Pidió a sus funcionarios que "multipliquen por 33" las tarifas, aunque el ajuste por el marco regulatorio era muy inferior.
La denuncia fue presentada por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, con elementos que probarían "la arbitrariedad" del ajuste con que se pretendió imponerle a los usuarios un sobrecosto a pagar en los siguientes cinco años.
El supuesto "sinceramiento" de tarifas del gas por redes que le concedió el macrismo a las concesionarias del servicio introdujo sobreprecios del 900 por ciento, incluso sobre lo que hubiera resultado de reconocerle a las empresas contratistas las tarifas dolarizadas.
Así lo manifiesta la ampliación de denuncia que presentó el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, contra Juan José Aranguren, ex ministro de Energía de Macri, y otros funcionarios de su área responsables de aquella negociación de fines de 2016, que derivó en un ajuste del 3300 por ciento en las tarifas (factor de ajuste 33, en los términos del acuerdo), contra el 2400 por ciento (factor 24) que hubiera resultado "de haberse ajustado al ritmo del dólar".
La denuncia de Bernal incluye el intercambio de e-mails entre funcionarios, e incluso una presentación pública del subsecretario Andrés Chambouleyron, en los que se reconoce que el "objetivo" era llegar a ese factor de ajuste 33 para conformar a las concesionarias y que desistieran de "llevar reclamos de indemnizaciones al CIADI", organismo de solución de controversias sobre inversiones del Banco Mundial.
Con ese argumento, el ministerio de Energía del ex Shell Aranguren sobreestimó el ajuste de tarifas con un "premio" o adicional que hubiera representado, en los cinco años de aplicación de los contratos renegociados (con transportistas y distribuidoras) un sobrecosto en las tarifas a pagar por los usuarios equivalente a 1343 millones de dólares, entre 2017 y 2021 inclusive, según la denuncia presentada este martes en tribunales federales.
"El factor de actualización de las tarifas fue totalmente
arbitrario, con la consecuencia de sobreprecios escandalosos en las
facturas de gas", relató Bernal.
"Los funcionarios que participaron, del Ministerio de Energía y del
Enargas, con sus autoridades del año 2016, asumieron que todos los
concesionarios del transporte y la distribución iban a efectuar el
reclamo por tarifas ante el CIADI, cuando hasta ese momento no se habia
presentado ningún reclamo, y que además se iban a perder todos estos
litigios. Entonces vuelcan esa pérdida a la tarifa, haciéndole pagar a
las y los usuarios en forma arbitraria el costo de juicios hipotéticos",
completó el actual interventor del Enargas.
Bernal recordó que "este argumento falaz, de justificar la
manipulación de los ajustes de tarifas a través de la supuesta renuncia
de las empresas, o sus accionistas, a reclamar indemnizaciones por
perjuicios, es casí idéntico al utilizado en la Causa Peajes".
"Al incluirle los montos por eventuales reclamos en la tarifa, se le
garantizó a los dueños de las empresas concesionarias el 100% de
recupero, vía tarifas, de algo que ni siquiera habían reclamado
formalmente; no correspondía que los funcionarios reconocieran esa
deuda, no correspondía su inclusión en las tarifas. Tampoco correspondía
incluir renuncias a eventuales reclamos ante el CIADI en el cálculo de
actualización de la tarifa ni el entonces interventor del Enargas estaba
autorizado a evaluar costos de juicios para hacérselos pagar a los
usuarios y las usuarias de gas, sea de la forma que sea", expuso Bernal.
En función de todas estas irregularidades, presentó la denuncia
contra los por entonces ministro Aranguren, el subsecretario Andrés
Cambouleyrón, el director de Política Tarifaria Andrés Ferraris, la
directora técnica del Indec Graciela Bevacqua, y el titular del Enargas
David Tezanos, entre otros. Los cargos que le imputa son: abuso de
autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público,
negociaciones incompatibles con la función pública, y administración
fraudulenta.
Si bien los aumentos que por entonces resolvieron las autoridades del
Ministerio de Energía y el Enargas no llegaron a aplicarse plenamente,
porque fueron cuestionados en la justicia y polìticamente le resultó
imposible al macrismo sostenerlos más acá de 2018, el volumen de
ingresos adicionales que le hubiera significado a las empresas
ascendería al equivalente a 1343 millones de dólares.
De cualquier modo, Bernal aclaró que la denuncia está orientada a las
autoridades nacionales por las graves irregularidades en el desempeño
de su función pero no contra las empresas. "En este caso, consideramos
que las empresas fueron víctimas de las violaciones al marco regulatorio
por parte de las autoridades", señaló.
El factor 33
Entre la documentación presentada ante el Juzgado Federal número 9,
figura una cantidad de correos electrónicos de los últimos meses de 2016
principalmente, en los que aparece reiteradamente la mención al
objetivo de alcanzar "un factor de actualización de la base tarifaria de
33", esto es, multiplicar por esa cifra la tarifa hasta entonces
vigente para establecer el nuevo precio del servicio de gas por redes.
El argumento era que, por aplicación de los índices previstos en el
marco regulatorio, el factor de actualización resultante era de 24, pero
había que llevarlo a 33 para conformar, supuestamente, una pretensión
de las empresas, una suerte de compensación por ajustes anteriores no
acordados, que sólo aparece en las expresiones de los propios
funcionarios.
Un documento presentado por Chambouleyrón en aquel momento, en una
exposición oficial que hizo a través de power points parece dejar a las
claras que, primero estuvo el objetivo de saltar de la actualización por
24 a la de 33. Luego, se encontraría la excusa. El cuadro que presenta
expone los resultados del ajuste de tarifa por factor 24, aplicando los
índices previstos en el marco regulatorio, y luego los resultados por
aplicación de un factor 33 (?). Cierra el cuadro indicando: "diferencia
x33 versus x24 igual a Pago implícito por reclamos históricos".
La arbitrariedad, o no, en la determinación del factor 33, que
aumentaba en nueve veces el valor de las tarifas sobre un tarifazo que
ya lo elevaba en 24 veces, será la cuestión a investigar por la
Justicia.
0 Comentarios