“El gobierno no quiere dejarle una carta a la oposición. Toma su discurso y lo reproduce, pero eso implica una claudicación”
“Es una temática atravesada por muchas cuestiones, sobre todo por muchos prejuicios sociales. En lo jurídico está muy claro. Hay que diferenciar la ocupación de la usurpación, que es un delito previsto en el código penal”, respondió el ex juez Luis Federico Arias.
“Algunos simplifican diciendo que todas son usurpaciones, sobre todo los jueces y fiscales penales. Sin embargo, la ocupación no es un delito siempre que no haya desposesión, ni violencia. La usurpación se da cuando se ingresa rompiendo una puerta, o un alambrado. Pero si alguien ocupa un terreno que no está perimetrado y tiene signos de abandono no es una usurpación, es una toma que tiene consecuencias civiles pero no penales. El titular debe iniciar una acción de reivindicación. Incluso, el código civil otorga protección a quien tiene la posesión”, precisó Arias.
Y citó ejemplos: “Supongamos que un grupo de gente ingresa a un
terreno que no está alambrado. Luego llega el dueño y los quiere sacar
por la fuerza. El que comete el delito de usurpación es el dueño. Ahora
supongamos que se da una usurpación y que ingresan 100 personas. Todos
no rompieron un candado o cortaron un alambrado, sólo lo hicieron unos
pocos y el resto ingresó en forma pacífica. El delito lo cometieron dos o
tres, el resto entró porque está desesperada por tener un lugar donde
vivir”.
Arias también expresó “Se ha metido de contrabando en el código procesal penal un
artículo que permite a los jueces penales llevar a cabo un desalojo como
medida cautelar, lo cual es un absurdo. Yo a esa norma la declaré
inconstitucional porque las cautelares tienen como finalidad
instrumental preservar que una sentencia se pueda cumplir. En un
desalojo no hay ningún fin instrumental y no tiene nada que ver con un
proceso penal”.
“Quien sufre una toma, fragua una causa por usurpación y así obtiene
un desalojo rápido con personas que no tienen ningún derecho a
defenderse. Eso para evitar un proceso civil que es lo que corresponde.
Así se termina criminalizando la toma. Realizan una denuncia ante un
fiscal que en general se maneja por lo que dice la policía y ni siquiera
va al lugar. Hay muchos negocios de por medio. Es una cuestión
atravesada por muchos factores”, agregó en el análisis que hizo sobre
las tomas de tierras.
No obstante aclaró que cree “que hay una especulación electoral y el gobierno no quiere dejarle una carta a la oposición”.
“Así toma su discurso y lo reproduce, pero eso implica una
claudicación”, opinó. Y confesó que hubiera preferido “que Kicillof se
juntara con los intendentes a discutir el déficit habitacional de la
provincia”.
Además remarcó que “las tomas son una cuestión privada”, donde “no
tiene nada que ver el Estado”, y afirmó que “detrás de esta manipulación
jurídica hay un prejuicio social contra los humildes” porque “nadie
quiere tener un pobre cerca de su casa porque los consideran
peligrosos”.
Luego recordó que “el derecho a la vivienda digna está previsto en el
artículo 14 bis de la Constitución y en el artículo 11, inciso 1
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y
que “en la Provincia además existe una ley de hábitat que tampoco se
cumple”.
“Todos estos derechos existen porque no se concibe la existencia
humana sin una vivienda, lo mismo sucede con el trabajo”, agregó.
Por último, Arias señaló que “son derechos superlativos que están en
el primer orden” y que “por eso toda política del Estado debe estar
dirigida no a solucionar temas privados como la toma de tierras sino a
proveer trabajo y vivienda, luego de proteger la vida y la libertad”.
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