Un decreto de Macri que estatizó la deuda de las gasíferas fue anulado y enciende las alarmas en el sector.
Se trata del Decreto Nº 1053 firmado por Mauricio Macri en 2018, que compensó a las distribuidoras de gas por casi u$s400 millones en 30 cuotas, por las pérdidas ocasionadas por la fuerte devaluación de dólar.
La industria energética se puso en alerta luego de que el Senado rechazó el DNU que emitió Macri
para que el Estado se haga cargo de la deuda que se generó entre
distribuidoras y productoras de gas por la brusca devaluación de 2018.
La historia se remonta a noviembre de 2017, cuando el por entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren,
convocó a los productores, distribuidoras y transportistas de gas para
establecer las bases y condiciones para la comercialización del gas.
Allí, se fijaron precios uniformes para cada una las cuencas y volúmenes
específicos por un plazo de dos años, pero en un hecho inédito, los
contratos se establecieron a un tipo de cambio variable en dólares.
Entonces, el macrismo estableció en el artículo 7 del DNU 1053
un mecanismo por el cual el Estado Nacional asumió esa deuda entre
privados que se había generado por las “bases y condiciones” ideadas por
Aranguren con las empresas y la aprobación del Enargas.
Si bien el DNU 1053 salió el 16 de noviembre de 2018, recién un año
más tarde se determinó el monto a pagar por las compensaciones, en $ 24.524,71 millones.
Las distribuidoras habían recibido el suministro de gas pactado en
dólares a un tipo de cambio de $20,18 (abril 2018) y al momento de
pagarles a las productoras, la divisa se disparó a $37,40 (septiembre
mismo año).
El gobierno anterior intentó sin éxito trasladar ese
costo a los usuarios en 24 cuotas. Como la propuesta del entonces
secretario de Energía, Javier Iguacel, no prosperó, se decidió que el
Estado se hiciera cargo de la deuda de $ 24.524,71 millones, comenzando a
pagarla en 30 cuotas a partir de octubre de 2019, aunque solo
se hizo un solo giro de $ 817,49 millones que se pagaron el 6 de
diciembre, cuatro días antes de iniciar el gobierno de Alberto
Fernández.
Del total, YPF es a quien le corresponde el
monto mayor entre las petroleras, con $6795 millones, ya que es el
principal oferente en el mercado de gas residencial. Pero también tienen
saldos a cobrar Total ($2356 millones); Pan American Energy ($2122
millones); Pampa Energía ($1218 millones); Wintershall ($962 millones);
Tecpetrol ($635 millones); Pluspetrol ($476 millones); CGC ($409
millones), y Vista ($34,6 millones), entre otras. Pero además, el Estado
le debe por este concepto $8903 millones (36% del total) a Enarsa, la
empresa estatal a cargo de las importaciones de gas.
Una mirada
inmediata a los distintos sectores de la energía refleja disparidad de
trato en los últimos años, mientras algunas empresas vinculadas con
funcionarios del gobierno de Cambiemos recibían transferencias, otras se
veían perjudicadas. Desde 2015, los precios de la energía eléctrica
variaron 1.802% y los del gas 108%. Los precios de los combustibles
recortaron 34% en este lapso. Ese costo que pagaron los usuarios les
permitió a las empresas de servicios públicos obtener rentabilidad obscena.
Mientras Edenor, Camuzzi y otras compañías se alzaron con rendimientos importantes,
los productores de hidrocarburos que resultan ser la base de la
generación de electricidad y la distribución de gas, veían caer su
rentabilidad.
YPF, por ejemplo, petrolera
estatal tuvo enorme retroceso en sus ingresos, con un retraso total en
cuatro años del 34% en dólares en el precio de sus combustibles.
Una de las consecuencias de esa pérdida de rentabilidad en el sector
fue la caída en la producción del gas. Hoy como consecuencia de esa
política, el país podría verse obligado a importar gas si no se adoptan
incentivos adecuados.
Así las cosas, los precios de los
combustibles frenan la inversión. Si la mira se pone en los surtidores
el panorama no es mejor. Los precios están lejos de ser los más caros
del mundo, aunque para los bolsillos locales diezmados por la crisis,
casi todo es caro en pesos aunque sea barato en dólares.
En
Italia, por ejemplo, el litro de nafta representa u$s 1,61; en España
u$s 1,33; en Uruguay u$s 1,26 y en Chile u$s 1,01. En la Argentina, el
litro de nafta se paga u$s 0,8 y está por debajo del promedio que es u$s
0,9.
En junio de este años, el Ministerio de Desarrollo Productivo -del
cual depende la Secretaría de Energía- decidió avanzar con el pago de
seis de las cuotas atrasadas, como un gesto hacia las productoras antes
de lanzar el nuevo Plan Gas 4, que daría incentivos a la producción para
que no falte el suministro en el invierno del año que viene.
Sin
embargo, a los pocos días tuvo que suspender la operación, luego de que
el Enargas iniciara una denuncia penal contra la administración anterior
por establecer los contratos que generaron esa deuda.
Y fue mismo el fiscal Guillermo
Marijuán quien el martes pasado imputó Aranguren por presunto
"incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones
incompatibles", en relación con los contratos que fijaron el precio del gas en 2018.
La
imputación recayó también sobre el expresidente del Enargas Ezequiel
Roitman, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del
Ministerio de Energía Marcos Pourteau, la ex gerente de Legales del Ente
Marcela Valdez, y el resto del directorio del organismo regulador.
“Debido
al escándalo que en su momento se produjo por la fuerte devaluación de
octubre del 2018, Macri decidió trasladar el costo de la
devaluación, US$ 393 millones, a todos los contribuyentes mediante
afectación del Presupuesto Nacional, a través del Artículo 7 del Decreto
1053/2018”, recordó al respecto la actual conducción del Enargas.
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