpresivamente su cargo luego de haber defendido los intereses del
Estado ante el CIADI.
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