Un fiscal pidió informes a la Casa Militar sobre los ingresos a la Quinta de Olivos durante la fase más estricta de la cuarentena.

El juez Sebastián Casanello delegó en el fiscal González la instrucción de la investigación. “El objeto procesal de la presente causa apunta a establecer la efectiva existencia de conducta en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud y que en consecuencia pudieran configurar los delitos previstos” por los artículos 205 y el 248 del Código Penal.

Se trata de la investigación que se abrió por una denuncia contra el presidente Alberto Fernández para establecer si se violaron las medidas adoptadas para impedir la propagación de la pandemia.

El fiscal federal Ramiro González pidió este jueves informes a la Casa Militar de la Presidencia sobre los registros de ingresos y salidas a la residencia de Olivos de la actriz Florencia Peña, la funcionaria y amiga de la primera dama Sofía Pacchi y su novio, el empresario Chien Chia Hong, entre otras personas, según indicaron fuentes judiciales. Se trata de la primera medida que impulsa el fiscal en el marco de la causa que se abrió para investigar las visitas que se recibió el presidente Alberto Fernández en el 2020 durante la fase más estricta del aislamiento decretado por la pandemia del coronavirus.

El 205 fija prisión de seis meses a dos años,  el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. El 248 en tanto, reprime con hasta dos años al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase.

La denuncia había sido radicada el 28 de julio pasado por militantes de la agrupación Republicanos Unidos, el espacio al que pertenece Yamil Santoro, uno de los precandidatos a diputados por Juntos por el Cambio en la lista porteña que encabeza Ricardo López Murphy. Fue contra el presidente Alberto Fernández y contra la señora Sofía Pacchi por entender que ambos habrían violado los mencionados artículos del Código Penal.

La presentación judicial se basó en un artículo periodístico en donde se reportó que el mandatario había recibido una serie de visitas “no autorizadas en la residencia de Olivos” en el momento más crítico de la pandemia, y tras ordenar la cuarentena estricta el 20 de marzo del 2020.

En esa denuncia se aseguró que Pacchi habría concurrido 65 veces a la residencia. Y subrayaban las visitas del 2 de abril de 2020, entre las 22 y la 0.11 de la madrugada del día siguiente, y del 14 de julio, entre las 21.46 y las 01.44. “Son coincidentes las fechas de cumpleaños del señor presidente Alberto Fernández y de la primera dama Fabiola Yáñez”, señala el dictamen, en base a la denuncia. “Tales visitas habrían sucedido con anterioridad a que Sofía Pacchi fuera designada funcionaria publica en un cargo de la planta permanente de la Secretaria General de la Presidencia el 31 de agosto del 2020″, se agregó.

Los denunciantes ampliaron su presentación detallando, a través de la Fundación Apolo, el listado de ingresos a la Residencia de Olivos y la Casa Rosada en determinados meses del 2020, que habían sido obtenidos a través de la normativa de acceso a la Información Pública.

También en base a información periodística, ampliaron su denuncia contra la primera dama, el empresario Chien Chia Hong, novio de Pacchi, y contra el asesor de la primera dama y su pareja, Emmanuel López y Fernando Consagra, quienes también figuran ingresando a la residencia de Olivos el 2 de abril de 2020, fecha del cumpleaños del Presidente.

La presentación judicial también destaca el ingreso de Ariel Alonso Zapata, adiestrador canino; y Lautaro Romero, veterinario, quienes habrían concurrido a la residencia el 14 de mayo de 2020.

Según el dictamen, hubo una nueva ampliación de la denuncia “para que se investigue la conducta de Florencia Peña, toda vez que habría reconocido públicamente el haber visitado la Quinta de Olivos” durante el ASPO “con motivo de comentarle al Señor Presidente la delicada situación en que se hallaban atravesando los actos con el cierre de las actividades”. En tal sentido los denunciantes afirmaron que los planteos le correspondían a la Asociación Argentinas de Actores a cargo de Alejandra Darín, “quien de hecho habría mantenido una reunión por los mismos motivos días anteriores a la concurrencia de Peña en la residencia presidencial”.

Los denunciantes agregaron que “los motivos que llevaron a la nombrada (Peña) a concurrir personalmente a Olivos no tenían entidad como para infringir la cuarentena obligatoria decretada, toda vez que además de no contar con legitimación para efectuar tales reclamos dicha reunión podría haberse mantenido telefónicamente o por videollamada”.

En ese marco, el fiscal dictó la primera medida para avanzar en esclarecer si hubo conductas delictivos: pedir informes a la Casa Militar para tener los registros de ingresos y salidas que corroboren los ingresos de Pachi, Chien Chia Hong, López, Consagra, Zapata, Romero y Florencia Peña durante 2020, debiendo indicar fecha, horario, carácter o cargo, el motivo del ingreso y el detalle de quien autorizó el ingreso.

Esta denuncia cobró revuelo en los últimos días luego de las expresiones de los diputados opositores Fernando Iglesias y Waldo Wolf en Twitter. También porque la propia Florencia Peña acusó de los misóginos y los denunció penalmente. A su vez, quince diputadas están pidiendo la expulsión de Fernando Iglesias de la Cámara Baja por sus reiterados ataques contra las mujeres.

En tanto, diferentes publicaciones también apuntaron al empresario de origen taiwanés, dueño de la firma Apache Solutions, decidida a la vigilancia, infraestructura y almacenamiento de datos quien obtuvo el año pasado tres contratos con el Ejército Argentino. Según detalla la propia empresa en su página, Apache Solutions realizó, entre otros trabajos, la provisión e instalación del nuevo sistema de video vigilancia para los Tribunales Federales, en Comodoro Py 2002, el lugar donde se tramita la investigación por las visitas a Olivos.