El presidente Alberto Fernández trazó los lineamientos de un
amplísimo cambio en la Justicia.
Por lo pronto, anunció que envía una
ley para transformar el fuero federal, que a través de los 12 jueces de
Comodoro Py, monopolizó las maniobras de persecución de los dirigentes
opositores. El mandatario no precisó detalles del cambio, que estarán en
la ley, pero este diario averiguó que a los 12 jueces federales se
sumarán los diez magistrados del fuero penal--económico y unos 30 del
fuero Correccional y Criminal Nacional de la Ciudad de Buenos Aires.
Eso llevaría a diluir el poder de lo que fueron los Bonadío y compañía.
En el mismo sentido va la decisión de acelerar el establecimiento del
sistema acusatorio, que rige en gran parte de las provincias y en el
mundo entero: los que instruyen, piden pruebas, ordenan pericias, citan
testigos, son los fiscales.
Los jueces pierden protagonismo, aunque
tienen el control del proceso. Finalmente se creará el Consejo para Afianzar la Administración de Justicia,
que impulsará cambios en normativas que tengan que ver, por ejemplo,
con la actuación de la Corte Suprema. Se dice que en ese Consejo
estarán, por ejemplo, León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Carlos
Beraldi y juristas de distintas orientaciones.
Limitar I
El presidente diagnóstico que "nos proponemos impulsar un
reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la
activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que
impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad
en materia de detenciones y que impida para siempre que la
discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho".
En buen romance, ese párrafo implica reducir el poder insólito que tuvieron durante más de dos décadas los magistrados federales de Comodoro Py.
Entre esos 12 jueces se sorteaban todos los casos de corrupción, más
los de narcotráfico, secuestros y tráfico de personas. Ese monopolio los
hizo famosos, entre otras cosas porque los servicios de inteligencia
operaron a través de la mayoría de ellos.
Habrá que ver la letra
chica del proyecto pero, en principio, se unirán los jueces federales
con los de penal económico y, además, unos 30 magistrados del fuero
criminal y correccional nacional ordinario que actúan en la Ciudad de
Buenos Aires. Son los que investigan los crímenes --por ejemplo el de
Angeles Rawson--, robos, abusos sexuales y otros delitos que no están en
la lista de los que le dan intervención a la justicia federal.
En ese
fuero hay más de 50 magistrados de los cuales unos 30 pasarían a la
nueva justicia federal y el resto se transferirían a la Ciudad de Buenos
Aires.
De esa manera, cualquier caso que, por ejemplo, debe afrontar un dirigente político ya no se sortearía entre los 12 jueces de Comodoro Py sino entre más de 50. Se limita fuertemente el poder de los magistrados que han sido, virtualmente, los dueños de la pelota.
Limitar II
Alberto Fernández también anunció limitaciones en otro fuero, el contencioso--administrativo, que es el que resuelve todos los litigios relacionados con el estado.
Por ejemplo, Cambiemos tenía la idea de pedir la nulidad de la sesión
sobre las jubilaciones de los jueces precisamente en ese fuero. También
esos magistrados, que son unos seis o siete, son los que se pronuncian
sobre aumentos de tarifas y la mayor parte de los juicios contra el
estado.
En este terreno, también el presidente anuncio que el
fuero se unifica con el fuero civil y comercial federal. De esa manera,
el cálculo es que el sorteo de cualquier litigio será entre más de 20
jueces.
Limitar III
Seguramente la mayor transformación
se producirá con la puesta en marcha del sistema acusatorio, algo que
también anunció el mandatario. Ese cambio no requiere de ley porque la
norma ya fue votada en el Congreso, pero Macri nunca la quiso poner en marcha, justamente, porque le hacía perder poder a sus jueces preferidos.
El sistema hoy ya se aplica en casi todas las provincias y en el mundo
entero. Quien investiga y acusa es el fiscal, no el juez. Por lo tanto
es el que pide las pericias, convoca los testigos y junta las pruebas
para formular la acusación. Cuando hay medidas que tienen que ver con la
libertad individual --allanamientos, detenciones--, el fiscal le pide
la orden al juez. Y finalmente el magistrado es el que tiene la última
palabra en cuanto a prisiones preventivas, procesamientos y
sobreseimientos.
Como es obvio, el sistema le quita poder a los jueces que dejan de ser los verdaderos protagonistas del expediente.
Es algo que se pudo ver, por ejemplo, en el caso de los rugbiers: el
centro de la investigación estuvo en manos de la fiscal, Verónica
Zamboni, mientras que el juez David Mancinelli intervino en las
decisiones de fondo. En la Provincia de Buenos Aires existe, desde hace
rato, el régimen acusatorio que ahora se acelerará en el nuevo fuero
federal.
Narcos
El presidente dedicó un párrafo extenso a la situación en Santa Fé
y, más específicamente en Rosario, con la crisis producida por las
bandas de narcotraficantes. El mandatario anunció que se crea una nueva
sala en la Cámara de Apelaciones de Rosario, con una secretaría
específicamente dedica al narcotráfico. También se designarán más
fiscales en esa zona.
El presidente igualmente adelantó que se
crea un juzgado, fiscalías y defensoría en San Lorenzo, ciudad y puerto
en los que también hay una crisis vinculada con el narcotráfico.
Consejo
El Presidente confirmó que se creará un Consejo para Afianzar la Justicia en la República Argentina. Tratará todos los proyectos que tengan que ver con cambios en materia judicial.
Por ejemplo, el presidente --que es profesor universitario de derecho
penal-- considera que hay problemas en el funcionamiento de la Corte
Suprema, a la que se puede llegar con demasiada facilidad mediante
recursos extraordinarios. Alberto Fernández dijo que debería haber una
limitación a esos recursos y, por lo tanto, se buscaría no recargar el
trabajo de los supremos.
Los otros temas que trataría ese Consejo serían mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura, avanzar con el juicio por jurados y fortalecer al Ministerio Público,
que son los fiscales. Como se sabe, Fernández impulsa al juez Daniel
Rafecas como procurador para relanzar todo el trabajo de los fiscales.
Para integrar el Consejo se habla de León Arslanián, Ricardo Gil
Lavedra, Carlos Beraldi y otros juristas y profesores universitarios de
distintas orientaciones y formaciones.
Como se ve, todos los objetivos son más que ambiciosos. Pero no
será nada fácil la implementación. En la Argentina y en muchos otros
países del mundo, la justicia se utilizó como instrumento para la
persecución de los partidos y figuras que no están alineados con el
neoliberalismo. Se vio en Brasil con Lula, en Ecuador con Rafael Correa y
recientemente en Bolivia, con Evo Morales. Y se percibió también en
esta misma semana con la extraña defensa de Cambiemos de las voluptuosas
jubilaciones de los jueces.
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