Coronavirus y fake news: la jueza Julia Márquez, que difundió la supuesta liberación de violadores, reconoció que mentía, aunque tarde, porque ya dañó a gran parte de la sociedad con las barbaridades que emitió para crear caos, obedeciendo la línea macrista.
Era
la cara de la campaña de los medios contra el Gobierno por el supuesto
"plan para liberar asesinos y violadores". Es una antigua agitadora
macrista en la justicia y se hizo conocida por viajar a Europa y no
hacer aislamiento al volver, lo que obligó a cerrar su juzgado.
Insólitamente, ella misma le otorgó en abril la prisión domiciliaria a
un homicida, aún contra la oposición de la fiscal.
La jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, consolidó su fama el
viernes cuando se transformó en la cara de la ola destinada a infundir
miedo, y apuntarle al Gobierno, por una supuesta suelta de violadores con la excusa de la pandemia del coronavirus. La mujer dio una cifra: habló de 176 liberados que estaban condenados por delitos contra la integridad sexual, es decir, abusadores y violadores,
y que en un solo día se habían concedido igual número de
excarcelaciones que en un año.
También afirmó que recibieron la libertad
“1076 personas con delitos contra la propiedad” y “276 con delitos
contra las personas”. Dijo que eran datos de la Cámara de Casación
Penal Bonaerense. Fuentes de ese tribunal, dijeron que los datos no son tales ni tienen ellos ese
relevamiento. También se supo ayer que Márquez mandó a su casa a
comienzos de abril a un homicida condenado a 11 años de prisión por
tener factores de riesgo de contraer Covid-19. Y que la Corte Bonaerense
le había cerrado antes el juzgado porque había vuelto de Italia y fue a
trabajar con síntomas.
La jueza volvió insólitamente sobre sus afirmaciones cuando fue
consultada más tarde por el periodista Eduardo Feinmann, que buscaba
seguir aportando a la campaña sobre la liberación (imaginaria) de
presos. Entonces, sin el rigor que había mostrado, dijo que lo que sabía
era que en el período de aislamiento habían salido de las cárceles 2458
personas, que podía ser por muchas razones, entre ellas casos de abuso
sexual.
“No estoy diciendo que en un día salieron 172 abusadores ni nada,
sino que en un día hay 172 personas que recuperaron la libertad bajo
distintos institutos”, sostuvo. Ya era tarde para aclaraciones, porque
todos los medios habían colocado títulos catástrofe sobre la
“revelación” de la magistrada. Como sea, y si hablaba de la liberación
lisa y llana de violadores y abusadores, el dato del Servicio
Penitenciario Bonaerense es que este año recuperaron la libertad 38
condenados por esos delitos entre el 17 de marzo y el 17 de abril
(período de aislamiento) y que en la misma fecha del año pasado fueron
44. En cuanto a los homicidios, de los que también habló, fueron 103
liberaciones en 2019 y 42 este año en el mismo lapso este año. Todo esto
además, no tiene que ver con la emergencia por el coronavirus sino que
fueron otorgadas por cumplimiento de penas.
Entre las pocas domiciliarias por Covid-19 que se dieron en casos de
homicidio, una fue concedida por la propia jueza Márquez el 3 de abril
último. La medida fue para Víctor Manuel Carrizo, condenado a 11
años de prisión por homicidio calificado. La pena rige desde el 21 de
abril de 2103 y vence el 19 de octubre de 2024. Pero Márquez consideró
que la domiciliaria con tobillera electrónica estaba justificada porque
Carrizo está en tratamiento de tuberculosis y eso implica un factor de
riesgo de contagio de coronavirus. No tuvo en cuenta la gravedad del
delito ni la pena, ni que la fiscalía se opuso porque no estaba claro si
el domicilio donde cumpliría la pena el hombre era apto para el
aislamiento, lo que parecía más preocupante teniendo en cuenta que
allí residen dos mayores de 60 años. En la resolución no figura que la
jueza haya notificado a la víctima tampoco.
Márquez, que integra la organización Usina de Justicia macrista,
había tenido alguna visibilidad mediática cuando volvió de un viaje a
Italia y comenzó con síntomas compatibles con Covid-19. Como había ido a
trabajar a su juzgado, la Corte Bonaerense dispuso cerrarlo el 11 de
marzo y suspender los plazos procesales de las causas que tramitan allí.
Por esos días también habría ido a ver detenidos a la unidad 47 de San
Isidro, según figura en los libros.
Según la estadística del SPB, entre el 17 de marzo y 17 de abril del año pasado fueron liberados 44 acusados de delitos contra la integridad sexual; mientras que en el mismo período este año fueron menos, 38. Las domiciliarias vinculadas a estos delitos en la pandemia son algo más de 30. Son muchas y seguramente cuestionables si se tienen en cuenta los riesgos para las víctimas que, según las recomendaciones, deben tener en cuenta jueces y juezas, pero no es una tendencia nueva en un sistema con sello patriarcal.
La comparación del mismo período para liberados por homicidios es notoria: 103 el año pasado y 42 este año. Los delitos por los que más domiciliarias se dieron por la Covid-19 son los de narcomenudeo y delitos contra la propiedad (robos): cerca del 69 por ciento del total, según estiman en el Ministerio de Justicia bonaerense. Entre los delitos por los que menos morigeraciones se otorgan están los homicidios. La sorpresa es que quien concedió una domiciliaria a un homicida en tratamiento por tuberculosis condenado a 11 años y 11 meses de cárcel que recién vence en octubre de 2024 fue la jueza Márquez, a pesar de la oposición de la fiscal.
Los datos de la jueza y los verdaderos
La rancia derecha que jamás defendió los derechos de las mujeres sino que históricamente generó formas de encubrir abusadores, usó consignas feministas estos días para llamar al cacerolazo infundiendo el temor a violadores sueltos. Esa utilización, apareció también en boca de la jueza Márquez que, como se dijo anteriormente, salió a decir por radio Mitre que desde el comienzo de la cuarentena habían sido liberados 176 violadores. Además, señalaba la liberación, desde las medidas de aislamiento, de “1076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas”. Invocaba datos de Casación bonaerense, que según ese tribunal no son tales.Según la estadística del SPB, entre el 17 de marzo y 17 de abril del año pasado fueron liberados 44 acusados de delitos contra la integridad sexual; mientras que en el mismo período este año fueron menos, 38. Las domiciliarias vinculadas a estos delitos en la pandemia son algo más de 30. Son muchas y seguramente cuestionables si se tienen en cuenta los riesgos para las víctimas que, según las recomendaciones, deben tener en cuenta jueces y juezas, pero no es una tendencia nueva en un sistema con sello patriarcal.
La comparación del mismo período para liberados por homicidios es notoria: 103 el año pasado y 42 este año. Los delitos por los que más domiciliarias se dieron por la Covid-19 son los de narcomenudeo y delitos contra la propiedad (robos): cerca del 69 por ciento del total, según estiman en el Ministerio de Justicia bonaerense. Entre los delitos por los que menos morigeraciones se otorgan están los homicidios. La sorpresa es que quien concedió una domiciliaria a un homicida en tratamiento por tuberculosis condenado a 11 años y 11 meses de cárcel que recién vence en octubre de 2024 fue la jueza Márquez, a pesar de la oposición de la fiscal.
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