Se cayó otra causa armada, en este caso, la banda liderada por Macri había apuntado contra el ex jefe del Ejército, general César Milani. Uno de los que la presentó la falsa denuncia fue el espía Jaime Stiuso
Patricia 
Bullrich, Horacio Antonio Stiuso, Gerardo Morales y el periodista Daniel
 Santoro decían que Milani tenía un inmenso aparato ilegal de espionaje. No había nada. Paradójicamente, el fallo lo dictó Claudio Bonadío antes de morir.
El fallo de Bonadio, archivando la causa, es lapidario: no hay nada de nada.
 Hasta el propio Ejército, ya en tiempos del macrismo, señaló que no 
encontraron rastros de material de espionaje ilegal y que en época de 
Milani los aumentos de presupuestos fueron similares a los que 
obtuvieron la Armada y la Fuerza Aérea, de manera que no hubo fondos 
desusados para inteligencia. 
El periodista Santoro sostuvo que una 
fuente le reveló que había un suboficial dedicado a seguirlo y espiarlo,
 pero cuando le preguntaron quién era, contestó --según dice la 
resolución de Bonadio-- que su fuente no recordaba el nombre. Hubo otra 
causa anterior, denunciada por Laura Alonso, quien dijo que recibió un llamado anónimo 
en el que un desconocido afirmaba que Milani espiaba a políticos, 
funcionarios y periodistas desde un cuartel en Villa Martelli y un 
edificio de San Juan y Entre Ríos. Hubo allanamientos ordenados por dos 
jueces distintos en los que tampoco se encontró nada y Alonso se negó a 
contestar una pregunta elemental: en qué teléfono recibió la llamada 
anónima.
La versiones alrededor del aparato de inteligencia de Milani llegaron
 a extremos asombrosos: por ejemplo, le adjudicaron participación en el 
supuesto asesinato del fiscal Alberto Nisman. Elisa Carrió instaló la 
versión de que hombres del ex jefe del Ejército manejaron el edificio Le
 Parc aquel 18 de enero de 2015. Como es obvio, la investigación de la 
fiscal Viviana Fein no encontró la menor evidencia.
Ahora,
 después de cuatro años de gobierno macrista, de presentaciones hechas 
por la AFI de Gustavo Arribas, el Ejército bajo el control del ministro 
Oscar Aguad, y con un juez nada proclive como Bonadio, se dispuso el 
archivo del expediente porque no hay pruebas contra Milani.
Por 
ejemplo, el ahora gobernador Gerardo Morales denunció que Milani le 
espiaba los mails y sus archivos informáticos, pero analizada su 
computadora por expertos de la Policía Metropolitana, Bonadio concluyó 
que no existió tal espionaje.
El periodista Santoro afirmó que 
Milani dispuso de un suboficial "para seguirlo e investigarlo". Bonadio 
citó al periodista y le pidió el nombre del suboficial, pero Santoro 
declaró que quien le dió el dato, su fuente, no recordaba cómo se llama 
el suboficial. "En ese orden --escribió Bonadio-- no se pudo verificar 
que Santoro haya sido víctima de espionaje ilegal".
Para 
investigar algunas de las acusaciones, entre ellas las de Morales, 
Stiuso, Bullrich y Santoro, el juez ordenó el allanamiento del séptimo 
piso del edificio Libertador, sede del Ejército. Bonadio constató 
--según dice el fallo-- que "no se detectaron archivos de inteligencia 
en los servidores ni documentación física relacionada con la 
investigación".
Stiuso sostuvo que existían evidencias de que 
desde la sede del Ejército se utilizaban o valijas o camionetas con 
capacidad de interferir llamadas. El informe oficial de la AFI, bajo la 
administración macrista, dictaminó que no hubo posibilidad de comprar 
elementos de esa naturaleza sin documentación oficial, mientras que el 
Ejército y el Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Aguad, le 
informaron al juez que nunca se compraron ni valijas ni camionetas ni 
aparatos de esas características. Tampoco Bonadío encontró pruebas de 
otro de los grandes mitos: que hubo un crecimiento exponencial del 
presupuesto del Ejército destinado a inteligencia. El juez dice que las 
proporciones de aumento fueron idénticas en el Ejército, la Armada y la 
Aviación.
Al final del análisis de 14 páginas, en la última resolución firmada 
por Bonadío, se ordenó el archivo del expediente porque no se comprobó 
ninguno de los aspectos de la denuncia. Los abogados de Milani no 
quedaron conformes: quieren que se dicte el sobreseimiento. Eso le 
quedará, seguramente a Marcelo Martínez del Giorgi, reemplazante de 
Bonadio.
En la causa anterior sobre el mismo tema, el juez 
Emiliano Canicoba allanó una unidad del Ejército en Villa Martelli donde
 había antenas que un anónimo recibido por Laura Alonso indicaba que se 
usaban para espiar ilegalmente a políticos, funcionarios y periodistas. 
Las antenas resultaron ser de la SIDE y no servían para espiar nada sino
 que comunicaban las distintas sedes de la central de espías. En 
paralelo, el anónimo decía también que en un edificio de San Juan y 
Belgrano, en el barrio de Monserrat, estaba la sede del espionaje ilegal
 de Milani. Puesta a investigar la Policía Metropolitana, bajo el 
mandato del macrismo, no pudo encontrar el edificio ni evidencia de 
ningún tipo. En el expediente intervinieron, primero Sebastián Casanello
 y después Luis Rodríguez.
Todo indica que con el fallo de Bonadio
 se termina la historia del fantasmal aparato de espionaje ilegal de 
Milani. Sería la despedida, al menos judicial, de un mito que motivó 
tapas y tapas de los grandes diarios, pero del que no se pudo encontrar 
ni una mínima evidencia incluso tras los cuatro años de macrismo y la 
intervención de cuatro jueces distintos.

 


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