ARA San Juan: el negociado detrás del ocultamiento: Macri y Aguad son los responsables.

 La defensa de los familiares de los tripulantes investigó que detrás de la dilación del anuncio de la ubicación del submarino se esconde un cohecho para la explotación de los recursos naturales de la zona.

Mientras los familiares de los tripulantes y todo el país detrás de ellos esperaban noticias sobre el submarino desaparecido, ahora se sabe que menos de un mes después de la implosión de la nave, Macri ya conocía la ubicación del ARA San Juan. A pesar de ello recién un año más tarde se informó oficialmente su hallazgo. Detrás del ocultamiento  pudo esconderse un negociado para la explotación de los recursos naturales de la zona.

Valeria Carreras, abogada de gran parte de los familiares de los tripulantes presentó días atrás un denuncia por encubrimiento agravado contra el ex presidente Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, la ex secretaria de Gestión Presupuestaria del ministerio de Defensa, Graciela Villata y el capitán de fragata, Germán Zarralanga, entre otros.

La denuncia, que se suma a la investigación preexistente por el espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Macri a los familiares de los tripulantes, surge de las declaraciones del contralmirante Enrique López Mazzeo ante la justicia. López Mazzeo, uno de los seis procesados por "estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio" en la causa que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, admitió el 29 de octubre pasado ante la Cámara de Comodoro Rivadavia: “Cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera, que fue el cierre del Caso SAR ("búsqueda y rescate"), teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”.

El 25 de noviembre pasado, casi un año atrás, López Mazzeo ya había advertido del ocultamiento en el marco de su declaración indagatoria. En ese momento, en lugar de negarse a declarar como estaba en su derecho, López Mazzeo respondió a todo lo que le preguntaron y en un momento sacó un papel de su bolsillo y leyó lo que allí había escrito previamente con mucho cuidado para dar cuenta del ocultamiento: “Nunca presencié mayor ignominia hacia la Armada, que la actitud cobarde y mentirosa de quien fuera su jefe en aquellos momentos (Marcelo Srur), así como la de algunos pocos que lo secundaron y de quienes, movidos por intereses personales, causaron la demora en el hallazgo del naufragio, ignorando y desprestigiando el trabajo profesional al que afanosamente se entregó el personal naval durante la búsqueda de sus camaradas naufragados”.

El dato clave con el lugar preciso, como luego se confirmó, del hundimiento había surgido el 5 de diciembre de 2017, menos de un mes después de la fatal implosión, del buque oceanográfico Cabo de Hornos, de la Armada chilena, que a través del sonar había detectado un elemento que podía ser metálico, de unos 30 metros de largo, a poco más de 900 metros de profundidad en esa zona. Aquel día, el vocero de la Armada, el capitán Enrique Balbi, reconoció la tarea del buque trasandino pero le restó importancia.

Hoy, a tres años del hundimiento se conoce la trama de ocultamiento del gobierno de Macri y así parece tomar un nuevo giro otra causa vinculada a la tragedia del ARA San Juan como fue el negociado detrás de la contratación directa de una empresa española para la búsqueda de la nave.

Carreras cree que detrás del ocultamiento puede haber habido un negociado vinculado con la explotación de los recursos naturales del área en que se buscó al ARA San Juan. La letrada solicitó a la justicia que se investigue el ocultamiento y su posible vinculación con la licitación, en diciembre de 2017 (mientras el mundo seguía el día a día de la búsqueda del submarino) de la zona para la exploración y explotación de gas y petróleo.

En aquel entonces Carreras impugnó la contratación directa de la empresa española Igeotest para las tareas de búsqueda del submarino, especializada en prospecciones del lecho marino y tendido de plataformas de hidrocarburos. A partir de esa presentación el fiscal Federico Delgado certificó que hubo direccionamiento en la contratación y el expediente continúa en curso.

Tras el escándalo con Igeotest el gobierno de Macri se vio obligado a dar marcha atrás con la contratación directa y lanzó un nuevo llamado a licitación que incluyó cláusulas muy elocuentes: la empresa que se hiciera cargo debía hacer un relevamiento y batimetría completa, estudios considerados clave para la explotación de los recursos.

La empresa española Igeotest no cumplía con ninguno de los requisitos previstos en la licitación y aún así se impuso a las otras que se habían presentado para quedarse con el contrato de búsqueda.

Carreras la impugnó en su momento por no poder mostrar experiencia alguna en la misión encomendada, estaba concursada en España y al frente de ella aparecía Marcelo Devincenzi, un argentino que cursó el Liceo Naval en Río Santiago a fines de los 60 y de quien se sospechaba había mantenido fuertes vínculos con la Armada Argentina.

Igeotest fue elegida por el gobierno de Macri para buscar el ARA San Juan a cambio de 3,7 millones de dólares, a pesar de no poseer experiencia previa alguna y su oferta impuso a las de la empresa SEA, del venezolano Hugo Marino, que prometía encontrar el submarino en cien días, y la que Ocean Infinity, que participó de la búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido en el Océano Indico.